En una incerteza creciente están los funcionarios públicos con el Fisco en su relación laboral, concluye el Observatorio Judicial en un análisis de las sentencias dictadas por los juzgados laborales entre 2010 y 2018.
Hasta el año 2012, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran prácticamente desconocidas.
Todos los operadores del sistema parecían entender que los funcionarios públicos no podían recurrir a la justicia laboral y debían dirigirse, en vez, a la Contraloría General de la República. Pero en 2013, sin mediar cambio regulatorio alguno, se produjo una explosión de causas en los juzgados del trabajo. ¿A qué se debió este cambio? ¿Y cómo ha respondido la jurisprudencia? ¿Cuánto dinero le cuesta al Estado este giro jurisprudencial?", encabeza su estudio la entidad.
Las sentencias firmadas registraron un fuerte repunte a partir de 2014. En 2010 se presentó un caso, y en 2013 el siguiente. Pero en 2014 se disparó a 90 casos, un número similar en 2015, para pasar al año siguiente a 118 sentencias.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo de Defensa del Estado y analizados por el Observatorio Judicial, en promedio, el 31% de las sentencias acoge las demandas presentadas por los funcionarios públicos, mientras que el 69% restante las rechaza. Ello contrasta con la tendencia general observada en los juzgados laborales, donde el trabajador gana la mayor parte de las sentencias.
Entre 2010 y 2018, las sentencias de los juzgados del trabajo acogiendo reclamaciones por parte de funcionarios públicos implicaron un costo total de $1.308.562.417 para el Estado.
"Los datos dan cuenta de un fenómeno no previsto por el legislador y fuera de todo posible control por parte de los órganos encargados de administrar los recursos fiscales", concluye la entidad.
Estiman que son comprensibles las razones de los tribunales para otorgar protección jurídica a los funcionarios públicos, muchos de los cuales hoy se encuentran en situaciones anómalas, como es el caso de los funcionarios a honorarios; sin embargo, "la solución a la que ha arribado la jurisprudencia genera un efecto desestabilizador sobre el sistema".
La entidad estima que los datos arrojados dan cuenta de una enorme falta de certeza jurídica no sólo para el Fisco, sino que también para los propios funcionarios públicos. "En este sentido, más allá de las razones jurídicas, la última sentencia del Tribunal Constitucional y la reacción de la Contraloría General de la República sólo contribuyen a generar mayor incerteza".
El documento califica la respuesta por parte del legislador como deficitaria. "La complejidad del problema contrasta con la superficialidad de la moción parlamentaria presentada por los senadores Allende, Latorre, Letelier, Goic y Muñoz, que se limita a hacer aplicable la tutela laboral a los funcionarios públicos".
