Las negociaciones para el ingreso del Estado a las operaciones productivas en el salar de Atacama están cada vez más cerca de comenzar. Este miércoles, Codelco y Corfo formalizaron la suscripción del mandato anunciado por el Presidente Gabriel Boric en su cadena nacional del 20 de abril, que busca dar certeza sobre la continuidad de la explotación de litio en el yacimiento para después del 2030, año en que vence el contrato de arrendamiento que SQM mantiene con la agencia estatal. Dichas tratativas se enfocarán primero en la compañía chilena, ante la necesidad de incrementar la producción de carbonato de litio. Sin embargo, seguirán luego con su competidora, la norteamericana Albemarle, cuyo contrato expira en 2043.

SQM reportó en 2022 una producción efectiva de 180 mil toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE). Para 2023 espera aumentar dicha capacidad hasta las 210 mil toneladas, mientras que la producción de hidróxido de litio -el componente más refinado que se usa para la elaboración de baterías alcalinas- llegaría a las 40 mil toneladas métricas, cifra que a 2025 SQM proyecta que ascenderá a 100 mil toneladas.

Los niveles de precios récord vistos en 2022 han reforzado la urgencia de incrementar los niveles de la mayor productora mundial de litio, que el año pasado alcanzaron el 20% de participación del mercado global. A ello se suma que, de acuerdo con cálculos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), los ingresos fiscales totales por litio en 2022 habrían alcanzado los US$5.000 millones, un 1,6% del PIB y 6,4% de los ingresos fiscales totales del respectivo ejercicio.

De acuerdo con una presentación de SQM, de los casi US$5.000 millones aportados al Estado en 2022, dos tercios se explican por el aumento de su producción.

Bajo este contexto, este miércoles Corfo y Codelco dieron a conocer públicamente las cartas suscritas por ambas entidades, que establecen las siete “condiciones de base para un futuro contrato de explotación”, dice la misiva que Benavente envió a Pacheco, delineando con ello el marco que deberá cumplir la minera estatal en el ámbito de sus negociaciones.

La primera de ellas menciona la necesidad de “mantener los beneficios que hasta hoy recibe el Estado, a través de la renta de arriendo que percibe Corfo, y los demás aportes a los que se ha comprometido SQM con el gobierno regional, los gobiernos locales y las comunidades indígenas del entorno del salar”.

SQM asegura que en 2022 aportó US$169 millones a los gobiernos regionales, US$15 millones directamente a las comunidades indígenas presentes en el salar y otros US$18 millones fueron destinados a iniciativas de I+D.

La segunda condición apunta justamente a esto último, ya que se busca que el nuevo entendimiento permita “mantener y mejorar la aplicación de las cláusulas que permiten el financiamiento de actividades de I+D en el país, y especialmente en las regiones donde se explota el litio, con el objetivo de desarrollar conocimiento, tecnología y capacidades que impulsen un desarrollo económico y social sostenible”, describe la carta.

En tercer término, se busca “mantener y actualizar la aplicación de las cláusulas que contemplan la existencia de porcentajes de productos de litio que vendan a precios preferentes a empresas que ofrezcan desarrollar actividades productivas de mayor valor agregado en Chile”.

En cuarto lugar, se plantea la condición de “actualizar y fortalecer los compromisos de cuidado medioambiental en concordancia con la normativa legal vigente en el país y con los estándares internacionales que se definan como marco para la implementación de la Estrategia Nacional del Litio que propendan a una operación sustentable de largo plazo”.

La quinta condición busca “comprometer el análisis técnico y posterior implementación de nuevas tecnologías de extracción de litio y, en general, de procesos productivos que aseguren el cuidado del medioambiente, especialmente en materia hidrogeológica, hídrica y energética, contribuyendo también, en todo lo que sea posible, a mejorar las condiciones de vida de las comunidades del entorno del Salar y, en general, de la Región de Antofagasta”.

La sexta exigencia persigue “comprometer los más altos estándares de relacionamiento permanente, transparente y participativo con las comunidades indígenas del entorno del Salar de Atacama”, y finalmente, la última condición establece la necesidad de “comprometer actividades de cooperación científico-tecnológicas y de transferencia”.

En tanto, en la misiva que Máximo Pacheco envió a modo de respuesta a Benavente, afirma que recoge “las bases para el proceso de negociación comunicadas en su carta y confirmamos que ellas serán parte fundamental en dicho proceso”.

“Estimamos que los beneficios absolutos del Estado pueden incrementarse rápidamente si se logra negociar y asegurar ampliaciones de capacidad productiva, las que necesariamente van a requerir implementar nuevas tecnologías y permisos de parte de las autoridades pertinentes”, agrega Pacheco en su carta.

Concluye señalando que la intención es “comenzar el proceso de negociación en el más breve plazo, con el propósito de lograr un acuerdo antes de fin de año, el cual deberá ser examinado y aprobado en forma previa a su presentación a Corfo por el directorio de Codelco”.