El gobierno quiere dejar atrás las diversas polémicas que ha enfrentado las últimas semanas por el concepto de gastos comprometidos versus presiones de gastos. Por ello, para no seguir entrampados en esa discusión de "forma" y no de "fondo", es que Hacienda decidió acelerar el tranco en la elaboración del proyecto de ley que cambiará el marco normativo del actual Consejo Fiscal Asesor (CFA), y de esa manera "despolitizar" el debate para aislarlo a lo netamente técnico.

El actual CFA fue creado por decreto en junio de 2013, con el objetivo de colaborar, a solicitud expresa del ministro de Hacienda, en la discusión, análisis y emisión de recomendaciones en materias relacionadas con la determinación del balance estructural, como también participar como observador en los comités del PIB tendencial y precio de referencia del cobre. Además, se debe pronunciar sobre el cálculo del ajuste cíclico del balance estructural que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Todo esto, si bien fue un avance importante para la institucionalidad fiscal, al estar supeditado solo por decreto, depende exclusivamente del ministro de Hacienda de turno, por lo que hace vulnerable su institucionalidad, cuando lo que se busca es que sea una entidad "altamente técnica", alejada de los ciclos políticos.

Para evitar los malos entendidos y avanzar en transparencia, ahora el consejo pasará a ser un organismo fijado por ley.

Los cambios

De acuerdo al detalle de la iniciativa, los cinco integrantes de este consejo serán nominados por el Presidente de la República, los cuales deberán ser ratificados por el Senado. De esta manera, el procedimiento de nombramiento será similar al del Banco Central y del Servicio Civil.

La duración de los consejeros será de seis años. "Esto apunta a darles legitimidad política a los consejeros", señalan desde el gobierno.

La nueva institucionalidad también obligará a quienes sean los consejeros a trabajar 22 horas semanales, es decir, deberán funcionar a media jornada. A la vez, contarán con un equipo técnico para poder hacer estudios e informes relacionados con la política fiscal.

Este es un cambio a la realidad actual, puesto que desde su creación los economistas que integran el Consejo Fiscal Asesor lo hacen bajo la modalidad ad honorem y no cuentan con un staff técnico que los asesore para contrapesar las cifras que entrega la Dirección de Presupuestos. Si bien todavía no está totalmente definido, lo más probable es que el "empoderado" consejo y su equipo técnico se instalen en las dependencias de Teatinos 120.

Para profesionalizarlo, el proyecto establece que este nuevo consejo contará con recursos propios principalmente para las remuneraciones que recibirán sus integrantes y equipo técnico. El presupuesto con el cual contará aún está siendo afinado por Hacienda, pero adelantan que será "acotado". Otras de las innovaciones apuntan a que tendrá una vocería propia y los informes y actas de las sesiones serán redactados por ellos mismos, sin la presencia de la Dirección de Presupuestos.

Desde Hacienda afirman que el propósito es que la iniciativa sea presentada por el Presidente Sebastián Piñera durante los próximos días, para luego iniciar su trámite legislativo en el Congreso. Para el gobierno, este proyecto cobró aún más preponderancia durante las últimas semanas, por ello se le establecerá urgencia para su discusión.

La realidad a nivel mundial

A nivel internacional, el desarrollo de este tipo de instituciones ha sido relativamente nuevo. Así, de acuerdo a un reciente estudio que realizó la Dipres, en 1960, tan solo Holanda contaba con un Consejo Fiscal activo y solo cuatro países -Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y Bélgica- adoptaron estas instituciones durante las tres décadas posteriores. El mayor incremento se generó después de 2005, llegando a 39 consejos fiscales en el mundo.

Según el informe, la independencia de los consejos fiscales a nivel global se establece a través de garantías legales y operacionales, que les permitan asegurar una plena autonomía por parte del gobierno. De los 39 consejos fiscales analizados por el FMI en 2016, 27 cuentan con independencia legal y operacional.

En promedio, los consejos fiscales en el mundo tienen seis miembros en su plana directiva y en su mayoría poseen dentro de sus integrantes a expertos en política fiscal y académicos. No obstante, cerca del 25% cuenta con la participación de funcionarios públicos y una minoría posee representación de políticos dentro de sus integrantes.

La experiencia internacional muestra que estas entidades, al estar compuestas por equipos técnicos con alta calificación no asociados a intereses partidistas, pueden realizar recomendaciones percibidas por la ciudadanía y los poderes del Estado como objetivos e independientes.

Entre sus principales atribuciones está el ser un aporte constructivo para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, mientras que en el ámbito netamente fiscal, su objetivo se enfoca en contribuir a la transparencia y fortalecimiento del manejo, disciplina y sostenibilidad fiscal. También destaca la emisión de reportes legitimados por la opinión pública y los distintos sectores, para ser considerados en el debate como antecedentes que aportan al análisis y mejor toma de decisiones de políticas públicas sobre materias fiscales y presupuestarias.