Un nuevo dictamen relacionado con el sector de la construcción emitió recientemente la Contraloría General de la República (CGR). Esta vez, el organismo ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que realice ajustes a una resolución que, en la práctica, le despejaba el camino a una cartera de proyectos inmobiliarios por US$2.000 millones.

El primer antecedente de esta disputa se dio el 23 de mayo del año pasado, cuando Contraloría emitió un dictamen que amenazaba con poner en riesgo un conjunto de 80 anteproyectos, permisos de edificación e inversiones ya en curso, principalmente en la comuna de Las Condes.

A la postre, esto significó que se cuestionara la validez de la entrega de permisos por parte de las direcciones de Obras Municipales a una serie de proyectos. Posteriormente, el organismo emitió más dictámenes relacionados con esta actividad, aumentando la preocupación entre los privados.

Por ello, varias empresas hicieron consultas al Minvu para que aclarara el tema. Posteriormente, el ministerio emitió el 12 de septiembre pasado un pronunciamiento -la circular aclaratoria 413- relacionada con la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo, más conocida como Ley Caval.

En concreto, Minvu aclaró que "son válidos cada uno de los incentivos o condiciones" contenidos en los instrumentos de planificación intercomunales y comunales, siempre que hayan sido establecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, es decir, antes del 15 de octubre de 2016.

Además, señalaba que los anteproyectos aprobados y permisos de edificación otorgados por las DOM que se acogieron a los incentivos y condiciones de instrumentos de planificación territorial quedan validados por el artículo quinto de la "Ley Caval".

Pero ahora, Contraloría objetó parcialmente dicha circular y ordenó realizarle ajustes, lo que reactivó la preocupación en el sector.

Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) destaca la preocupación que surgió en el sector tras este nuevo pronunciamiento. "Respecto al último dictamen de Contraloría referido a los beneficios normativos o incentivos incorporados en los instrumentos de planificación, creemos que es una evidencia más de la grave crisis institucional que está afectando el desarrollo de proyectos inmobiliarios a lo largo del país y de la cual como gremio hemos hecho ver nuestra preocupación".

Además, indica que el dictamen "pone bajo cuestionamiento los planes reguladores aprobados con anterioridad a la Ley de Aportes al Espacio Público, afectando la certeza jurídica de cientos de proyectos que utilizaron los incentivos de acuerdo con lo establecido en dichos instrumentos de planificación y a los cuales hoy se les exigen nuevas condiciones de manera retroactiva. Es, precisamente, el carácter retroactivo de los dictámenes de Contraloría lo que amenaza con afectar derechos adquiridos y proyectos que hoy se encuentran habitados y en desarrollo, en el entendido de la validez de las normas que rigieron su otorgamiento, es decir, en la confianza legítima de sus titulares".

Desde Contraloría, en tanto, se defendieron y explicaron que "el Minvu debe ajustar la circular 413 porque esta interpreta el artículo 5°, que había que validar todos los incentivos y condiciones, sin considerar que dicho artículo se encuentra directamente vinculado con las disposiciones de los artículos 183 y 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones", y que el dictamen busca que dicho artículo 5° "tenga coherencia, vigencia y pueda ser aplicado, sin que se vulnere la normativa actual en esta materia y no haya discriminaciones arbitrarias".

En concreto, indican, "la declaración de validez de las condiciones e incentivos establecidos en los planes previos a su reconocimiento legal son válidos siempre y cuando cumplan con los demás requisitos que han fijado los nuevos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)".

Por su parte, Paz Serra, jefa de la Dirección de Desarrollo Urbano del Minvu, dijo que la circular 413 simplemente "ratifica lo que establece la Ley de Transparencia y Mercado del Suelo N°21.078, más conocida como Ley Caval, y lo que hace es validar todos los incentivos de todos planos reguladores de los 345 municipios de Chile, tal como el espíritu de los legisladores que en el Congreso Nacional lo establecieron prácticamente por unanimidad".

En ese sentido, "yo tiendo a pensar de que obviamente la cordura va a prevalecer porque tenemos muy buenos argumentos en todas las líneas y siempre hemos respetado lo que está dicho en la ley. Por algo existe el Congreso, por algo se votó, por algo hubo unanimidad y eso es lo que debería comandar esta moción".

Gustavo Menéndez, asesor jurídico de la División Desarrollo Urbano del Minvu, dice que por ahora, están en pleno proceso de estudio del dictamen para ver cuáles son los efectos sobre la circular 413.