Un momento de tensión es el que está atravesando el sector eléctrico en el país, en especial la industria de distribución de energía, debido a la polémica suscitada por el cobro a los usuarios del recambio de medidores eléctricos a inteligentes.

Ayer, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que tres empresas: Saesa, Chilquinta y Enel, accedieron a pagar $10 mil a cada cliente para facilitar el proceso, idea que reabrió el debate en el sector. Esto, pues la mesa de trabajo instalada la semana pasada -y que reúne a las empresas y el gobierno- recién está partiendo su trabajo.

Sin embargo, CGE, la empresa más grande de distribución del país con 2,8 millones de clientes en 13 regiones, se desmarcó y reiteró su disposición a reestudiar el tema que, por ahora, genera rechazo.

"Una vez concluido el trabajo de la mesa técnica, la empresa evaluará todas las iniciativas planteadas y propondrá un plan integral que permita la adopción de esta tecnología, con la aceptación de la ciudadanía y de sus más de 2,8 millones de clientes", dijo CGE.

La jugada del gobierno generó reacciones en la industria, ya que algunos actores la calificaron como arriesgada y que "no soluciona el conflicto de fondo", ya que a pesar de los $10 mil de compensación que anunciaron, la ciudadanía sigue estando en contra del recambio.

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Por la tarde de ayer, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, se refirió a la forma en que los clientes recibirán su remuneración. "El descuento por boleta parece ser una de las que hay que pensar primero. No lo hemos definido, pero está entre las que suena mejor", comentó.

En tanto, el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, agregó que a los usuarios que ya tengan su medidor instalado también se les compensará. "En la medida de que sean propietarios reciban este incentivo", agregó Irarrázabal.