Por la unanimidad de sus integrantes, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general este martes el proyecto de normalización tarifaria que permite descongelar las tarifas eléctricas y crear un subsidio focalizado que disminuya los impactos de la normalización de los valores en el 40% más vulnerable de la población.

La iniciativa recibió el respaldo de todos los diputados asistentes: Yovana Ahumada (Ind-Demócratas), Álvaro Carter (Ind-UDI), José Miguel Castro (RN), Andrés Celis (RN), Christian Matheson (Republicanos), Benjamín Moreno (Republicanos), Jaime Mulet (FRVS), Marcela Riquelme (Ind-FA), Patricio Rosas (Comunes), Marco Antonio Sulantay (UDI), Cristián Tapia (Ind-PPD) y Sebastián Videla (Ind-Amarillos).

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Tras ello, la instancia acordó fijar plazo para presentar indicaciones hasta este viernes y citar a una sesión especial el lunes 1 de abril para despachar la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite parlamentario y cuenta con discusión inmediata. Luego que la comisión sectorial apruebe en particular el proyecto, este deberá ser visto por la Comisión de Hacienda para estudiar el diseño que crea un subsidio para la tarifa eléctrica, que emula el ya existente para las cuentas de agua potable y servicios sanitarios.

En la ocasión, y antes de la votación, los diputados escucharon las exposiciones de Generadoras de Chile, gremio que agrupa a las empresas que representan dos tercios del segmento de generación eléctrica nacional; la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel); la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), y del académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verdejo.

Los representantes gremiales recibieron emplazamientos de algunos diputados para que se allanen a la posibilidad de renegociar el precio de contratos de suministro eléctrico. Entre ellos estuvieron los diputados Ahumada, Riquelme, Tapia y Mulet.

Mulet recordó que buscan revisar “aquellos (contratos) que estaban resultando más gravosos para los consumidores y más beneficiosos para las generadoras”, y agregó que hay “algunos que están indexados a carbón y que no compran carbón”, por lo que, estimó, “uno podría pensar que hay espacio para revisar algunas reprogramaciones o algunos de los contratos”.

Mulet también emplazó a todas las partes a hacer más esfuerzos para elevar el monto del subsidio. “Creo que las empresas se tienen que poner, creo que la derecha y la oposición se tienen que poner, y el gobierno se tiene que poner, porque si no, vamos a generar dificultades mayores, y hoy día el subsidio que se propone es muy elemental, es muy bajo”, afirmó.

Marcela Riquelme, por su parte, sostuvo que “donde se renegocian los contratos no es que falte el Estado de Derecho, y eso no desestabiliza los mercados ni hace menos atractivos a los países, ¿o me van a decir que Alemania es poco atractivo para la inversión?”

A su turno, Cristián Tapia aseguró que de los más de US$6.000 millones acumulados en deudas en favor de las empresas generadoras, la mayor parte de ellos era “intereses”, aspecto que fue refutado por Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, que afirmó que cerca de US$4.800 millones de la deuda corresponde a capital, y unos US$1.200 millones a intereses.

Al respecto, Charme recordó que el proyecto de ley permite servir “la deuda histórica del sistema con las empresas de generación, y esa deuda se tiene que normalizar para que las empresas tengan la certeza y la proyección de sus flujos para seguir invirtiendo”.

A su juicio, resulta “mucho más interesante que en la mesa que propuso el ministro se vean otras alternativas para seguir profundizando la competencia y transparencia del sistema eléctrico y no ir al pasado, porque los contratos se adjudicaron en momentos y circunstancias concretas”. Además, pidió valorar el sistema de licitaciones de contratos eléctricos, ya que “permite dar tranquilidad a las personas”.

“No hay que atacar a los contratos, porque son la base de la confianza en el sistema”, enfatizó.

Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, valoró que “esta ley tal cual está planteada, primero facilita el pago de esta significativa deuda que es un compromiso legítimo y una realidad ineludible, sobre todo para entregar una señal económica de que en Chile los contratos se respetan, y que se puede confiar en instrumentos donde el Estado actúa como pivote garante de una licitación que ellos mismos organizan”.

Por otra parte, el diputado Benjamín Moreno refutó a sus colegas oficialistas, porque “nosotros, siendo oposición, tenemos que salir a defender este proyecto que es de sentido común”, por viabilizar el pago de la deuda creada mediante leyes aprobadas en 2019 y 2021.

Moreno además se mostró en contra de las propuestas de elevar los impuestos a las emisiones de CO2, ya que “es fácil decir condonaciones, y la renegociación, pero después eso te lo agregan en el riesgo que tiene cualquier otra licitación y lo terminas pagando tarde o temprano; aquí la magia no existe y hay que repetirlo hasta el cansancio”.

En tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, valoró el trabajo parlamentario que ha tenido la discusión del proyecto, remarcando que “esta iniciativa se ha trabajado en conjunto con parlamentarios de gobierno y de oposición, dejando en evidencia el valor del diálogo cuando empujamos propuestas que afectan a las familias de nuestro país”.

“Quiero insistir en que este es un proyecto muy importante para las familias chilenas, porque nos permite moderar las alzas que fueron anunciadas en las cuentas de luz de las personas y al mismo tiempo atender con un subsidio la situación de los consumidores vulnerables”, añadió el secretario de Estado.