Con un tema pendiente por $343 millones el Congreso despachó ayer el proyecto de Presupuestos para 2019 tras el apoyo por amplia mayoría en ambas cámaras y un proceso que incluyó Comisión Mixta.

Fue en este último trámite donde se generó el impasse que dejó al gobierno bloqueado al rechazarse la entrega de gastos reservados a Carabineros por $343 millones y US$90 mil. La glosa quedó escrita en la partida 31 del Ministerio del Interior, pero sin montos.

Este episodio abrió un cúmulo de dudas entre las autoridades que sostenían que es una obligación constitucional destinar un monto mínimo de gastos reservados a todas las fuerzas armadas. Por ello admitieron que explorarán todos los caminos para suplementarlos.

"Creemos que aquí procede que se aplique la ley permanente que establece un piso mínimo, vamos a estudiar las instancias administrativas a través de la cual se podrán incorporar (esos montos).

Probablemente sea a través de una consulta a otro órgano. Veremos la forma en que se respete la institucionalidad ya que estos recursos son necesarios", indicó el ministro de Hacienda Felipe

Larraín, antes de partir a Argentina a la cumbre del G20.

Así, el gobierno podría consultar a Contraloría o al Tribunal Constitucional (TC). De hecho, parlamentarios de Chile Vamos hicieron reserva de constitucionalidad en la discusión sobre el tema.

En la oposición este hecho político -gatillado por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca- generó distintas visiones entre quienes plantean que la ley no obliga a fijar anualmente gastos reservados a estas instituciones, mientras que otros indican que el Ejecutivo deberá resolver cómo reasignar esos montos.

Educación

No sólo los gastos reservados generaron dudas: también se hizo reserva de constitucionalidad por una glosa en el Ministerio de Educación que permite que las universidades otorguen algún tipo de beneficio a los alumnos que por distintas razones han perdido la gratuidad, pero que están a punto de terminar sus estudios.

Cuestionaron el hecho de que se pueda "reinvertir el 30% de los excedentes del Fondo Solidario en infraestructura" porque no son activos líquidos y desvirtuaría el objetivo del Fondo, esencialmente para financiar estudios.