La agencia de noticias Reuters realizó una extenso reportaje en torno a un fraude en la exportación de frambuesas de Chile.

La investigación da cuenta de una empresa chilena que importaba estos berries desde China y luego los exportaba como productos chilenos, gracias al prestigio del país en materia de la calidad de la producción.

El artículo titulado en español “Cómo una estafa chilena con frambuesas esquivó controles desde China a Canadá”, también deja al descubierto la preocupación que generó esta irregularidad en dirigentes gremiales, pero al mismo tiempo la inacción de las autoridades chilenas.

En el caso está involucrada una empresa que adquirió Juan Sutil y que descubrió esta irregularidad.

A continuación, el reportaje completo y aquí su versión en inglés:

En enero de 2017, los inspectores de la aduana chilena actuaron siguiendo el dato de un denunciante: la preciada cosecha de frambuesas del país estaba amenazada.

Los inspectores registraron las oficinas de Frutti di Bosco, una empresa comercializadora de frutas poco conocida, ubicadas en el centro de Santiago. Los archivos, los datos de la empresa y los registros de ventas que incautaron revelaron un fraude comercial de alimentos que se extendió por tres continentes.

En el fondo de todo eso había un fraude centrado en las frambuesas. Las bayas congeladas de bajo costo, cultivadas en China, se enviaron a una planta de empaque en la zona central de Chile. Ahí, Frutti di Bosco volvió a empaquetarlas y rebautizó cientos de toneladas de fruta como productos orgánicos de primera calidad cultivados en Chile.

Luego, las frutas fueron enviadas a consumidores en ciudades canadienses como Vancouver y Montreal, según documentos preparados por la aduana chilena como parte de su investigación. La agencia calculó que al menos US$ 12 millones en frambuesas mal etiquetadas se enviaron a Canadá entre 2014 y 2016.

Gran parte de ese producto, según los documentos, provino de Harbin Gaotai Food Co Ltd, un proveedor chino. Posteriormente, las autoridades sanitarias canadienses vincularon las bayas de Harbin Gaotai con un brote de norovirus de 2017 en Quebec que enfermó a cientos de personas. Las autoridades canadienses ordenaron el retiro del mercado de las frutas de esa empresa que llegaron directamente a Canadá desde China a partir de julio del 2016.

Pero de lo que no se dieron cuenta, es que las frambuesas de Harbin Gaotai también habían ingresado a Canadá a través de una puerta trasera durante ese período, en forma de fruta falsamente etiquetada enviada desde Chile por Frutti di Bosco.

El esquema, descifrado por primera vez por Reuters, revela la facilidad con la que los productos potencialmente peligrosos y mal etiquetados pueden pasar por alto las agencias de salud y aduanas globales, incluso cuando las autoridades de todo el mundo se esfuerzan por garantizar que los alimentos que ingresan a sus países estén libres de un nuevo flagelo, el COVID-19.

Harbin Gaotai no respondió a las solicitudes de comentarios para este reporte.

El propietario de Frutti di Bosco, César Ramírez, quien fue condenado el año pasado en Chile por falsificar documentos de exportación para facilitar el plan, se negó a hablar con Reuters. Su abogado se negó a comentar.

Reuters examinó miles de páginas de presentaciones legales, documentos de investigación y registros comerciales obtenidos a través de solicitudes de acceso a información en Chile y Canadá. Reuters también habló con más de dos docenas de personas con conocimiento del caso, incluido el gerente de una empacadora de frutas que descubrió el engaño.

Lograr el fraude fue relativamente simple, reveló la investigación.

El pacto comercial Canadá-Chile, vigente desde 1997, permite a los exportadores autocertificar la procedencia de sus productos, dijeron expertos comerciales. El acuerdo permitió que las bayas mal etiquetadas ingresaran a Canadá libres de aranceles, evadiendo un impuesto del 6% aplicado a la misma fruta importada de China, según muestran los documentos de aduanas chilenas.

Más lucrativo aún, la fruta convencional representada como “orgánica” podría alcanzar precios superiores, aprovechando la reputación de Chile en cuanto a seguridad y calidad. Los documentos que certifican que la fruta es orgánica fueron falsificados, descubrieron los inspectores de aduanas.

CHILE MANTUVO SILENCIO

La industria de exportación de frutas de Chile, alertada por la aduana sobre la acusación del denunciante a fines de 2016, comprendió de inmediato las posibles consecuencias para el sector de US$ 7.000 millones, según la correspondencia obtenida por Reuters en virtud de la Ley de Transparencia de Chile.

