Este lunes terminó el plazo que tuvieron las bancadas de consejeros para ingresar sus enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución que redactó la Comisión Experta, donde las distintas fuerzas políticas ingresaron más de mil indicaciones.

Entre las enmiendas económicas que ingresó el Partido Republicano, hay algunas que versan sobre impuestos, otras sobre pensiones, derecho a huelga, aguas, endeudamiento público y Banco Central.

En lo que respecta a tributos, la bancada republicana propone agregar en el capítulo dos, sobre derechos y libertades, que “estará exenta de toda contribución o impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia. La ley establecerá la forma para hacer efectivo este derecho”.

En el mismo capítulo proponen agregar la siguiente oración: “La ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas”. Otra enmienda respecto a impuestos dice que “la ley establecerá beneficios o exenciones tributarias en favor de la familia, la vivienda, los adultos mayores y el libre emprendimiento”.

Ahí también plantearon incorporar una nueva frase respecto al sistema de pensiones, que apunta a lo mismo que se había rechazado en la anterior Convención Constitucional: “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales provenientes de las cotizaciones obligatorias y voluntarias y de los fondos que se generen, garantizando su propiedad, así como su heredabilidad. En ningún caso los fondos ahorrados y generados podrán ser apropiados, embargados, expropiados o despojados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Por otro lado, presentaron una enmienda que reconoce el derecho a huelga únicamente en el contexto de la negociación colectiva. También ingresaron una indicación que señala que “no podrán declararse en huelga quienes integren las Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, los funcionarios del Estado y de las municipalidades”.

Sobre las aguas, ingresaron una enmienda que fortalece la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Al respecto, se señala que “las aguas son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, sin perjuicio del derecho real de aprovechamiento que confiere a su titular el uso y goce de ellas, así como los demás derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, los que otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

En lo que respecta al Banco Central (BC), los consejeros republicanos ingresaron una enmienda para hacer algunos cambios en lo que quedó redactado en el anteproyecto de nueva Constitución que hizo la Comisión Experta. El anteproyecto señala que el BC “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Pero la bancada republicana propone que en vez de que se hable sobre “estabilidad de los precios”, mejor se cambie por “estabilidad de la moneda”.

También propusieron suprimir el inciso que señala que el BC “ejercerá sus funciones y atribuciones buscando resguardar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere” el inciso anterior, “sin perjuicio de considerar también los efectos de la política monetaria en la actividad económica y el empleo”.

Asimismo, proponen suprimir el segundo inciso del artículo 195, el cual establece que “en situaciones excepcionales y transitorias, en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el BC podrá comprar durante un período determinado y vender, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en la ley institucional”.

Por otro lado, los consejeros republicanos también propusieron un par de normas para prohibir el endeudamiento público excesivo. En ese sentido, señalan que “las finanzas públicas se conducirán de conformidad al principio de responsabilidad fiscal, el que guiará el actuar del Estado en todas sus instituciones y niveles. Bajo este principio, el Estado tiene el deber de administrar los recursos públicos de manera eficiente, transparente y equitativa, garantizando el uso adecuado de los fondos públicos para el beneficio de la sociedad en su conjunto”.

Al respecto, la enmienda agrega que “los funcionarios y autoridades que conduzcan y deban adoptar decisiones públicas donde esté en juego la responsabilidad fiscal y el interés superior del país, serán directamente responsables de todo daño causado a dicho principio e interés superior”.

En otro apartado, señalan que “el Presidente de la República evitará un endeudamiento excesivo del Estado. El Estado garantizará el equilibrio entre ingresos y gastos en su balance, teniendo en cuenta las fases favorables y desfavorables del ciclo económico”.

Ahí mismo se agrega que “el endeudamiento público estará permitido únicamente con el fin de considerar los efectos del ciclo económico y tendrá un límite máximo expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. El endeudamiento público requerirá de la autorización de la Cámara de Diputados y del Senado concedida por los cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, y solo en casos de estar en presencia de acontecimientos excepcionales. El límite máximo de deuda se establecerá anualmente en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos, requiriendo del voto favorable de los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio”.

Asimismo, la enmienda dice que “toda ley que suponga nuevos y mayores gastos deberá proveer los medios para financiar los mismos. La Cámara de Diputados y el Senado aprobarán cada año por ley el presupuesto y el balance presentados por el Gobierno. Las normas fundamentales y los criterios dirigidos a garantizar el equilibrio entre ingresos y gastos en los balances y la sostenibilidad de la deuda se fijará por ley aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El Estado no podrá incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Una ley institucional fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado en relación a su producto interno bruto, cautelando no traspasar el límite máximo de endeudamiento permitido”.