La comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los alcances del contrato entre Soquimich y Corfo, recibió ayer la visita del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien entregó antecedentes sobre la legalidad del acuerdo entre ambas partes.
Esto, ante las dudas de los parlamentarios que querían conocer la opinión de la autoridad sobre si el pacto entre la minera y la agencia estatal tuvo o no vicios de legalidad.
En la sesión de ayer, Bermúdez explicó que Contraloría realizó un estudio que ratificó que no hubo nada que cuestionar. "Nosotros hicimos un análisis jurídico y determinamos que se ajusta a la legalidad", manifestó Bermúdez.
No obstante, aseguró que este tipo de vínculos carecen de regulación, ya que no contienen limitaciones mayores. "Aquí falta una ley que regule la minería no metálica (…) además de una institucionalidad, un poco más fuerte, que ayude a la fiscalización de este tipo de contratos", señaló.
Bermúdez realizó, además, un repaso de cómo se llegó al acuerdo entre Corfo y SQM y del origen de las discrepancias entre las partes. Al respecto, destacó que esta incluso llegó a iniciar un proceso ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, el que se suspendió luego que las partes decidieran explorar un acuerdo, el que se alcanzó en enero de este año.
Desde Contraloría indicaron que lo realizado correspondió a "un análisis de legalidad del acto que aprueba la modificación del contrato, no del acuerdo, porque en el acto solo se incluyen las cláusulas pertinentes de la conciliación. Sin embargo, la conciliación fue uno de los actos que se consideraron en la toma de razón".
Esta fue la primera vez en que Contraloría se refirió a este acuerdo.
Los dichos de Bermúdez no dejaron del todo contentos a los parlamentarios presentes. Uno de los que comentó la exposición de Bermúdez fue el presidente de la Comisión, diputado Esteban Velásquez (FRVS), quien valoró la intervención del contralor y concordó en la falta de un marco legal y jurídico en la materia.
"Es rescatable que haya sido tan gráfico y tan insistente en manifestar el poco marco legal y jurídico que hay. Este es un llamado de atención que él le hace, en general, al Estado y a los organismos que correspondan", dijo el parlamentario.
Asimismo, argumentó que la ausencia de un marco jurídico especializado "no es una casualidad".
"Creo que los diversos gobiernos, intencionalmente, no han dejado que haya institucionalidad al respecto, para que ocurra lo que hoy está pasando", complementó Velásquez.
A su turno el diputado Francisco Eguiguren (RN), planteó que el contrato entre Corfo y SQM es objeto de una gran precariedad, que deja al Estado chileno en una posición desfavorable.
"Este no fue un buen contrato para Chile, esto perjudica los intereses del país y, la verdad, es que quiero llegar al término de esta Comisión teniendo la certeza de por qué se cerró un contrato con tanta rapidez, dejando tanto cabo suelto", comentó el parlamentario.
En la sesión de ayer, Bermúdez fue consultado por la serie de fiscalizaciones que Contraloría ha realizado sobre Corfo. Al respecto, la autoridad indicó que se han realizado ocho procesos, pero en ninguno había indagado en el cumplimiento de contrato, por lo que se mostró dispuesto a profundizar en ello, si le es solicitado.
Trabajo de la comisión
La instancia investigadora solicitó una extensión de sesenta días para realizar su trabajo, por lo que este debiera terminar el 7 de enero de 2019.
Sin embargo, al comenzar la sesión los parlamentarios debatieron sobre la necesidad de tomarse todo el tiempo o bien, avanzar en las próximas sesiones sin tener esa fecha como referencia.
Por lo pronto, decidieron enviar una batería de nuevas consultas al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, a través de un oficio. El mismo será complementado durante la semana con nuevas indagaciones.
A la comisión han asistido el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), Patricio Aguilera; el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac y el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, entre otros.