La nación sudamericana abastece a los supermercados de Estados Unidos, Canadá y Europa con uvas, cerezas, arándanos y frambuesas en el invierno del norte. Si se corriera la voz de que la fruta de Chile no era lo que pretendía ser, o peor aún, si alguien se enfermaba, podría empañar su imagen ganada con tanto esfuerzo.

“Esta situación incluso podría generar serios problemas a la industria alimentaria de nuestro país”, escribió Ronald Bown, titular de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, en una carta a la aduana el 15 de noviembre de 2016, obtenida por Reuters. Pidió a la agencia que investigara las denuncias y advirtió del “cierre de los mercados” a la fruta chilena.

Bown confirmó haber escrito la carta y repitió las mismas preocupaciones cuando Reuters tomó contacto con él el 30 de julio.

Sin embargo, Chile no notificó a Canadá que algo andaba mal, según funcionarios canadienses.

Una alerta no se materializó incluso después de que Ramírez, el propietario de Frutti di Bosco, alegara que se había coludido con el comprador de la fruta, Alasko Foods Inc, con sede en Montreal, para enviar los productos ilícitos a Canadá, según registros de la investigación chilena.

La agencia de inspección de alimentos de Canadá dijo que ahora está investigando el asunto después de que Reuters se comunicó con las autoridades allí para esta historia.

Alasko negó haber actuado mal. La compañía es insolvente e ingresó en una administración judicial el mes pasado, según documentos presentados el 10 de septiembre en la Corte Superior de Quebec por el consultor financiero, Raymond Chabot, Inc, el receptor designado por el tribunal. Raymond Chabot no quiso hacer comentarios.

Directivos de Alasko no respondieron a pedidos de declaraciones en relación a la administración judicial.

Los materiales promocionales de la compañía indicaban que era uno de los mayores proveedores de fruta congelada de Canadá, con productos vendidos en Costco y Sam’s Club. Sam´s Club no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters. Costco dijo que no tenía comentarios al respecto.

Ramírez dijo a los investigadores de la aduana chilena que Alasko ordenó el reenvasado de las berries chinas porque “era más económico realizarlo en Chile para luego exportar a Canadá, de este modo utilizando TLC Chile-Canada,” según muestran los registros de aduanas.

Hizo las mismas acusaciones en una demanda civil que presentó en la capital de Chile, Santiago, en junio de 2019, alegando que “todas las operaciones eran directamente financiadas y supervisadas por Alasko”. Canadá recibió el 84% de los envíos de productos agrícolas de Frutti di Bosco, según la investigación de la aduana.

El año pasado, Ramírez se declaró culpable de dos cargos criminales por presentación de declaraciones falsas en documentos de exportación. Fue multado en US$ 6.266 y recibió dos sentencias de 61 días cada una, pero le fue concedida una remisión condicional de la pena. La aduana chilena había recomendado una multa máxima de 55,6 millones de dólares.

La demanda de Ramírez busca US$ 26 millones por daños de parte de Alasko y al empresario chileno Mauricio Rebolledo. Ramírez afirma en la demanda que Rebolledo, quien operaba en nombre de Alasko según Ramírez, lo engañó para que participara como testaferro en la estafa.

Ramírez dijo a la aduana chilena que su firma pagó comisiones de ventas a una empresa ligada a Rebolledo, según las notas de los investigadores sobre el allanamiento de las oficinas de Frutti di Bosco revisadas por Reuters. La aduana no mencionó a Rebolledo en su informe final sobre la investigación.

Los fiscales no acusaron a Rebolledo en el caso.

En una respuesta escrita enviada a Reuters, Rebolledo dijo que era un corredor de frutas independiente que había hecho negocios con Frutti di Bosco y Alasko. Dijo que no era el representante de Alasko en Chile.

Rebolledo negó haber actuado mal y dijo que los hechos descritos por Ramírez sobre su participación en el plan ilegal eran “falsos y tendenciosos”. Rebolledo dijo que la demanda civil era “injustificada” y un intento de Ramírez de “confundir y responsabilizar a otros” de sus propias fechorías.

Alasko y Rebolledo han impugnado la demanda, argumentando que debería desestimarse por falta de pruebas suficientes. El caso está pendiente.

Frutti di Bosco continuó enviando fruta, incluidas frambuesas etiquetadas como chilenas, a Alasko hasta al menos 2018, según los documentos de envío internos de la empresa y las declaraciones de exportación vistas por Reuters.

