Una luz amarilla encendió el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) ante las diversas iniciativas parlamentarias que se han presentado para enfrentar esta pandemia, porque pueden comprometer la estabilidad del sistema.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue el mensajero de estas inquietudes. Y este lunes informó a la Comisión Mixta de Trabajo que el miércoles pasado hubo una sesión ordinaria del CEF, donde se decidió enviar un oficio a la Cámara de Diputados y al Senado. “El Consejo de Estabilidad Financiera el miércoles pasado evacuó un comunicado oficiando al Senado y la Cámara advirtiendo de los efectos no intencionados y adversos que pueden comprometer la estabilidad financiera, de distintas mociones parlamentarias que podrían generar (impacto) en el mercado financiero”, afirmó el secretario de Estado.

Este comité es integrado por el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. “Es fundamental entender que más allá de las intenciones loables que puedan estar detrás de una idea, los alcances de una medida en el sector financiero siempre tienen correlato en un segundo lado del balance porque repercute al otro lado”.

Después Briones se refirió, en específico a una norma que se estaba debatiendo en la Comisión Mixta relacionada con que se gatillara el seguro de cesantía cuando los trabajadores se acogieran a la ley de protección del empleo con suspensión de jornada. Cabe señalar que la Ley 21.227 ya consignó que ocurriera este hecho en los casos de suspensión de la relación por orden de la autoridad sanitaria o por reducción de jornada.

“El comunicado del CEF indica que este artículo 21 de la ley 21.227 provoca una alteración de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos de seguros y de créditos asociados a la cesantía vigente entre sus celebrantes y modifica el riesgo cubierto por ellos”, señaló el ministro al leer el comunicado.

Sostuvo que incorporar estos casos para gatillar el uso del seguro de cesantía provocaría impacto adverso, “en virtud de estos artículos se expone a las aseguradoras a absorber siniestros que se estiman serán significativamente superiores a los que habrían debido absorber por concepto de cesantía en ausencia de esta ley”.

Explicó que incluso en los casos de suspensión temporal no se producía el término de la relación laboral y, por tanto, se podría “exponer a las aseguradoras a una contraprestación mayor a los originalmente contempladas en los contratos vigentes” si después efectivamente ocurriese un despido.

Prosiguió el ministro con la lectura de las conclusiones del CEF: “Iniciativas como las mencionadas pueden llevar a que este tipo de seguros dejen de estar disponibles en el futuro. El Consejo destaca que se puede provocar un impacto patrimonial significativo en algunas compañías de seguros afectando su capacidad de cumplir con los pagos de pólizas, con el impacto negativo directo en las personas que contrataron dicho seguro, y con potenciales efectos sobre otras entidades financieras. Destaco este párrafo que está en el centro, porque habla de que puede tener riesgos sistémicos importantes, y quiero alertar con mucha claridad de este riesgo”.

El ministro propuso cambiar la norma de la Ley, porque afecta retroactivamente los contratos, y por el riesgo sistémico que puede conllevar.

Su propuesta junto con el CEF es que se permita que hacia delante los seguros puedan incorporar causales de este tipo, pero que no se afecten los vigentes hoy en día. “No es una defensa a las de aseguradoras, sino que el riesgo de afectación patrimonial puede tener impacto en cascada en otra áreas. Hay que tener el mayor cuidado. Acá nos anima lo del riesgo sistémico que puede generar problemas mayores, porque como se sabe, en el mercado financiero todas las áreas están conectadas”.

Para este martes se espera que la Comisión Mixta llegue a un acuerdo respecto de esta sugerencia de cambio.