Una de las consecuencias del bajo crecimiento económico del país en los últimos años es que los salarios están estancados.

La secuencia es la siguiente: cae la inversión, hay un menor crecimiento, disminuye la contratación de personas, aumenta el empleo por cuenta propia (más precario que el asalariado), las expectativas se frenan y la presión salarial disminuye.

Los últimos datos del INE muestran que las remuneraciones nominales en abril crecieron 3% en el año móvil y los salarios reales, que considera la inflación, alcanzaron a 1,1%. Ambas cifras marcaron el menor crecimiento de los últimos 12 meses.

Algo similar se puede observar de la encuesta de presupuesto familiar que también realiza el INE. Uno de los resultados fue que el gasto promedio mensual de las familias se elevó en 19,2% entre los años 2012 y 2017, mientras que los ingresos solo 16,4%. Ello ocurrió, en particular, en los sectores de menores ingresos.

Si bien las tasas de expansión económica en los últimos meses se han dinamizado, lo cierto es que siempre existe un rezago del mercado laboral. La informalidad, en ese sentido, se ha elevado de manera relevante. A ello se adiciona que las empresas están manifestando la intención de destinar parte no menor de su inversión en maquinaria para automatizar la producción.

Por lo tanto, la mezcla es nociva, más aún si se consideran las rigideces incorporadas en la última reforma laboral.

Ante esto, las autoridades deben enviar señales claras respecto de hacia dónde va el país en materia laboral, con miras a una mayor flexibilización y una corrección efectiva del actual marco legislativo.