Alasko dijo el 6 de marzo en un comunicado enviado por correo electrónico que siempre ha cumplido con todas las regulaciones sobre importación y exportación de frutas. Dijo que ya no hace negocios con Frutti di Bosco y se negó a comentar específicamente sobre la actividad ilícita de esa empresa.

“Es responsabilidad de los productores y empacadores tener las certificaciones orgánicas y de seguridad alimentaria adecuadas, y proporcionar la documentación asociada” requerida para los envíos a Canadá, dijo Alasko en el correo electrónico.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), sin embargo, dijo que los importadores también juegan un papel clave en la seguridad de los consumidores.

“La responsabilidad recae sobre los importadores de alimentos en Canadá para asegurarse de que obtienen alimentos seguros de proveedores confiables y que los alimentos cumplen con todos los requisitos reglamentarios canadienses”, dijo la CFIA a Reuters en un correo electrónico.

Una portavoz del gobierno canadiense dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, la CFIA y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no tenían registros del caso o comunicación al respecto del gobierno chileno.

El experto en comercio chileno Hugo Baierlein dijo que la supuesta falta de comunicación era muy irregular y que habría sido una práctica estándar que los funcionarios chilenos se comunicaran en tales circunstancias. Baierlein se desempeñó como director de comercio exterior de SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, la federación gremial que representa a la industria chilena.

La aduana chilena no dijo si se había puesto en contacto con Canadá. Sin embargo, agregó que si esas comunicaciones hubieran tenido lugar, el servicio utiliza esa información de manera reservada.

El brazo de relaciones económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se negó a responder preguntas sobre si Chile había informado a Canadá. La agencia defendió el manejo del caso por parte de Chile. “Los procedimientos administrativos y judiciales operaron de manera plena”, dijo una portavoz.

Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni la aduana chilena accedieron a comentar respecto a si el país ha tomado nuevas medidas, además de las que ya existen, para disuadir las trampas y garantizar la integridad de sus exportaciones de productos agrícolas.

“TAN BURDO”

Los funcionarios de la aduana chilena fueron alertados de algo sospechoso a fines de 2016, cuando recibieron una carta de Fruticola Olmué, una de las principales plantas empacadoras de frutas del país, ubicada en Chillán, a unos 400 kilómetros al sur de la capital.

Juan Sutil, propietario de un importante conglomerado de alimentos chileno y ahora director de la influyente Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), había comprado Frutícola Olmué el año anterior.

Una auditoría interna levantó señales de alerta sobre el trabajo que la planta había realizado para Frutti di Bosco, según una carta fechada el 24 de octubre de 2016 vista por Reuters, que fue firmada por el gerente general de Frutícola Olmué, Juan Miguel Ovalle.

El equipo de Ovalle descubrió que la planta de Frutícola Olmué había reempacado la fruta importada en bolsas de plástico etiquetadas como orgánicos chilenos, una práctica que comenzó bajo los dueños anteriores de la empresa en 2014 y todavía estaba sucediendo cuando la nueva administración la descubrió, según documentos de la investigación de la aduana.

Max Hassler, ex director ejecutivo de Frutícola Olmué y miembro actual de su junta directiva, no respondió a una solicitud de comentarios. No fue acusado por los fiscales.

Solo en los primeros siete meses de 2016, Frutícola Olmué pareció haber empacado al menos 400 toneladas de fruta mal etiquetada con destino a Canadá, suficiente para llenar 25 contenedores de envío, según su carta a la aduana.

“Era tan burdo”, dijo Ovalle a Reuters, que ya no trabaja para Frutícola Olmue. “Era todo materia prima importada.”

Frutícola Olmué cortó lazos con Frutti di Bosco el 24 de octubre de 2016, el mismo día en que alertó a la aduana, según una carta separada que envió a Frutti di Bosco y fue vista por Reuters. Frutícola Olmué dijo a Reuters que ya no hace negocios con Ramírez, la firma canadiense de frutas congeladas Alasko o Rebolledo, el corredor de frutas.

Al buscar en los libros de Frutti di Bosco, los inspectores de aduanas encontraron que entre 2014 y 2016 la empresa había exportado más de 3.600 toneladas de frutas y verduras. La procedencia de la mitad de ese producto no estaba clara, según muestran los registros de la agencia.

