Varias son las críticas que hicieron el presidente y gerente general de Inversiones La Construcción (ILC), Patricio Donoso y Pablo González, a la reforma de pensiones y la ley corta de isapres, donde si bien tienen preocupaciones, de todas maneras reconocieron que ambas leyes han dado una mayor certidumbre a dichas industrias, y valoraron algunos de los temas que ellas contienen.

ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, está en la industria de pensiones en Chile a través de AFP Habitat, en la salud con Red Salud e isapre Consalud, en compañías de seguros de vida vía Confuturo, y en el negocio bancario por medio de Banco Internacional. En Chile también tiene una compañía de seguros complementarios de salud, Vida Cámara. Y con Administradora Americana de Inversiones (AAISA) gestiona AFP Habitat en Perú y AFP Colfondos en Colombia, además de Prudential AGF en Chile, y Prudential SAF en Perú.

En la carta dirigida a los accionistas de ILC, que está contenida en la memoria anual 2024, Donoso hizo un comentario mirando “en retrospectiva” todo lo que ocurrió desde que la Corte Suprema dictó los fallos GES y tabla de factores, hasta que se aprobó la ley corta de isapres y se implementó.

Sobre ello, dijo: “Aunque valoramos la intención de viabilizar la industria, el proceso resultó extenso, desgastante y complejo, generando incertidumbre y confusión en un derecho fundamental como la salud. Este proceso provocó el traslado de más de 690 mil beneficiarios de isapres a Fonasa, incrementando la presión sobre un sistema público de salud ya sobrecargado. Este hecho representa un crudo retroceso, precisamente en el punto más sensible para los chilenos: el acceso a la salud”.

Respecto de la reforma previsional, el presidente de ILC reconoció que “la reforma tuvo el mérito de validar elementos centrales del sistema previsional, como la capitalización individual y mantener el derecho de los afiliados a elegir su administradora de fondos de pensiones”.

Y dijo que “el desafío ahora radica en contribuir a las definiciones asociadas al proceso de implementación de la reforma, velando especialmente que la participación del Estado quede claramente delimitada y se desarrolle en igualdad de condiciones con el sector privado, además de monitorear los posibles impactos en el mercado laboral y en el nivel de informalidad existente”.

Reforma previsional

Donoso reconoció que “nuestra participación en el debate previsional se ha enfocado en defender principios que consideramos esenciales para proteger los intereses de nuestros afiliados y promover un sistema más sostenible en el tiempo”.

Entre estos principios, destacó “el derecho de las personas a que la totalidad de sus cotizaciones se incorporen sus cuentas individuales, su libertad de elección entre instituciones previsionales, y que la solidaridad se financie con impuestos generales, evitando así que esta responsabilidad recaiga únicamente en los trabajadores activos y formales”, entre otros temas.

Sin embargo, señaló, “el gobierno y los legisladores optaron por un camino diferente. Si bien corrigieron algunas deficiencias del proyecto original del Ejecutivo, introdujeron nuevas incertidumbres”.

Entre estas, destacó “el compromiso de recursos fiscales, considerando que – en régimen – la reforma implicaría un esfuerzo fiscal cercano a los US$ 5.000 millones anuales, y replicaría ciertos elementos de un sistema de reparto, donde una parte significativa de las cotizaciones actuales financiará beneficios presentes”.

Además, Donoso considera “que la disminución de los requisitos para la entrada de nuevos administradores de fondos, la licitación del stock –que repercute negativamente en inversiones a largo plazo, típicamente asociadas a una mayor rentabilidad–, y la ausencia de límites a la participación del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que podría generar un monopolio en la administración de cuentas, constituyen factores de riesgo para afiliados y pensionados”.

Sobre la reforma previsional, González dijo que el proyecto que fue aprobado en enero ”si bien contiene debilidades estructurales cuyo efecto se verán en el mediano y largo plazo, representa un avance respecto de cómo ingresó el proyecto al Congreso”.

Adicionalmente, el gerente general de ILC destacó que “entrega mayor certidumbre al sistema luego de años de diagnósticos, propuestas, debates e intentos fallidos por legislar. Además, incorpora elementos positivos para el fortalecimiento del ahorro previsional, como el incremento gradual de un 4,5% en la cotización individual, lo que representa un aumento del 45% respecto al actual esfuerzo de ahorro de largo plazo”.

Sin embargo, recalcó que “la reforma también refleja una oportunidad desaprovechada. Si bien se introduce una mejora relevante en la tasa de cotización, los recursos no se destinan en su totalidad a cuentas individuales. Un 4% de la cotización se asignará a un fondo autónomo solidario, reproduciendo ciertos elementos de un sistema de reparto, comprometiendo recursos fiscales y limitando el impacto en las pensiones futuras”.

Asimismo, agregó que “la introducción de licitaciones de stock generará impactos negativos en la rentabilidad de los fondos. La presión por reducir costos podría sacrificar la calidad de los equipos de inversión, mientras que los traspasos masivos de recursos, incluso desde activos líquidos, generarán impacto en los retornos”.

Es más, señaló que “a esto se suman otras preocupaciones relevantes, como la ausencia de un límite claro a la participación del IPS, la cual abre la puerta a un escenario donde pueda consolidarse como un actor dominante en la administración de cuentas, generando riesgos de concentración y eventuales distorsiones de mercado”.

Ley corta de isapres

Sobre la ley corta de isapres, Donoso comentó que ”en un contexto donde el acceso a la salud de calidad emerge como la principal preocupación de los chilenos, resulta paradójico que la resolución de los fallos sobre las tarifas GES y tabla de factores avance en la dirección contraria”.

En ese sentido, dijo que ”las isapres se vieron obligadas a asumir las consecuencias de un cambio de criterio de la Corte Suprema, que se tradujo en fallos sin precedentes –que respetamos, aunque no compartimos–, generando obligaciones financieras y un desequilibrio económico significativo”.

Por su parte, señaló que “la decisión del gobierno de implementar estos fallos a través de una vía legislativa prolongó el proceso en 18 meses, más allá del plazo inicialmente establecido. En este escenario, la aprobación de la ley corta de isapres en mayo de 2024, llegó para equilibrar el cumplimiento del dictamen judicial con la sostenibilidad del sistema asegurador privado de salud”.

Al respecto, sostuvo que “si bien se espera que esta nueva normativa resuelva aspectos materiales como la judicialización, persisten nuestras preocupaciones. En particular, nos inquieta el rol decisivo que asumirá la Superintendencia de Salud en la fijación de precios de los planes, donde existe el riesgo de que prevalezcan consideraciones políticas sobre los criterios técnicos necesarios”.

Por su parte, González dijo que la “aprobación de la ley corta entregó viabilidad financiera al sistema, despejando incertidumbres que afectaron su funcionamiento por años. Sin embargo, también consolidó un entorno altamente regulado, supeditadas a un marco normativo condicionado donde la Superintendencia de Salud, organismo político, asumirá un rol fundamental en temas como la fijación de precios”.

Pero agregó que, “no obstante, Consalud se propone a aportar a la recuperación de la industria, atrayendo nuevos afiliados a través de una oferta de calidad centrada en la costo-eficiencia“.