Contratos suspendidos: 31% son de grandes firmas, pero representa sólo 6% de sus trabajadores

La cantidad de trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo subió a 459.155 al cierre de la semana pasada, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones en base a la información del Seguro de Cesantía.

Además, según el informe entregado este martes, desde que comenzó este sistema el 8 de abril, que permite que se suspendan los contratos laborales de los trabajadores debido a la pandemia, se han realizado en total 552.551 solicitudes para acogerse al sistema, de las cuales 85.337 han sido rechazadas, ya sea por temas administrativos o por no cumplir los requisitos. Mientras, otras 8.059 solicitudes están en proceso de trámite.

Los 459.155 trabajadores aceptados implican un alza de 64.628 en relación a la semana previa, es decir, un incremento de 16,4%. Asimismo, este número representa el 9,4% de todos los cotizantes del Seguro de Cesantía. Asimismo o asalariados formales, es 4,7% de la fuerza de trabajo total, lo que llevaría el desempleo a 12,9%, si se hubiese optado por el despido de esos trabajadores.

Las solicitudes totales informadas (incluyendo las aceptadas, en trámite y rechazadas) fueron realizadas por 80.498 empresas, 7.135 más que las reportadas hace una semana.

Del total de empresas informadas hasta el 8 de mayo, el 76% corresponde a microempresas, con 10 trabajadores o menos; 16% a firmas pequeñas, con entre 11 y 49 trabajadores; 3,5% a medianas, entre 50 y 199 empleados; y el 1,3% fueron empresas grandes, de 200 trabajadores o más. Hay otro 2,8% sin clasificación.

Por número de trabajadores la distribución es distinta, ya que el 31% del total de empleados acogidos a la nueva ley corresponden a grandes empresas (de más de 200 trabajadores), seguidos por las micro (28,1%), las pequeñas (24,6%) y las medianas (15,7%).

Sin embargo, al revisar la dotación de cada segmento de empresas, se evidencia que son las microempresas las que más han usado la ley, ya que el 18% de su dotación ya está acogida, es decir, uno de cada cinco empleados. Les siguen las pequeñas, con el 12% de su dotación, las medianas, con el 7,9% y, al final de la lista, están las grandes, con sólo el 6,2% del total de sus trabajadores. Esto se explica porque cerca de la mitad de los asalariados formales son parte de las empresas más grandes.

Otro aumento importante se registró en el número de trabajadoras de casa particular acogidas al nuevo sistema, las que totalizaron 12.386 al 8 de mayo, 24% más que lo informado una semana antes (9.913).

El director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, indica que los datos informados “nos permiten dimensionar la magnitud de la crisis que lleva a las empresas a utilizar este mecanismo. Esto refleja la profundidad de la crisis vivida en el ámbito productivo en el mes de abril y hay que considerar que mayo puede ser significativamente peor”.

En tanto, el académico de la UAH, Mauricio Tejada, afirma que “esperemos que sirva (esta ley) porque tenemos para rato y diría que no hemos llegado al peak aún de la pandemia y según muchos analistas tendríamos, al igual que el resto del mundo, más de una ola en la pandemia a medida que abramos las restricciones. Por supuesto que la idea de evitar quiebras se va a cumplir en la medida que esto no tienda a durar mucho, pero al parecer tenemos para rato”.

El informe entregado este martes muestra que la Región Metropolitana concentra el 65,9% del total de solicitudes aprobadas, lo que se explica por el mayor número de trabajadores en esta zona. Sin embargo, al revisar los datos de empleo asalariado formal que entrega la base de datos del Seguro de Cesantía -considerando la región en la que están las firmas-, se ve que es La Araucanía la región con el mayor impacto, ya que el 16% de sus asalariados está con sus contratos suspendidos. Le sigue Arica y Parinacota (13,3%), Ñuble (11,5%), Tarapacá (11,1%), Magallanes (11%) y la Metropolitana (10,5%).