¿Cuánto mueve el mercado de las armas legales en Chile?

Ennio Mangiola cuenta que hasta 2004 se vendían del orden de 10.000 a 12.000 armas al año en el país. El presidente de la Asociación de Armerías de Chile y dueño de la armería Mangiola explica que la Ley de 2005 normó y rigidizó fuertemente el acceso. Ese año, la comercialización cayó a 8.000 unidades. En 2008, con la entrada en vigencia del reglamento de esa ley se pasó a 4.500. El mercado, luego, se estabilizó entre 6.500 y 7.200. “Después del estallido social hubo un fuerte aumento. En noviembre y diciembre de 2019 se vendieron más de 2.000 armas”, rememora. Sin pandemia y sin cuarentenas, Mangiola estima que se habrían vendido cerca de 10.000 unidades en 2020.

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, es la encargada de fiscalizar y normar la venta de armas en el país. Según sus datos, en 2021 se inscribieron 8.173 armas. Entre enero y abril de este año se habían registrado 2.766. Y se habían internado 5.253, de las cuales el 66% correspondía a pistolas y el 25% a escopetas.

En el sector estiman que este año podrían comercializarse del orden de 11.000 armas.

El mercado es millonario. Sólo las armerías mueven del orden de US$ 30 millones aproximadamente, dicen en la Asociación. Una industria que hoy está en alerta.

En la última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. “La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Y por eso nuestro programa ‘Menos Armas, Más Seguridad’ propone la limitación radical de su acceso legal”, señaló. Días antes, 21 personas habían muerto en una escuela de EE.UU. en manos de un joven de 18 años que portaba pistola y un rifle AR-15.

En el sector ven el proyecto anunciado como complejo: “El solo prohibir es la aberración más grande de la tierra. Es mejor controlar, como se hace ahora, donde todo está registrado, que prohibir”, señala el director de los clubes de tiro José Miguel Carrera y Club de Tiro de La Reina, Alejandro Rocafort. En la industria estiman que el proyecto solo podría impulsar el mercado negro.

A nivel global, el proyecto Small Arms Survey, del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza, estimó en 2018 que en Chile existían 2,2 millones de armas -legales e ilegales- en manos de civiles, 12,1 unidades cada 100 habitantes. Más de la mitad de ellas no están registradas. De hecho, hay 765.817 armas inscritas en Chile: un 35% son escopetas; 32% revólveres; un 24% pistolas, y un porcentaje menor, rifles.

Existen tres sistemas de tiro: el tiro a tiro, como los rifles; el semiautomático, como las pistolas, que si bien está cargada con varias balas, se debe apretar el disparador cada vez; y las automáticas, como las ametralladoras, donde se mantiene apretado el disparador y siguen saliendo las balas. En Chile, los civiles solo pueden usar las tiro a tiro y semiautomáticas en armas cortas. Hay sólo una pequeña ventana que le permite a los deportistas acceder a un rifle semiautomático o una escopeta semiautomática de ciertos calibres, porque hay competencia de esos tipos.

Si es para defensa, cada persona -tras un largo proceso de acreditación de antecedentes, domicilio, examen siquiátrico, entre otras- puede inscribir dos armas y comprar 100 balas al año. Si es para deporte -vía asociación a un club de tiro federado- pueden ser seis más y 3.000 municiones. Para revenderlas hay que hacer el mismo proceso de acreditación de antecedentes y juntarse en la autoridad fiscalizadora para transferir esa arma, no en una notaría como con cualquier otro tipo de bien.

Las armas más demandadas parten en $ 600 mil hasta un $ 1,2 millones. La caja de municiones 9mm -las más comunes para defensa- cuestan entre $ 30.000 a $ 35.000, cuentan en las armerías. Hace un año el valor era de $ 20.000: el dólar y la situación logística impactaron los precios.

Hoy existen cerca de 100 armerías en el país. La Asociación de Armerías reúne a 25 de ellas, pero las más grandes: representan el 70% de los ingresos y de las importaciones de armas. Se nutren tanto de manera directa como vía importadores. Los principales países proveedores son Italia, Austria, República Checa, Estados Unidos y Alemania.

Ennio Mangiola asegura que el proceso de internación es engorroso: solicitar las armas al proveedor en, por ejemplo, EE.UU., esperar su proforma, presentarla ante la Dirección General de Movilización Nacional, esperar la resolución para importar, mandarla de vuelta al proveedor, recibir la factura proforma con las especificaciones de la marca, modelo, calibre, número de serie de cada arma. Y de ahí la guía aérea. Por seguridad, las armas se manejan por el aire. Quedan, por ejemplo, en Pudahuel hasta recibir el permiso de internación de la DGMN. Cuento corto, después hay que mandar ese permiso al agente de aduanas, que las revisa una a una. De ahí al banco de prueba, el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, en Pedro Montt, que certifica que son permitidas en Chile. El banco emite un certificado y recién ahí pueden salir a la venta.

Cada armería tiene cupos autorizados. Normalmente, son 70 armas largas -escopetas o rifles- y 60 armas cortas. Ennio Mangiola tiene dos armerías contiguas -que funcionan como una sola-, pero de todas formas son dos cupos: “En mi local estoy autorizado para tener 170 escopetas y 140 pistola o armas cortas”, señala.

