Esta semana se cumple un año desde que comenzó a regir el decreto tarifario que permitió que el valor y arriendo de los nuevos medidores de luz sea costeado en su totalidad por los usuarios, pero tras la polémica que surgió este año, el gobierno decidió que todo el dinero que se había cobrado, sea devuelto a partir de este mes.
Aunque el debate ya parecía cerrado, la Contraloría volvió a la carga: emitió un dictamen donde respalda el decreto de 2018 que establece el cobro por medidores inteligentes, ya que "se ajusta a la normativa", señaló la entidad.
"No se advierten reproches acerca de la supuesta falta de fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en relación con el cambio de medidores eléctricos y el cobro de tarifas por tal concepto", concluyó el organismo.
El dictamen que emitió Contraloría el 12 de septiembre, ocurre a raíz de que este año recibió varios requerimientos, entre ellos, de parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido Comunista, pidiendo al organismo que investigue la legalidad del decreto tarifario, y el modo en que se desenvolvió la SEC al momento de fiscalizar los cambios de aparatos y su cobro.
En ese sentido, la entidad concluyó que desde la publicación en el Diario Oficial del decreto en cuestión (28 de septiembre de 2018), las empresas distribuidoras estaban habilitadas para cobrar estos medidores a los usuarios.
Para el exministro de Energía, Andrés Rebolledo, "lo que hace este dictamen es ratificar que lo que hicimos en el gobierno anterior, estuvo de acuerdo a la ley... (Pese a los cambios que se han hecho este año), sigue siendo algo que requiere el sector de distribución eléctrica y, por lo tanto, en algún momento se tendrá que retomar".
Lo anterior, considerando que finalmente el gobierno decidió que se devolvería el dinero cobrado a los usuarios desde el año pasado, y que será voluntario instalar medidores, por lo que sólo en este último caso existirá un cobro. En ese sentido, el monto promedio que recibirían los clientes por lo que pagaron desde octubre de 2018 a mayo de este año, será de $1.000, pues durante ocho meses se cobraron $200 extra promedio por el ítem medidores inteligentes.
Con todo, en el dictamen Contraloría respalda el rol fiscalizador de la SEC, "considerando además que el cambio de medidores y el cobro de las tarifas por tal concepto se sustentan en el marco jurídico aludido en el presente pronunciamiento".
Esta conclusión a la que llega el órgano contralor, ocurre porque los diputados Daniel Núñez y Boris Barrera Moreno, entre otros parlamentarios, "señalan que diversas empresas distribuidoras habrían cambiado alrededor de 500 mil medidores inteligentes, a pesar de que aún no se ha dictado el anexo técnico que establezca las exigencias que deberán cumplir tales artefactos... agregando que, no obstante ello, dichas empresas han cobrado a sus usuarios la sustitución de los mismos amparándose en el mencionado decreto N° 5T".
En ese contexto, estimaron que el cambio de los aparatos y su cobro carecerían de sustento jurídico, y reclaman que la SEC no ha fiscalizado tales supuestas irregularidades.P
