Con el objetivo de entregar su análisis sobre el Presupuesto 2024, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos. Y tal como lo adelantó Pulso, levantó una serie de riesgos.

Entre ellos está su advertencia de que los ingresos estimados por Hacienda podría ser menores, mientras el gasto público seguirá presionando al alza. Entre esos riesgos, están una menor actividad y márgenes operacionales en la minería, una reactivación económica débil, mayores presiones permanentes de gasto por el cambio climático y más gasto público en salud por el potencial impacto fiscal que podría tener el traspaso masivo de afiliados de Isapres a Fonasa.

Otro factor es el aumento de los riesgos para la economía internacional debido a políticas monetarias restrictivas en economías desarrolladas, la evolución económica de China que tiene efectos sobre el precio del litio y el cobre, y la escalada del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

“Todo lo anterior genera un riesgo a la baja en las proyecciones macroeconómicas y de ingresos fiscales, en especial para 2024. Al respecto, las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el PIB se mantienen por sobre las expectativas del mercado en el periodo 2023-2025, en especial para la parte minera”, alerta el Consejo.

También mencionan que la deuda bruta se incrementará en 2024, llegando a 41,1% del PIB (el nivel prudente establecido por el Gobierno es del 45% del PIB). “El CFA advierte riesgos en este ámbito que el Ministerio de Hacienda debe monitorear y mitigar”, sostiene el informe. Y advierte que la deuda neta aumentará de 34,2% del PIB en 2023 a 38% del PIB en 2028, debido a que los activos del Tesoro Público caerían en el mismo periodo, de acuerdo a las proyecciones de la Dipres.

Agrega, además, que hay otras fuentes de financiamiento que quedan fuera de la regla fiscal dual que pudieran ser riesgosas, como las deudas con proveedores y de las empresas públicas.

El CFA también recomendó que la Dipres debe especificar el uso planificado de los US$21.000 millones, para los que solicitó al Congreso una autorización máxima de endeudamiento para 2024.

En esa línea, el CFA señala que la Dipres debería detallar la parte del endeudamiento que será destinada a financiar el déficit fiscal, amortizaciones y refinanciamiento de deuda, y financiamiento de “otros requerimientos de capital” con una descomposición de los mismos. Y destaca que la cifra solicitada neta de amortizaciones (4,6% del PIB) se ubica por sobre el promedio de 2,9% del PIB de la década de 2010 (previo a la pandemia).

Con respecto al proyecto de ley de Presupuestos 2024, el CFA afirmó que la meta de balance fiscal estructural fijada por el gobierno para 2024, de -1,9% del PIB, representa un avance en la disminución del déficit estructural, pero implica que el Ejecutivo deberá hacer un importante esfuerzo fiscal que, en la práctica, consiste en tener un bajo crecimiento del gasto público en los próximos años. Y sostiene que eso afectará no sólo a esta administración, sino que también el esfuerzo lo deberá hacer el gobierno siguiente. Esto, con objetivo de estabilizar la deuda bruta y converger a niveles compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En ese sentido, considerando las proyecciones de la Dipres desde 2025 en adelante, el Consejo advierte que estas muestran que “para lograr la consolidación fiscal se deberá hacer un esfuerzo sustantivo en términos de control del gasto”, dice el informe, agregando que para el período 2025-2028 crecería sólo en 0,9% promedio anual, mientras que en 2024 aumentaría en 3,7% respecto a la ejecución proyectada. “Esto implica un desafío importante si se compara con las cifras históricas de crecimiento del gasto público”, dice.

Además, el CFA alerta que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento también permanentes, las que pueden provenir de un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión, reasignaciones o mayor eficiencia del gasto.

“Para la sostenibilidad fiscal de largo plazo, el CFA estima que se requiere converger a un Balance Estructural equilibrado (cercano a 0) para no superar el nivel prudente de deuda bruta de 45% del PIB”.

En ese escenario, menciona que “esto contrasta con el déficit estructural de 0,5% del PIB planteado por la Dipres desde 2026 en adelante, lo cual implicaría que la consolidación fiscal no terminaría en la presente administración e incluso, podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”, advierte.

Respecto al cambio en la regla fiscal para ahorrar los mayores ingresos fiscales por litio, el Consejo mantiene observaciones sobre la metodología utilizada para que ella fuese más prudente, e insiste en que se aplique desde 2023 (el gobierno anunció que la aplicará recién en 2024). Pese a esto, valora que la nueva metodología contribuye a atenuar en parte los riesgos de financiar gastos permanentes con ingresos transitorios.

Oposición cuestiona

La diputada de RN, Sofía Cid plantea su preocupación por lo señalado por el CFA: “Es realmente preocupante lo que nos exponen, porque nos hace cuestionar las proyecciones que el gobierno está usando para el presupuesto del próximo año en términos de crecimiento económico, de los ingresos y, por supuesto, del aumento que tiene en el gasto”, comenta.

La legisladora apunta que tampoco hay claridad sobre cómo se usarán los US$21.000 millones que está presentando este presupuesto como deuda. “Eso tiene que explicarlo el Ministro de Hacienda en la presentación del presupuesto”, advirtió la diputada.

El jefe de comité de senadores UDI, Gustavo Sanhueza, añade que “el informe menciona la necesidad de un esfuerzo sustantivo de consolidación fiscal que debe realizarse en los próximos años, pero sin tener claro cómo lograr esa meta.”. En ese escenario dice que “el gasto público debiera crecer entre 1,7% y -0,2%, lo que es un desafío importante si se compara con las cifras históricas. Lo peor que se observa, según el CFA, es que prácticamente no quedan holguras para nuevas iniciativas. El legislador apuntó que “el gobierno impone desafíos presupuestarios que van más allá de su período, restringiendo las posibilidades de futuras administraciones”.

Mientras que el diputado Miguel Mellado (RN) también centra su análisis en el mayor endeudamiento que prevé para el país y el hecho de fijar una meta de balance estructural que vaya más allá de su período de gobierno.