Una fuerte oposición al diseño de la política nacional del litio es la que han expresado los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) desde que se realizó el anuncio de la estrategia gubernamental. Así lo ha hecho ver la asociación indígena, que agrupa a 18 comunidades lickanantay presentes en el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, en las reuniones sostenidas en las últimas semanas tanto con el Presidente Gabriel Boric, como con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

La cita con el mandatario se concretó el pasado viernes 30 de junio, en San Pedro de Atacama, y en ella participaron también representantes kollas, quechuas y aymaras. En tanto, el encuentro con el exministro se concretó el pasado jueves.

Así lo confirmó el presidente del CPA, Vladimir Reyes, quien sostuvo que más allá de las consultas indígenas anunciadas, lo que las comunidades buscan es “la participación activa en las tomas de decisiones que se van a ir abordando en cada momento”.

Reyes detalló que ello incluye las negociaciones que actualmente está desarrollando Codelco con SQM, para el ingreso del Estado al Salar de Atacama.

“Como habitantes de hace miles de años en esta zona, somos como los dueños de casa de estos lugares, y hubo un momento hace tiempo atrás que no nos habían tomado el parecer, entonces, a través del convenio 169, estamos pidiendo que su aplicación sea efectiva”, señaló a Pulso.

“Esto tiene incluso que considerar las distintas etapas, con los diferentes ministerios y esta participación tiene que ser activa en la toma de decisiones finales”, enfatizó.

Destacó que dicha demanda fue planteada a Máximo Pacheco, ya que “esta consideración debiera haberse hecho antes que el Presidente de la República haya dado a conocer los lineamientos principales de la política nacional del litio”, indicó, pese a haber valorado los recientes encuentros con diversas autoridades.

Reyes agregó que, en la cita con el Presidente Boric, plantearon sus reparos al rol entregado a las empresas estatales para liderar el ingreso del Estado a la industria del litio, particularmente Codelco, ya que “no es confiable, en el sentido de que ha producido daño medioambiental en el Alto del Loa, y ha ido afectando a las comunidades de ahí con la disminución de las aguas”.

Otro de los representantes que participó en ambos encuentros fue Yermin Básquez, presidente de la comunidad de Toconao, la más grande de los pueblos atacameños, conformada por más 800 personas, de los cerca de 1.800 habitantes de la localidad emplazada en el borde noroeste del Salar de Atacama. Él remarca que la demanda es por el consentimiento, y no la mera consulta indígena.

“Ellos (el gobierno) dicen que es una condición sine qua non la participación de los pueblos. Nosotros creemos que tenemos que estar en las conversaciones iniciales que hoy está generando el represente del Estado de Chile, Codelco, y ya debiéramos estar dentro de ese marco de negociaciones con las dos empresas que hoy explotan el Salar de Atacama, que son SQM y Albemarle”, argumenta.

Para el representante “el socio estratégico en esas conversaciones tenemos que ser nosotros” y no la compañía estatal.

El representante de la comunidad de Toconao enfatizó que “nos interesa ser escuchados desde la mirada ambiental, desde cómo buscamos un desarrollo sostenible para las comunidades, particularmente para las del borde sur, en lo que respecta a nuestra calidad de vida”.

Toconao cuenta con pertenencias en siete salares: Tara, Quisquiro, Pujsa, Aguas Calientes I, Laguna Helada y Laguna Blanca. Y para Básquez, la estrategia que apunte a incorporar nuevos proyectos productivos tampoco es de su agrado. “Esos siete salares son tremendamente sensibles. Para lo que cuesta producir una tonelada de litio, en el caso del Salar de Tara, se requieren cuatro veces más de uso de agua. En ese aspecto, si existiera el deseo de integrar a estos salares a la explotación, nosotros derecha y categóricamente no lo compartimos y no lo vamos a compartir, porque son muy sensibles, el ecosistema se vería tremendamente dañado y nosotros desapareceríamos como pueblos originarios”, indicó.

Consultado, el representante afirma “ninguno” de los salares debe ser incorporado a proyectos productivos, y que eso “se lo planteamos” al Presidente Boric.

Pese a que el contrato suscrito entre SQM y Corfo en 2018 establece un aporte económico para las comunidades indígenas de entre US$10 millones y US$15 millones, Básquez afirma que dichos pagos se encuentran aún paralizados a la espera que concluyan un proceso de consulta indígena. Con todo, cuestiona que el convenio establezca dichos límites a las comunidades, pero no se haga lo mismo con los gobiernos regionales.

“En ese convenio que hizo Corfo, nosotros quedamos nuevamente al final de la cola. No puede ser que a las comunidades sí se les coloque límites, y a las instituciones del Estado sea por porcentajes (de las ventas). Esa pura lectura muestra que nosotros no estamos siendo validados, ni menos visibilizados en la realidad que tenemos como pueblo”, sostiene.

Agrega que “lo que va a llegar al final del día son alrededor de US$4 millones, y todo lo demás está repartido entre instituciones y estudios, pero ni con estudios ni reconocimientos, el nocedal no lo vamos a recuperar nunca más”.