Y finalmente llegó el tan esperado informe del Consejo Consultivo Previsional sobre las indicaciones que ingresó el gobierno a la reforma de pensiones, entidad integrada por el presidente Carlos Díaz, y los consejeros Gonzalo Edwards, Cecilia Cifuentes, y Andras Uthoff.

En el texto, el Consejo señala que si se aprobara todo el proyecto que presentó el gobierno en el Congreso, el gasto total del sistema de pensiones solidarias “fluctuaría entre 1,5% y 1,8% del PIB, lo que pondría una presión sobre las finanzas públicas”.

Allí se desagrega también la información respecto al gasto fiscal que implicaría cada una de las medidas que incorporó el gobierno en las últimas indicaciones, que son tres para el caso del Pilar Solidario. En ese sentido, el informe detalla que la primera de ellas, es adelantar el aumento en la PBS y la PMAS, según la ley que aprobó el Congreso a fines de 2019.

En este caso, “el gasto es entonces de $77.902 millones de 2021, que beneficia a algo más de un millón de personas, de las cuales un 58% son mujeres”. El segundo cambio se refiere al aumento de la PBS a $177.000 para los beneficiarios que pertenecen al 60% más pobre de la población. “Resulta en un gasto fiscal incremental en el SPS (sistema de pensiones solidarias), de acuerdo con las estimaciones de Dipres, que asciende a $78.978 millones de pesos de 2021 durante el año en curso (0,04% del PIB) y a $120.982 millones de 2021 (0,05% del PIB) en 2022″, señala el informe del Consejo.

Al respecto, también dice que “puede verse que el gasto incremental tiende a aumentar hasta el año 2047 ($185.276 millones de 2021), se estabiliza por algunos años, y luego registra una tendencia decreciente (...) Es interesante destacar también que este aumento del monto de la PBS beneficia en mucho mayor medida a mujeres que a hombres. Las primeras reciben en promedio un 67% del gasto de esta indicación”.

Y el último cambio, y también el más importante, es el aumento de la cobertura del Pilar Solidario desde un 60% a 80% de la población, que llega a casi 500.000 jubilados. “Para 2021 y 2022 el gasto asciende a $444.772 y $790.682 millones de pesos de 2021, respectivamente, y luego registra una tendencia creciente hasta llegar a un máximo de casi $1.000.000 millones de 2021 en 2043″, dice el informe.

De esta manera, el impacto fiscal total para estos tres cambios, corresponde a $601.653 millones durante el año 2021, equivalente a un 0,28% del PIB. “El año 2022 estas cifras suben a $911.664 millones de 2021, equivalente a un 0,41% del PIB. Este gasto registra una tendencia creciente hasta el año 2043, en que suma $1.168.745 millones (0,33% del PIB), y luego decrece levemente”, detalla el documento.

El Consejo Consultivo Previsional también hizo un análisis sobre el efecto esperado de las indicaciones sobre el mercado del trabajo y el ahorro previsional. “Se consultó a Dipres y a la Subsecretaría de Previsión Social si habían realizado un estudio empírico sobre este tema y se nos informó que no tenían estimaciones. Tampoco existe un Informe de Productividad que acompañe a las indicaciones presentadas”, puntualiza el informe.

Es por esto que señalaron que “ante la falta de una estimación cuantitativa del efecto esperado que tendría la modificación del SPS, el análisis que se presenta a continuación se sustenta en lo que nos enseña la teoría económica, lo que se puede inferir a partir de las estadísticas de la SUPEN, y los resultados obtenidos en diversos estudios empíricos”.

Así las cosas, dicen que, por ejemplo, al aumentar la cobertura del Pilar Solidario, “generará, para las personas que se encuentren en ese nuevo rango (60%-80%), desincentivos a trabajar en el mercado formal, incrementará la informalidad laboral, no necesariamente en igual magnitud, y reducirá el ahorro previsional.”

¿A qué se debe? Explica que en caso de que se apruebe el proyecto, “algunas personas se darán cuenta que para alcanzar un determinado valor de pensión requerirán un menor ahorro previsional toda vez que una parte será financiada por el Estado a través de la PBS o APS, en caso de que cumplan con los requisitos de elegibilidad”.

En todo caso, especifican que “dado que no existen estimaciones cuantitativas, no nos es posible dar un orden de magnitud de este impacto negativo que podría producirse sobre el empleo formal y el ahorro previsional para los eventuales nuevos beneficiarios del SPS”.

Asimismo, añadieron que “si bien el impacto esperado será negativo en el empleo formal y ahorro previsional, nos parece importante mencionar que estos desincentivos no afectarán a todas las personas que se encuentran entre el 60% y 80% de la población más pobre por igual. En nuestra opinión es más factible esperar que tenga un mayor impacto sobre aquellos afiliados activos con menores salarios y con más posibilidades de trabajar informalmente, lo que le permite evadir o eludir las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, “para aquellos trabajadores que han tenido por largo tiempo un trabajo formal y con una remuneración superior es menos probable que modifiquen su comportamiento, por cuanto es razonable pensar que tendrán una Pensión Base superior a la PMAS y por tanto no serán elegibles para los beneficios del SPS”, puntualizan.

Adicionalmente, comentan que “un efecto adicional del aumento de cobertura es que para aquellos afiliados que están cercanos y por debajo del umbral del 60%, y que por ende hoy podrían verse desincentivados a cotizar y a trabajar en el mercado formal para no perder los beneficios, dejarían de estar en esta situación, desapareciendo ese desincentivo y aumentando por tanto su participación en el mercado formal, y con ello su ahorro previsional”.