Inadvertida pasó la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de acumular las tres demandas que tienen las empresas que transan criptomonedas contra 10 bancos.

Desde ahora el tribunal seguirá en un solo expediente los contenciosos impulsados por Buda.com, CryptoMKT y Orionx, quienes acusaron a las entidades bancarias de atentar contra la libre competencia, al cerrarles sus respectivas cuentas y de abusar de su posición de dominio colectivo.

Durante las próximas semanas el TDLC debería abrir el periodo probatorio para que las partes pongan todos sus argumentos sobre la mesa. En ese contexto, miembros del Estudio Bravo, que representa a Buda y CryptoMKT, adelantan su estrategia e indican que esta semana presentarán un escrito pidiendo que se cite a declarar a las autoridades económicas que tengan alguna relación con el tema.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, son algunas de las autoridades que incluirán en su listado.

En el caso particular de la UAF, explicó Cristián Reyes, abogado senior del bufete, "este organismo ha dicho públicamente que las empresas de criptomonedas no son fiscalizadas por la UAF, pero resulta que sí las han fiscalizado en los últimos años. Incluso la UAF ha ido a fiscalizarlas físicamente a sus oficinas".

Agregó que "tenemos la duda de si tiene facultades o no, y en el caso de que no las tenga que explique por qué fue a fiscalizarlas".

De todos modos, enfatizó, incluirán los mismos nombres en su lista de testigos para la etapa probatoria, por lo que estarán obligados a declarar.

Para Mario Bravo, socio principal del estudio de abogados, la medida precautoria que ordenó la reapertura de las cuentas sentó un precedente para que los bancos no les cierren sus cuentas a otras firmas tecnológicas financieras que pudiesen estar desarrollando una actividad que compita con ellos.

Pero quieren ir más allá. "Esperamos que el fallo del TDLC reconozca que acá hay un atentado a la libre competencia y se transforme en un precedente para que los bancos y, en general, los servicios financieros tradicionales no pongan a barreras a la entrada de empresas de servicios financieros digitales", afirmó.

Para demostrar lo anterior, presentarán tres estudios económicos: uno preparado por Gonzalo Escobar, otro de Paula Roldán, ambos economistas del estudio Bravo, y un tercero elaborado por las propias compañías.

Según Escobar, su análisis apunta al mercado relevante: "El negocio de las criptomonedas se cruza con negocios tradicionales, entre ellos, los bancos.

Por eso es un tema de libre competencia, porque alguien que te da un insumo esencial para que funciones, como son las cuentas corrientes, es al mismo tiempo competidor tuyo. Por lo tanto, si te quita ese insumo principal tú no puedes competirle".

El informe de Roldán intentará demostrar la razonabilidad económica de las criptomonedas y el otro describirá cómo funciona dicho negocio.