El último día del plazo legal el Congreso despachó a ley el Presupuesto 2024. El camino no estuvo exento de dificultades para el Ejecutivo. Si bien es un lugar común decir que la discusión del erario fiscal siempre es compleja para los gobiernos, este resultó tener algunos ingredientes adicionales. Uno de ellos fue que la Sala de la Cámara de Diputados, a petición del Partido Republicano no dejó ingresar en ningún momento de la discusión a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
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Las sesiones fueron tensas, largas y a ratos confrontacionales, incluso ya en la última etapa Hacienda tuvo que ingresar indicaciones en la comisión mixta y no pocas: fueron 26 indicaciones
Al término de esa instancia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la Comisión Mixta terminó su trabajo con un informe que incorpora una veintena de indicaciones ampliamente respaldadas.
“La Mixta ha concluido su trabajo con la aprobación de 26 indicaciones que básicamente cubren los temas que habían sido referidos a esta Comisión Mixta, más algunos otros que se estimó eran imprescindibles de resolver. Estas indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de todos los diputados y senadores presentes, con la excepción de una indicación”, dijo el secretario de Estado.
Minutos antes de la votación, el titular de las finanzas públicas subrayó que “hay un sector que no estuvo disponible a participar en el diálogo, hubo quienes votaron en contra de todas las partidas y sus comentarios son que todas las cosas muy desastrosas y se opuso a la entrada de la directora de presupuestos, mi reflexión es ¿De qué sirvió?, ¿Cuánto aportó?”.
Con la ratificación de los acuerdos definidos en la Comisión Mixta, aprobados por 115 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dejó durante la mañana de este martes a solo un paso de despacharse del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 2004.
Y por la tarde, el Presupuesto fue ratificado por el Senado: 38 votos a favor y 2 en contra.
Entre las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuesto 2024 hay cambios en el artículo 24, relacionados con la relación entre el Estado con las fundaciones sin fines de lucro. En este punto, se incorpora una frase aclaratoria en la que introduce la diferencia entre beneficiarios y ejecutores de las transferencias, diferenciando de manera más categórica y explícita que los requisitos iniciales son los únicos requisitos para los beneficiarios.
Asimismo, se actualiza el monto mínimo para las garantías de 500 UTM a 1.000 UTM. Quedando la obligación de garantía en transferencias mayores de $63.690.000 al valor de la UTM de noviembre de 2023, en comparación con el límite inicial de $31.845.000. También se incluye los requisitos para los ejecutores que los costos financieros en que incurran las instituciones producto de la iniciativa o proyecto, podrán ser incluidos en el convenio. Además, se realiza una nueva redacción para el inciso sobre subcontratación, con el objetivo de aclarar el alcance de este.
Otro cambio que apunta al mismo objetivo es que en el artículo 25. En ese se define un plazo máximo para la restitución de los recursos transferidos una vez que se encuentren en dicha obligación, al mismo tiempo se define que los recursos deben ser reintegrados en el Servicio correspondiente, el cual los reintegrará a rentas generales de la nación.
En obras públicas y transporte, se definió que al menos el 50% de los aportes a los gobiernos regionales del Fondo de Apoyo Regional se destinarán al financiamiento de iniciativas regionales de transporte público mayor y menor.
Se ingresó indicación que incorpora asistencia técnica para gobiernos regionales para la formulación de proyectos por parte del Ministerio de Transportes. Se permitirá el acceso de recursos a fondo de infraestructura y mantenimiento a teatros regionales y municipales.
Se incluyó una glosa que permite financiar en las regiones de Biobío y La Araucanía gastos que demanden rehabilitación y puesta en operaciones de iglesias que resulten dañadas o destruidas derivadas de actos de violencia rural.
En relación a los gobiernos regionales se incluyó una asignación directa por un monto máximo del 10% del 8% de los recursos del programa de inversiones respectivo, con acuerdo del consejo regional. También se permitió las transferencias a las corporaciones de los gobiernos regionales de hasta 5% del total de los recursos del programa de inversiones y, al mismo tiempo, hasta un 10% de esos recursos podrán destinarlos para gastos de administración.
Todas las modificaciones presupuestarias deberán contar con toma de razón de la Contraloría General de la República. Otro cambio es que se definieron plazos de la apertura inicial del presupuesto para gobernadores, CORES, Dipres y Contraloría y se definió que la contabilidad de la ejecución a privados se realizará sujeto a rendición, al igual que las instituciones públicas.
En Interior, mediante indicación, se facultó al presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones para solventar gastos necesarios para hacer efectiva las medidas de expulsión de extranjeros del territorio nacional y las expulsiones judiciales dictadas por tribunales de justicia comprometiendo recursos adicionales para expulsiones administrativas por hasta $3.500.000 millones cuando el gasto en este tipo de expulsiones demande recursos por sobre los consignados.
Otra modificación que tuvo el erario fiscal fue la rebaja del máximo de la solicitud de endeudamiento desde US$19.500 millones a US$16.500 millones.
Otro tema importante fue el compromiso a realizar una “pausa activa, evaluativa y de mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales de Educación” que debían entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2024.
Según lo acordado, a partir del 1 de enero de 2024, a excepción de aquellos que, de acuerdo con la evaluación del Ministerio de Educación, se encuentren en condiciones adecuadas para ello. El Ministerio de Educación comunicará su decisión, a través de informe fundado, que contenga las razones de las definiciones adoptadas, el que deberá presentarse ante las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara, dentro de los 15 días posteriores a la publicación de la Ley de Presupuestos.
