Corte Suprema rechaza recursos contra polémico proyecto Dominga y su futuro queda en manos del Comité de Ministros

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por organizaciones locales y la ONG ambientalista Oceana en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que determinó que el proyecto minero Dominga, de Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés, sí había presentado antecedentes suficientes en su tramitación ambiental.

En un fallo de 45 páginas, la Corte estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte el Comité de Ministros, por lo que se encuentran a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes.

Con ello, el futuro de la iniciativa, ubicada en La Higuera, Región de Coquimbo y que contempla una inversión de US2.500 millones, ahora queda a la espera del pronunciamiento del Comité, el cual es presidido por la titular de Medio Ambiente, María Rojas y está integrado además por los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

“Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual, además, no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación”, señala el fallo.

La resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 21 de abril de 2021, que acogió una reclamación de Andes Iron, estableció además que lo determinado por la Comisión de Evaluación Ambiental, COEVA de Coquimbo, y el Comité de Ministros al rechazar la iniciativa era ilegal, ordenando repetir la votación.

La comisión votó nuevamente, aprobando ahora la Resolución de Calificación Ambiental (RCA ) de Dominga, quedando así pendiente el nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros.

La Corte Suprema estableció que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta “en cuanto acoge las pretensiones del reclamante titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de este sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo”.

La resolución agrega que: “al así hacerlo, ha dejado a salvo tanto las pretensiones del titular reclamante como las de los recurrentes de casación, para que, respecto de la decisión de la COEVA respectiva, interpongan las reclamaciones administrativas que estimen en derecho correspondan para ante el Consejo de Ministros, aportando los antecedentes que consideren relevantes para sustentarlas”.

Así según el fallo queda a salvo para todos los intervinientes en el proceso de evaluación ambiental su derecho a presentar ante las autoridades administrativas correspondientes sus pretensiones y observaciones, así como los antecedentes en que las fundamentan, incluyendo no solo a los recurrentes sino también a los observantes paticipación ciudadana ambiental (PAC) que no habían presentado en la oportunidad anterior la reclamación ante el Consejo de Ministros y al propio titular del proyecto.

“En efecto, lo relevante es que sea que se obtenga una RCA favorable o desfavorable en la votación de la COEVA, surge el procedimiento de revisión por parte de la misma administración”, añade. En este sentido precisa que el Comité de Ministros tiene amplias facultades para evaluar los antecedentes contenidos en el proceso de evaluación ambiental.

El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus contó con 4 votos a favor y uno en contra, este último del magistrado Muñoz.

En su argumentación Muñoz sostvo que “este voto fue de parecer de emitir derechamente un pronunciamiento de los recursos de casación en la forma y el fondo interpuestos por los terceros, sin que corresponda posponer dicho análisis para una futura y eventual etapa jurisdiccional”.

Según el magistrado, lo que correspondía era que la Corte analizara los capítulos de casación en la forma, para determinar si efectivamente se configuraban las causales invocadas por los recurrentes, como asimismo se analizaran los errores de derecho denunciados, para determinar si era procedente que el Tribunal ambiental retrotrajera el proceso de evaluación ambiental, una vez que constató que habían determinadas materias que no habían sido evaluadas y que en otras, la evaluación fue deficiente.

Asimismo indicó que se debía determinar si era obligatorio para el Comité de Ministros, en la etapa recursiva administrativa, requerir información adicional para superar las deficiencias detectadas en la evaluación y determinar si efectivamente las rutas de navegación y los efectos sinérgicos en relación al proyecto Cruz Grande fueron debidamente evaluados.

La iniciativa no cuenta con el respaldo del Presidente Gabriel Boric, quien en su primer discurso tras ser elegido en el cargo reiteró su rechazo al proyecto minero Dominga. Sin embargo, a fines de abril el mandatario había señalado que la definición sobre la iniciativa, que podía tener que volver a ser vista por el Consejo de Ministros, debía ser tomada con cuidado.

“Yo manifesté una posición clara, no corresponde hoy día profundizar en aquello porque eventualmente el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros y ahí hay que ser cuidadoso para tomar la decisión que corresponda, pero nosotros queremos desarrollo sustentable y sostenible con el medioambiente”, dijo Boric en abril en entrevista con radio Guayacán en el marco de su gira por regiones.

El proyecto ha generado tanto el apoyo como el rechazo de los habitantes de La Higuera, incluyendo entre quienes lo respaldan al alcalde de la comuna Yerko Galleguillos.

Dominga considera la producción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.000 toneladas de cobre.