Tres semanas antes que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara la supuesta "manipulación" del IPC, el organismo recibió otra mala noticia. El 30 de abril pasado, la Contraloría le remitió el informe final acerca de la auditoría efectuada a los recursos destinados al Proyecto de Modernización de la entidad; se trató de $1.595 millones para 2018, que provinieron del contrato de préstamo celebrado entre el BID y el Estado. Y los resultados no fueron del todo alentadores. Entre enero y diciembre, el proyecto alcanzó ingresos por $1.187 millones -lo que fue revisado en un 100%-; los gastos ejecutados, en tanto, fueron $468 millones, y se examinó el 64% de ellos.

Tras la revisión, la Contraloría detectó una serie de falencias que apuntaron básicamente al control interno. De hecho, no hubo observaciones en relación al uso de los recursos. En primer término, se evidenciaron deficiencias en las conciliaciones bancarias. Se comprobó que la entidad elabora en planillas Excel los reportes de conciliación, a pesar de que el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) tiene un módulo habilitado para el registro de sus operaciones, lo cual -señala- hace que el proceso aplicado no sea eficaz, generando además un alto grado de vulnerabilidad de los datos contenidos en ella. Y da un paso más. La existencia de una concentración de funciones, en cuanto a que el personal a cargo de los cheques y las transferencias, también era quien desarrollaba las conciliaciones bancarias, "lo que impide mitigar el riesgo de fraude, dado que participa de la administración y el control de las disponibilidades a la vez".

La revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias está radicada en el subdepartamento de Contabilidad y en el Departamento de Gestión Financiera, respectivamente. Y uno de los que las aprueba -dice el reporte- es el Tesorero, que, además, es el jefe del Subdepartamento de Finanzas, en donde se confeccionan las mismas. "(Estos) deben ser asignados a personas diferentes con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros, actos ilícitos", señala Contraloría.

Según los descargos del INE al órgano contralor, ambos procesos están separados. Y sostiene que corregirán el formato de conciliación, ya que notaron que aparece firmando el Tesorero, quien no participa de ello. La entidad no presentó respaldos de esto a Contraloría, por lo que mantuvieron la observación. Asimismo, a la fecha de la auditoría no habían revocado el poder que tenía un tercero para firmar cheques y que había salido en octubre.

Y aún más, se verificó la concentración de funciones en el registro y aprobación de ingresos recibidos por Hacienda, estando ambos procesos en la misma mano. El INE aseguró que dividiría ambos procesos.

A diciembre de 2018, los recursos no ejecutados del organismo llegaron a los $7,4 millones, monto -dice el informe- que no ha sido reintegrado a la Subsecretaría de Hacienda. Si bien el INE solicitó una modificación presupuestaria para el 2019 que le permitiera devolver $5 millones, existe una diferencia que atribuyen a tipo de cambio por el pago de la membresía de la OCDE.

Asimismo, Contraloría encontró en Tesorería tres documentos de garantía vencidos por cerca de $7 millones, sin haber sido devuelto a los proveedores; situación que llevó al INE a abrir un procedimiento disciplinario.

La Contraloría le dio 60 días al organismo para subsanar estas falencias. La efectividad de las medidas serán revisadas en la auditoría 2019.

Contraloría detectó desembolsos en junio y diciembre por $21 millones y $229 millones respectivamente, que fueron contabilizados como pagados sin haber materializado los desembolsos. El INE explicó que esto respondió a que fueron realizados el último día hábil de 2018, por lo que quedaron en tránsito por dos días.