Canadá fue, con mucho, el principal destino, pero Frutti di Bosco también realizó envíos a Estados Unidos, Kuwait, Holanda y los Emiratos Árabes Unidos. En su informe final a los jefes de la agencia, los inspectores de aduanas recomendaron que se ampliara la investigación para determinar el origen de todas las exportaciones de la compañía.

El expediente de la investigación no proporciona pruebas de una pesquisa ampliada. La aduana dijo a Reuters que no quedaban preguntas abiertas.

El informe final de la agencia decía que Alasko era un importante proveedor de fruta de origen extranjero que Frutti di Bosco importaba a Chile, así como el principal comprador de las exportaciones de Frutti di Bosco. La aduana chilena no recomendó cargos penales contra Alasko.

Sin embargo, afirmó en su informe final que “esta investigacion tiene alcances que van más allá de nuestro territorio nacional, toda vez que se ha vislumbrado que existen operadores Chinos y Canadienses que triangulan las operaciones desde China para evadir las barreras arancelarias.”

Guillermo González, director de ChileAlimentos, un grupo comercial que representa la industria alimentaria de Chile, condenó el fraude de la frambuesa, pero dijo que “este tipo de prácticas son aisladas”.

Otros no están tan seguros. Las complejas cadenas de suministro globales significan que las fuerzas del orden no pueden seguir el ritmo de quienes buscan jugar con el sistema, según Gary Ades, consultor de seguridad alimentaria con sede en Estados Unidos.

Una red de arrastre liderada por Europol e Interpol en 78 países, incluidos Estados Unidos y gran parte de Europa, arrojó 16.000 toneladas y 33 millones de litros de alimentos y bebidas sospechosos en solo cinco meses a fines de 2018 y 2019. Los consultores estiman que el fraude alimentario le cuesta a la industria global miles de millones de dólares anuales.

Ades dijo que el engaño de la fruta chilena habría sido fácil de lograr. “Simplemente lo llevas a una empacadora y no puedes saber a dónde van las cosas”, dijo. “Es muy, muy difícil de rastrear”.

Enfermedad en Canadá

Mientras Chile investigaba Frutti di Bosco a principios de 2017, Canadá vio un brote de norovirus, una infección estomacal altamente contagiosa que a menudo se desencadena por alimentos contaminados con heces humanas.

Avanzó por hogares y guarderías infantiles en Quebec entre marzo y agosto de 2017, según un informe del Ministerio de Salud de Quebec y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Más de 700 personas enfermaron, dijo el ministerio.

El culpable: frambuesas congeladas importadas de China, según una investigación de la CFIA de Canadá, la agencia de inspección de alimentos. El proveedor: Harbin Gaotai, una de las principales fuentes de frambuesas reenvasadas en la estafa exportadora chilena.

Reuters obtuvo una copia del informe de la CFIA sobre la investigación a través de la Ley de Acceso a la Información de Canadá.

Harbin Gaotai, con sede en Binzhou, China, no respondió a las solicitudes de comentarios. Sus productos han suscitado preocupaciones en otros lugares. Desde 2009, la compañía ha estado en una lista de vigilancia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos después de que las autoridades estadounidenses encontraron envíos de frambuesas que contenían residuos de pesticidas ilegales.

En Canadá, el brote provocó el retiro de todos los productos de frambuesa procedentes de Harbin Gaotai que llegaron al país entre el 24 de julio de 2016 y el 26 de julio de 2017. La investigación canadiense identificó a Alasko Foods de Canadá como uno de los tres importadores de las bayas contaminadas.

La investigación de la Aduana chilena mostró que Frutti di Bosco estaba enviando frambuesas chinas reenvasadas a Alasko en Canadá hasta finales de 2016, lo que coincidió directamente con el período del retiro canadiense.

Algunas de esas bayas chinas fueron suministradas por Harbin Gaotai, enviadas a Chile a través de un intermediario, Directus South East Asia Ltd, con sede en Nueva Zelanda, según los datos de comercio internacional y carga de buques vistos por Reuters.

Directus dijo a Reuters que envió frambuesas a Chile en 2016, pero que “no tenía conocimiento de ningún fraude”. Y añadió que no tenía relación con Alasko o Frutti di Bosco más allá de esos envíos.

Nadie sabe si las frambuesas de Harbin Gaotai importadas a través de Chile contribuyeron al brote de norovirus canadiense. Las autoridades de Canadá, que desconocían en ese momento la triangulación ilícita, dicen que no supieron mirar.