La etapa final del segundo intento por reemplazar la actual Constitución se ha transformado en una mezcla de ansiedad, preocupación y negociaciones al límite en el mundo político. Sin embargo, los mercados y las expectativas de los agentes económicos también han vivido sus propios estados de inquietud e incertidumbre tras dos años de debate marcados por dos procesos constituyentes, un plebiscito de salida y la fallida intención por cambiar los fundamentos económicos que han regido el país en las últimas décadas.

Este vaivén de ideas e intentos por sentar las bases económicas y políticas de una nueva Carta Magna no son baladí para los mercados y menos para la decisión de inversiones, uno de los principales motores del crecimiento de un país. Si bien los expertos coinciden en que los grados de incertidumbre del actual proceso constituyente están lejos de lo vivido en el primer ciclo iniciado en 2021, también concuerdan en que las dudas que hay sobre el resultado de esta fase y del plebiscito de fin de año no son menores para el rumbo de la economía.

El índice de incertidumbre económica (IEC) que mide Clapes UC mostró su máximo nivel histórico en momentos en que se discutía la primera propuesta constitucional, para bajar con fuerza tras su rechazo en septiembre de 2022. En los últimos dos meses este indicador ha vuelto a registrar aumentos, aunque el nivel está muy lejos del alcanzado en el proceso anterior.

“La Constitución entrega un marco normativo que es importante para dar certezas sobre las reglas del juego básicas a quien busca desarrollar proyectos de inversión de largo plazo en el país. Estas reglas son especialmente importantes cuando se trata de llevar a cabo grandes iniciativas, que involucran montos significativos de recursos. Por el contrario, la falta de esas certezas lleva a la paralización y al estancamiento que hemos visto en el país durante los últimos años”, explica el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González.

A poco más de un año del plebiscito en que la opción “Rechazo” obtuvo una demoledora victoria frente a la propuesta constituyente dominada por profundos cambios económicos y políticos, las encuestas de las últimas semanas siguen mostrando un marcado desinterés de la población y bajos niveles de apoyo frente al nuevo ciclo de elaboración de la Carta Magna. Según la última encuesta Cadem, mientras el 24% de la población está dispuesta a votar “A favor” de la nueva Constitución en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, el 54% lo haría “En contra”, lo que ha generado preocupación en el mundo político y negociaciones contra reloj para consensuar los puntos más conflictivos de la propuesta.

En lo que es el cierre de una nueva etapa del proceso, el pleno del Consejo Constitucional finalizó está semana sus votaciones y despachó el borrador de nueva Carta Magna a la Comisión de Expertos para dar inicio a la fase de observaciones, donde muchos esperan perfeccionamientos y mejoras al texto.

El investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sebastián Izquierdo, reconoce que el actual proceso marca una fuerte diferencia respecto del anterior en materia de incertidumbre. “El proyecto fallido (del 2022) tenía un texto que dañaba el desarrollo económico y el actual es una similitud, con ciertos perfeccionamientos en algunos aspectos, respecto del actual. Son dos escenarios totalmente diferentes”, destaca el economista del think tank liberal.

Izquierdo estima que la eventual aprobación de una nueva Carta Magna este año debiera tender a disminuir las incertidumbres y favorecer el clima económico. “Llevamos muchos años con el capítulo constitucional abierto, por lo que una Constitución de las características de las que se conocen de este proyecto actual, de todas maneras va a disminuir las incertidumbres y va a favorecer el clima económico y la estabilidad del país. Dejarlo abierto, en cambio, va a tener consecuencias: se generará un hastío hacia la clase política de manera transversal. Además, nadie puede asegurar que este capítulo que eventualmente no se cierre (este año) no vuelva a abrirse en un tiempo más”, afirma el investigador del CEP, quien reclama el grado de detalles y precisiones que aborda el texto que esta semana se entregó a la Comisión de Expertos.

“Un exceso de detalles puede ser una camisa de fuerza”, alerta.

En la misma línea, Hermann González, de Clapes UC, explicita su preocupación por la posibilidad de rechazo del actual proyecto constitucional. “Si bien la actual Constitución seguirá vigente si se rechaza la propuesta constitucional que se está redactando -lo que reduce en algo la incertidumbre-, también quedará abierta la puerta para futuros nuevos procesos de cambio constitucional y eso no es bueno para quienes buscan invertir en Chile con una mirada de largo plazo”, sostiene el experto.

De hecho, el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann, va más allá y afirma que alrededor de $50 de la actual cotización del precio del dólar (hoy cercano a los $920) responde a factores relacionados con la incertidumbre, especialmente la que tiene que ver con el actual proceso constituyente.

“El tipo de cambio tiene hoy un premio por la incertidumbre que hay en la economía chilena que se estima en torno a los $ 50, versus los entre $150 y $200 que observamos hace algo más de un año (con el primer intento constituyente). La incertidumbre se ha reducido, pero sigue siendo relevante. Creemos que si hoy no se cierra el proceso constituyente, aun cuando estemos hablando de dejar pasar un tiempo, quedará abierta la idea y la presión de algunos sectores para que haya algún tipo de reforma”, afirma el economista del BCI, quien plantea, eso sí, que es necesario aprobar una Constitución que represente a un amplio porcentaje de la población.

Pero más allá del impacto del resultado del plebiscito de fin de año y su impacto en la incertidumbre de los agentes económicos, los expertos creen que revertir el estancamiento que vive la economía chilena por más de una década será una tarea difícil.

Francisca Pérez, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que la inquietud generada por el debate constituyente no es la razón principal detrás del magro crecimiento actual de la economía, ni tampoco de la baja capacidad de expansión de largo plazo del país.

“El bajo crecimiento potencial (que hoy bordea el 2%) es una debilidad estructural del país que se arrastra por largo tiempo y tiene que ver con nuestra baja productividad”, explica la exasesora del Ministerio de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien repara en que uno de los grandes problemas futuros del país está radicado en la política.

“Tenemos un problema en nuestro sistema político. El origen puede ser de más larga data y tener otras complejidades, pero se agudizó con la modificación de nuestro sistema electoral que nos dejó con un sistema peculiar que mezcla un presidencialismo con un sistema electoral proporcional. Una de las implicancias de esto es que los gobiernos no son capaces de cumplir con sus promesas y sacar adelante sus programas de gobierno, porque no tienen mayorías”, añade Pérez.

Hermann González coincide con el diagnóstico y afirma que hay un problema político que está impidiendo que el país avance en materias económicas y sociales muy importantes. “Este problema no es solo la excesiva fragmentación del Congreso, sino también el excesivo énfasis en el corto plazo que tienen los gobiernos y el reiterado intento por aprobar proyectos de ley refundacionales en materias como impuestos y pensiones, por ejemplo, que sabemos que serán muy difíciles de aprobar. Este tipo de iniciativas generan más polarización política, hacen muy complejo llegar a acuerdos y los más perjudicados son siempre la población más vulnerable”, sostiene el economista.

Si bien Sebastián Izquierdo comparte que existen variables estructurales que han impedido retomar un mayor crecimiento de la economía chilena, matiza el resultado que puede tener la aprobación de un texto este año. “Hay variables estructurales (de la economía chilena) que una Constitución per se no va a resolver, pero que sí puede generar un camino de certidumbre y habilitante para que ello ocurra”, concluye el experto del CEP.