El denominado “pilar PMGD” sigue en el centro de la discusión para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico a un total de 4,7 millones de hogares. Así se vio en una maratónica jornada para la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia donde se discute el proyecto de ley del Ejecutivo, y que sostuvo dos sesiones durante este miércoles. En ambas, la propuesta del Ejecutivo, que busca recaudar US$150 millones a partir de las rentas de las centrales catalogadas como Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), acaparó por completo el debate.

La jornada estuvo marcada por el envío de una dura carta de un grupo de instituciones financieras extranjeras, dirigida al presidente de la instancia parlamentaria -pero con copia a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Energía, Diego Pardow- solicitando la revisión del proyecto de ley, ya que su aprobación “podría significar un desincentivo relevante a la inversión en materia de energías renovables y al avance que ha reportado el país en esta materia”, señalaron los firmantes.

La misiva, suscrita por 10 instituciones financieras -BlackRock, CiFi, KFW Deg, Denham Capital, DNB, IFM Investors, M&G Investments, Metlife, Natixis y SMBC- alerta una serie de impactos relacionados con la propuesta del Ejecutivo. “Creemos que la implementación del cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas) a los PMGD podría generar efectos negativos y no deseados, tanto en el corto, mediano y largo plazo, implicando un retroceso en la confianza ganada por Chile ante la comunidad de financistas nacionales e internacionales, que es fruto de una labor de décadas de rigor respetando las reglas de juego”, indicaron.

En el corto plazo, señalan que el cargo podría “resultar en el incumplimiento, por parte de las distintas compañías de PMGDs, de sus obligaciones contractuales”, comprometiendo no sólo los desembolsos y nuevos compromisos para financiar dicho tipo de proyectos, “sino que también podría derivar en escenarios generalizados de insolvencia o incluso de liquidación de los proyectos existentes”.

A mediano y largo plazo, el grupo señala “la percepción de Chile como un mercado que ofrece estabilidad jurídica y es atractivo para la inversión, podría verse gravemente dañada”. El impacto, sostienen, no sólo se daría en el mercado de la generación eléctrica, sino también en “otras áreas clave para los financistas tales como transmisión, desalación, minería, litio, data centers e infraestructura en general, todas áreas de inversión que también toman como base la existencia de reglas claras, estabilidad regulatoria y certeza jurídica que permitan sustentar inversiones de largo plazo”.

El duro tono de la misiva fue destacado por integrantes de la comisión parlamentaria, que recibió, en primera instancia, al presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), y al presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo; y durante la tarde contó con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, además del exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo. En las dos sesiones participó el ministro de Energía, Diego Pardow.

Entre ambos representantes del Ejecutivo buscaron hacer frente a las advertencias planteadas por los fondos y bancos de inversiones que tienen intereses en el segmento PMGD, y entregaron ciertas luces respecto de los cambios que el gobierno contempla para ajustar la propuesta, que reduciría en un 35% los ingresos de las pequeñas centrales eléctricas durante tres años.

En esa línea, Marcel hizo un paralelo con lo que sucede con contratos de concesiones de infraestructura, cuyas licitaciones contemplan ajustes en los montos adjudicados por contrato cuando los costos de desarrollar los proyectos superan lo previsto, reduciendo la rentabilidad de los titulares. Así, mencionó que, en esos casos “se encuentran formas de compensarlo, y por esa vía se modifican los flujos, se alargan los periodos de concesión, pero donde la perspectiva es la de un flujo de caja de un proyecto de inversión de largo plazo”.

Así, y volviendo sobre la propuesta del denominado “pilar PMGD”, Marcel afirmó que “si hay un periodo en el cual sus ingresos se ven reducidos por efectos del cargo que se propone aplicar, (...) se pueden encontrar formas de compensarlo de tal manera que el proyecto siga siendo plenamente viable”.

Luego agregó que “esa es la línea en la cual hemos estado trabajando con el Ministro Pardow, encontrar la manera de que esos proyectos mantengan su rentabilidad sin perjudicar o producir un daño irreparable a una inversión o más aún, al clima de inversiones en general del país”.

A su turno, el ministro Pardow entregó más detalles de las indicaciones en que está trabajando el Ejecutivo. En esa línea, comentó que “obviamente, el trabajo de indicaciones que estamos haciendo apunta efectivamente a evitar que haya consecuencias permanentes en la organización industrial”.

De todas maneras, enfatizó que el cargo FET “es hacia el futuro, es un cargo que es transitorio, y que la idea es que ojalá tenga el menor efecto posible en cualquier sector productivo, y por cierto, lo estamos diseñando de manera de que no tenga efectos permanentes”. De hecho, Pardow explicitó que lo que busca evitar es que “no existan salidas de empresas”.

Otra línea de trabajo para las indicaciones, especificó el secretario de Estado, apunta a enfocar el cargo a los PMGD en aquellas entidades ligadas a grandes conglomerados financieros, excluyendo a las pymes PMGD.

Allí, señaló que “parte de las indicaciones que estamos trabajando son encontrar una manera de que aquellas pymes, que efectivamente son pymes, queden excluidas de la aplicación de este cargo, porque uno no puede predicar respecto de ese tipo de empresas una participación en este proceso de estabilización, que efectivamente requiere una capacidad financiera efectiva”.

Otro de los aspectos que acaparó la discusión en torno al impacto en los PMGD por la propuesta del Ejecutivo son los posibles vicios de constitucionalidad del cargo FET. Un aspecto que fue incluso abordado en un informe en derecho, realizado por Nicole Nehme, socia del estudio de abogados FerradaNehme, por encargo de la empresa de capitales chilenos D’E Capital.

En esa línea, el ministro de Energía, Diego Parow, fue especialmente duro ante los cuestionamientos que apuntan a la legalidad de la propuesta. Recordó que la ley conocida como PEC2 estableció que el Cargo por Servicio Público (CSP) financie US$100 millones de los US$120 millones contemplados actualmente para el subsidio eléctrico, y que permiten beneficiar a 1,6 millones de familias. Pardow recordó que cuando eso se discutió en su momento, a Acera “le parecía que era una muy buena idea y que celebraba, de hecho, que el CSP era recaudado por el Coordinador Eléctrico Nacional y no iba a rentas generales de la nación”.

Sin embargo, cuestionó que “esa misma asociación gremial, dijo hoy día que esas mismas razones, pero dadas vueltas, generaban una inconstitucionalidad de esta otra herramienta. Entonces, esa inconstitucionalidad por conveniencia, la verdad que le hace muy mal a nuestra discusión democrática”.