Si alguna armería quiere tener un cupo mayor, debe solicitar almacenamiento en arsenales del Ejército en Colina. Ahí el Ejército dispone una bodega en que asigna cierta cantidad de metros cuadrados para almacenar. Por ejemplo, diez metros cuadrados da cupo para tener 200 armas largas y 300 armas cortas, y almacenar cierta cantidad de munición.

En vitrina se pueden exhibir 30 armas. El resto debe estar en bodega dentro de la misma armería.

Las municiones vienen por mar. En el sector dicen que al ser carga peligrosa el flete aéreo es muy costoso. De hecho, si un flete normal paga entre 2.000 a 3.000 euros, la carga peligrosa puede llegar a los 15.000 euros. “Ahora, pospandemia los fletes se han elevado hasta una cantidad estratosférica”, dicen en el sector. Hoy, por ejemplo, una caja de cartuchos que cuesta $ 9.000, $ 2.500 de ese valor es flete, un 28%; antes representaba un 17%.

Además, por falta de insumos las fábricas han elevado sus precios entre un 20% y un 25%. De hecho, fuentes contactadas explican que tras el asalto al Capitolio en EE.UU. en 2021, las personas en Norteamérica se armaron a tal nivel que las armerías quedaron vacías. Una caja de balas 9 milímetros que en Estados Unidos se vendía a entre US$ 10 y US$ 15, saltó a entre US$ 60 a US$ 70, rebote que llegó también a esta parte del mundo.

En un contenedor de 20 pies, el tope son 20 mil kilos: 20 pallets, cada uno con entre 70.000 y 90.000 balas 9 milímetros. Todo ello suma al final 1.800.000 balas, pero ninguna armería tiene ese cupo: la DGMN autoriza máximo 25.000 balas por local y a medida que se van vendiendo se pueden ir reponiendo.

En la Ley de Control de Armas de 2015 se incluyó como obligación para poder portar un arma el hacer un curso de tiro. El problema es que el reglamento para ello nunca vio la luz y, por ende, nunca se aplicó ni se aplica. En enero de este año se publicaron las últimas modificaciones a la legislación. En ella se reiteró que “para acreditar el conocimiento sobre conservación, mantenimiento y manejo de armas de fuego, el solicitante deberá aprobar un curso especializado”. En la industria esperan que el reglamento avance.

Contactada con insistencia la DGMV vía Ministerio de Defensa, fue imposible tener alguna declaración al respecto.

Más allá de ello, el director del club de tiro José Miguel Carrera y La Reina, Alejandro Rocafort, sostiene que las personas han ido demandando cada vez más los cursos. “Más del 90% de las personas que van al club no van por un tema deportivo, sino que por sensación de inseguridad”, señala el ejecutivo. El curso vale $ 168.750. Y prácticamente la mitad de quienes lo realizan terminan siendo socios.

Hoy hay polígonos de tiro que son cerrados y que pueden estar en cualquier parte de la ciudad, y centros abiertos de grandes extensiones que por sus características outdoor deben estar alejados de centros urbanos. Con más de 20 años, el club José Miguel Carrera, ubicado en Santa Rosa, es uno de los polígonos más importantes, con 820 socios activos.

El Club de Tiro La Reina, en tanto, es el centro indoor más grande de Latinoamérica: 1.800 metros cuadrados cubiertos, y 1.600 socios activos: pueden pagar una cuota de $ 430.000 anual, o $ 585.000 bianual. Se van sumando o renovando del orden de 70 a 80 socios anualmente. Y si hace unos años, una de cada 20 personas que hacía el curso era mujer, hoy es mitad y mitad.

Estar adscrito a una de estas instancias permite acreditar el carácter de deportista de la persona e inscribir 8 armas en vez de dos si es que no se está suscrito; y 3.000 municiones, en vez de 100.

Los centros disponen de las armas. Por ley, los civiles no pueden portar armamento. La normativa establece que los clubes podrán inscribir hasta dos armas por cada socio y no podrán exceder un total de veinte. Si bien en la industria prefieren no revelar el número de unidades que posee cada uno por seguridad, el 3 de agosto de 2021, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli, reveló en la Comisión de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, que a esa fecha existían 14 clubes con más de dos armas registradas, donde algunos llegaban incluso hasta las 35 armas.

En total habría más de 200 clubes operando. La gran mayoría de ellos -aseguran fuentes de la industria- con menos de 15 personas. Los clubes tienen la obligación de informar de todos y cada uno de los socios que entran y salen a la autoridad fiscalizadora. Y a todas las personas que hacen el curso.

El crecimiento de la demanda ha sido tal que el Club de La Reina, que fue inaugurado en 2018, pasó de tener dos instructores a doce. Además, los mismos socios preveían abrir uno nuevo en Chicureo. Si bien estaba todo avanzado para desarrollarlo, optaron por dejar la iniciativa stand by por las incertidumbres tras la Constitución, reforzado por el último anuncio de Boric.

El gobierno aseguró que el 80% de las armas decomisadas a delincuentes estaban inscritas. En la Asociación de Armerías desmintieron rápidamente ese dato: sólo el 30% estuvo alguna vez inscrita, dentro de las cuales, señalan en la organización, están las que se entregan voluntariamente.

“Anualmente se están entregando 2.000 a 2.500 armas al año de manera voluntaria en comisarías”, aseguran. Agregan que si se revisan las estadísticas, en Chile se extravían o roban 2.500 armas al año, de una base de datos de 765.770 armas. Un porcentaje ínfimo. En la industria estiman que un 8% del total de armas inscritas se ha informado como perdida o robada.