¿Cuánto ganarían los chilenos si las empresas distribuidoras accedieran a comprar los medidores antiguos?

El Ministerio de Energía informó esta mañana el acuerdo alcanzado con Saesa, Chilquinta y Enel, que representan unos 3,48 millones de clientes (el 53% del total) para compensar a los usuarios por el recambio del medidor eléctrico.

Esta compensación implicará que cada usuario recibirá $10 mil por su medidor, según el acuerdo alcanzado informado por el ministerio de Energía.

"Queremos una mejor calidad del suministro eléctrico, y este pago es un incentivo para que esos beneficios de la modernización lleguen cuanto antes a las personas", dijo la ministra Susana Jiménez al anunciar el acuerdo.

Pero, ¿cuánto costará el recambio si la totalidad de las empresas aceptan? De acuerdo con cifras proporcionadas por la consultora Systep, el sistema eléctrico suma un total de 6.828.866 clientes, de los cuales 2,9 millones pertenecen al grupo CGE (que no ha llegado a acuerdo aún) y otros 1,909 millones son abastecidos por Enel, que pese a ser el número dos por cantidad de clientes, es el número uno en volumen de energía comercializado.

Si se multiplica esa cifra por los $10 mil con que se espera compensar a cada usuario, la cifra total de compensación que podría dar la industria a los usuarios llega a los US$97 millones. Esto representa poco menos del 10% de los US$ 1.000 millones que costaría la implementación del recambio de medidores en su totalidad.

No obstante, la cifra final sería menor, porque no todos los usuarios son dueños de los medidores, pues algunos, alrededor del 30%, los arriendan a la compañía. Así, la cifra final sería del orden de US$68 millones, es decir, apenas un 7% del costo total del plan.

Según un informe de la consultora Systep, ligada al académico Hugh Rudnick, plantea los riesgos que ha generado esta polémica, sobre todo a nivel parlamentario dadas algunas propuestas que han surgido y que plantean que el costo del recambio debe ser traspasado a los clientes.

"Resulta preocupante esta postura, ya que abre la puerta a políticas insostenibles para empresas reguladas. Basta ver las consecuencias en Argentina, en donde no traspasar los costos a los usuarios produjo durante las últimas décadas un grave déficit de inversiones para la explotación de yacimientos de gas", indica la consultora en su último informe.