Este viernes la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizó su cuenta pública. En ella, se dio cuenta de las gestiones realizadas durante el 2021 y se abordaron algunos desafíos para este 2022, entre los que destacan abordar la crisis hídrica y el cambio climático.

El superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra, comenzó explicando que, en materia de fiscalización, esta ha ido creciendo sostenidamente, superando las 4.100 actividades en 2021.

“Si se compara con los tiempos previos a la reforma a la institucionalidad ambiental, el ejercicio de esta atribución ha crecido más de siete veces, lo cual es un avance importante para el país”, sostuvo Ibarra. En ese sentido, la autoridad explicó que de las casi 16.000 Unidades Fiscalizables (UF) que la SMA tiene catastradas, desde 2013 a la fecha, se ha fiscalizado casi la mitad de ellas.

En cuanto a procesos sancionatorios, en 2021 también se alcanzó un récord: fueron 152 los casos cerrados, mientras que se iniciaron 363 nuevos procedimientos con su formulación de cargo, lo cual duplica la cifra que se alcanzaba el año 2018.

En la instancia también se destacó el aumento en la tramitación de programas de cumplimiento. “Estos programas siempre han ido en un alza sostenida en el tiempo, y es importante que los titulares presenten acciones que permitan enfrentar la situación ambiental creada con sus infracciones, para que además sea un espacio donde puedan restablecer las relaciones con la comunidad afectada. El año pasado tuvimos un récord histórico de 106 millones de dólares asociados a las inversiones que deben realizar en estos programas, los cuales van directamente al medioambiente”, explicó el superintendente (S).

El superintendente también señaló que las demandas de las personas crecieron en gran medida el año pasado, lo que se ha traducido en un alza sostenida de las denuncias recibidas. “Desde nuestra creación estas totalizan 20 mil. El 2021, nuestro primer año con el portal de denuncia ciudadana online, recibimos casi 6 mil, triplicando el número habitual que se recibía previo a la implementación de ese sistema”, sostuvo Ibarra.

En este aspecto, dicho portal gatilló un alza explosiva de casos, aunque las materias más denunciadas permanecen: 61% se asocia a ruidos y olores molestos.

“La institución es consciente de nuestras deudas en la tramitación de estas denuncias, y estamos agilizando los procesos para enfrentarlo de la mejor manera. Al año 2021 ya tenemos gestionado el 60% del total recibido y seguiremos realizando acciones para mejorar esta cifra”, sostuvo la autoridad.

No obstante, el jefe de Servicio también recalcó la necesidad de aumentar los recursos para la SMA. “Claramente hoy tenemos un problema: los recursos no alcanzan, no nos permiten enfrentar la demanda ciudadana y el ejercicio de nuestras atribuciones. Nuestra superintendencia, comparada con otras, es la que menos presupuesto recibe y la que más sujetos regulados tiene. Si dividimos el total de nuestro presupuesto por las 16.000 Unidades Fiscalizables que debemos supervigilar, tenemos un total de $890 por cada una: claramente una cifra insuficiente”, afirmó.

En ese sentido, la SMA informó que ejecutó en 2021 el 99,3% del presupuesto asignado al servicio. Su dotación, en tanto, alcanza las 251 personas, de las cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres.

Finalmente, en cuanto a los desafíos para este año, la autoridad relevó algunos ejes de gestión: abordar los casos relativos a la crisis hídrica, el cambio climático, fiscalizaciones a la minería, a la industria acuícola y abordar los casos de loteos irregulares, que se han multiplicado. “Todo esto con un claro enfoque territorial, es decir, enfocado en localidades en conflicto”, finalizó la autoridad.