La idea de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) reapareció la semana pasada en el gobierno, pero con distintos matices a la hora de aclarar si habrá efectivamente algún grado de condonación.
Todo esto resurgió porque en el debate del Presupuesto 2024 el gobierno firmó un documento de compromisos con los parlamentarios para viabilizar la discusión del erario fiscal. El punto 29 del protocolo dice que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.
Al interior del gobierno indicaron durante la semana pasada que lo que se está en proceso de exploración es la forma en que se aplicará la condonación. Una idea sería beneficiar a las personas de menores ingresos que tengan esa deuda crediticia, otra es un porcentaje de la deuda. Lo que sí estaría descartado es que tenga un alcance masivo por su alto costo.
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Precisamente el costo que tendría una medida como esta es la que cuantificó un informe realizado por Horizontal, centro de pensamiento ligado a Evópoli.
En el informe se menciona que, para realizar las estimaciones, en julio del 2023 se solicitó vía Ley de Transparencia, una base de datos a Comisión Ingresa con información sobre beneficiarios CAE simulando distintos escenarios.
En el primer caso, si la medida fuera universal abarcando las 1.112.378 personas, el costo sería del orden de US$11.270 millones (3,7% del PIB). Un siguiente escenario apunta a beneficiar a quienes tengan una deuda que supera el valor inicial del crédito que alcanzan las 522.104 personas. En este caso, el costo fiscal sería de US$5.160 millones (1,7% del PIB).
Si se quiere focalizar a quienes tienen deuda con saldo remanente pre-2012, el monto a financiar llega a US$4.240 millones abarcando un universo de 343.025 personas (1,4%).
También se simula para quienes tienen una deuda de aquellos con garantía ejecutada US$ 3.200 millones (1,1%). Quienes están en esta situación son 332.443. Y por último están quienes tienen deuda, pero desertaron de sus estudios. Los beneficiarios serían 176.289 con un costo de US$1.240 millones (0,4% del PIB)
Para Horizontal, en cualquier escenario la condonación “es una política altamente costosa y regresiva”, afirman. En ese sentido, sostienen que “en vez de insistir con condonar universalmente la deuda del CAE, la política pública debiese ser enfocada en perfeccionar el crédito existente”,
En su análisis puntualizan que “la condonación de la deuda por criterios como la morosidad o garantía ejecutada puede inducir a incentivos perversos en quienes están pagando el crédito, además de ser injusto con quienes ya pagaron”.
Enfatizan que “el costo alternativo de una política tan cara como la condonación universal del CAE ($11.270 millones de dólares según nuestros cálculos), es extremadamente alto y a nuestro parecer desvía el foco de las urgencias más importantes que hoy tenemos en educación: la reactivación educativa para hacernos cargo del terremoto educacional provocado por la pandemia”.
A modo de ejemplo afirman que la condonación universal equivale a 37 veces el presupuesto para el proyecto de sala cuna universal (0,1% del PIB), incluido como una de las necesidades de gasto del pacto fiscal promovido por Hacienda; 40 veces el presupuesto del plan de reactivación educativa anunciado por la actual administración (US$288 millones para el 2023).
La cobertura
En el informe se detalla que el CAE ha facilitado el financiamiento de los estudios superiores de 1.128.362 personas, desde su creación en el año 2006 hasta el 31 de diciembre del 2022. De estas, 818 mil están en etapa de pago, de las cuales el 77% han egresado de instituciones de educación superior y el 23% ha desertado.
De los 818 mil beneficiarios en etapa de pago, el 46% está al día y 54% está en mora. “Esta situación no siempre fue así, ya que hasta el 2015 la tendencia era una caída en los morosos, pero después del 2016 está comenzó a crecer, hasta que el 2022 superó el porcentaje de beneficiarios al día”, subraya el análisis.
Así, explican que, al 31 de diciembre del 2022, en promedio, los beneficiarios con cuadro de pago activo pagan $52.333. Un 47% de los beneficiarios con cuadro activa paga una cuota mensual promedio de $19.744.
Para quienes solicitaron el crédito post 2012, la cuota es contingente al ingreso, con un tope del 10% de este. Además, la tasa de interés tiene un tope de UF+2%. Del mismo modo, existe la posibilidad de suspender el pago por cesantía. Todos estos beneficios dependen de que el beneficiario no posea morosidad. El 2022, el fisco desembolsó US$ 77 millones por estos beneficios.
En el análisis también se resalta que los estudios superiores tienen una correlación positiva con los ingresos laborales. “Según Casen (2022), el sueldo o salario por el trabajo principal promedio de las personas con educación profesional completa es de $1.210.114. De este modo, las personas con educación superior completa, en promedio, se ubicarían sobre el percentil 80 de ingresos laborales”, sostienen.
