A partir de 2019 todas las reparticiones públicas deberán implementar las normas NICSP que les obligará a rendir sus estados financieros, los que deberán ser posteriormente auditados.
Ese fue uno de los tópicos principales abordados por el contralor Jorge Bermúdez en un seminario sobre la norma, desde el punto de vista del rol que le corresponderá a la Contraloría frente a estos requerimientos.
Bermúdez señaló que el Gobierno deberá decidir si las auditorías de los servicios públicos serán realizadas por la Contraloría (con costo desde los $30 millones a los $120 millones) o bien se entregará la labor a auditoras especializadas, requerimiento que planteó al propio Ministro de Hacienda Felipe Larraín, que asistió a la actividad, pero que no se pronunció sobre el punto. La autoridad sí se comprometió a adoptar el Manual de Estadísticas del FMI de 2014.
Sobre otras materias, Bermúdez confirmó que hasta ayer seguía sin ingresar el decreto que acota el gasto presupuestario.
