Consejo de Ministros aprueba normativa cuestionada por termoeléctricas, pero extiende plazo de reconversión al 2040

A más de cinco años de iniciado el proceso de revisión de la norma de emisión para centrales termoeléctricas, este lunes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó de manera unánime la actualización del Decreto N°13 de 2011.

La instancia, liderada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y conformada por los titulares de Energía, Diego Pardow; Economía, Nicolás Grau; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Esteban Valenzuela; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; Obras Públicas, Jessica López; y Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, dio el visto bueno al proyecto definitivo sobre emisiones para todas las unidades de generación eléctrica conformadas por calderas o turbinas, con una potencia térmica mayor o igual a 50 MW. La nueva normativa eleva las exigencias para las emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx), entre otros, tanto a las fuentes existentes como a las futuras, ya sea que ocupen gas, diésel o carbón.

Pero la propuesta normativa inquietó especialmente a tres compañías: Guacolda, controlada por Capital Advisors, que con sus cinco unidades por 764 MW es el mayor complejo carbonífero del país, y lideró la oposición durante el proceso; Cochrane, controlada por Aes Andes, con dos unidades por 550 MW; y Santa María, la única central a carbón operada por Colbún, con 350 MW. Es que de todas las carboneras, dicho grupo contempla las únicas ocho unidades sin un plan de reconversión y/o fecha de desconexión en concreto. Al menos no antes del límite autoimpuesto por las generadoras en 2018, para que el país deje de generar electricidad por medio del carbón, a más tardar el 2040.

Según acusaban especialmente Guacolda y Colbún, el proyecto definitivo -cuya redacción lideró el Ministerio de Medio Ambiente- no estaba alineado con el Plan de Descarbonización del Ministerio de Energía, al excluir potenciales planes de reconversión en base co-combustión, que consiste en combinar amoniaco verde con carbón.

Sin embargo, en la sesión de este lunes, se informó que la norma aprobada hoy extendió el plazo para que las carboneras informen planes de adaptación y reconversión.

“Posterior a los primeros cuatro años de publicada esta normativa, van a tener un límite de NOx mayor hasta 2040 aquellas que señalen que se van a reconvertir. Es importante señalar que en el oficio en que enviamos el proyecto definitivo, este plazo era a 2038, pero cuando estuvimos en conversaciones desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy con el Ministerio de Energía, y para poder alinear los dos instrumentos, que son el Plan de Descarbonización y la norma, decidimos que los dos (plazos) fueran al 2040 para tener coherencia regulatoria”,dijo Emanuel Mejías, quien expuso ante la instancia a nombre del Ministerio de Medio Ambiente.

A su turno, la titular de la cartera, Maisa Rojas, agradeció la aprobación unánime por parte de los ministerios, destacando que se trata de una norma “importante para la descarbonización”, y agregando que “tenemos varias maneras de materializar nuestros compromisos con la carbono neutralidad, y una de esas es esta norma”.

Remarcó el “trabajo coordinado” con el Ministerio de Energía, calificando como “una de las modificaciones más importantes” los nuevos plazos fijados en la norma para la reconversión de unidades en base a carbón, algo que, reconoció, “no estaba a la vista” al inicio del trabajo de actualización normativa,.

Consultadas por Pulso, desde las firmas no emitieron declaraciones públicas, pues señalaron que estaban dedicadas a entender bien “qué se aprobó”, y que analizaban las acciones a seguir en la materia. De todas maneras, no descartan la posibilidad de recurrir ante la Contraloría General de la República, e incluso ante tribunales ambientales.

Es que una de las aprensiones que persisten en torno a la nueva normativa de emisiones es que se considera que los planes de reconversión deben transitar al “uso exclusivo” de combustibles de bajas emisiones, lo que dejaría fuera potenciales mezclas de carbón con otros combustibles.

Además, existe otro tipo de consideraciones sobre los potenciales impactos que podría provocar una salida anticipada de centrales a carbón desde el Sistema Eléctrico Nacional. El reciente apagón total del 25 de febrero puso de relieve la importancia de algunas unidades termoeléctricas a la hora de aportar atributos como la inercia, que permiten mantener la frecuencia de operación del sistema dentro ciertos rangos.

“La modificación a la norma de emisión (...) impone una restricción adicional al plan de descarbonización impulsado por el gobierno que, de no ser modificada, sin duda afectará negativamente la seguridad de suministro eléctrico, generará efectos en los precios de la energía en el mediano y largo plazo, y provocará un negativo escenario para el empleo de aquellas zonas donde se producirán los cierres forzados de plantas eléctricas que no podrán cumplir la norma”, dijo Marco Arróspide, gerente general de Guacolda, en una carta enviada durante enero al Consejo de Ministros.

Antes, Daniel Gordon, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, había hecho lo propio, asegurando que la propuesta normativa “no es coherente con el Plan de Descarbonización presentado por el Ministerio de Energía”.