Cuentas de la luz subirían a partir de julio: los ajustados plazos para que el subsidio eléctrico se aplique junto a nueva alza tarifaria
La semana pasada se publicó en el Diario Oficial la ley que permitirá descongelar la tarifa eléctrica, dando 45 días hábiles para dictar el primer decreto tarifario. Ello ocurrirá a más tardar el 25 de junio, pero se estima que el período de postulación para el beneficio, de al menos un mes, impedirá que ambas cosas ocurran al unísono.
El recién pasado martes 30 de abril se publicó en el Diario Oficial el proyecto de ley que descongelará la tarifa eléctrica en Chile. Se trata de una iniciativa clave para los presupuestos de los hogares, ya que para un gran número de ellos esto significa que el pago mensual de las cuentas de la luz se incrementará. Aunque no para todos.
La aplicación del nuevo marco normativo requerirá que el gobierno publique el decreto tarifario del primer semestre de este año. Para ello, la ley da un plazo máximo de 45 días, contados desde su publicación. Así, el Ejecutivo tiene hasta el 25 de junio para cumplir con el mandato legal. Antes, la Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá haber publicado su informe técnico preliminar durante los primeros 15 días, el que estará sujeto a revisión de las empresas durante otros cinco, para que luego se emita el informe definitivo, dentro de los siguientes 15 días.
Todo lo anterior permitirá al Ministerio de Energía dictar el correspondiente decreto, fijando los nuevos precios de la tarifa eléctrica. Dado que su aplicación suele ser inmediata, durante julio empezarían a regir las mayores tarifas, considerando que el período de facturación de las empresas distribuidoras ocurre dentro de los primeros días del mes.
En paralelo, los esfuerzos del gobierno estarán enfocados en implementar las dos medidas que permitirán contener las alzas, e incluso revertirlas en algunos casos, en los segmentos de la población de menores recursos.
La primera de ellas se trata del subsidio eléctrico, creado bajo la misma ley, y que estará concentrado en cerca de un millón de hogares clasificados como vulnerables, correspondientes al 40% de menores ingresos en el Registro Social de Hogares.
A esto se sumará que un total de seis comunas del país, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel, se verán beneficiadas con una rebaja del 40% en el precio del componente de energía. Dicho grupo de comunas fue calificado como zona de transición energética por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el pasado viernes. “Este descuento implicará una reducción aproximada de entre 20% y 30% -dependiendo de la comuna y la actualización de los decretos tarifarios- en la cuenta final de clientes regulados de dichas comunas y se aplicará de manera automática a partir del segundo semestre de 2024″, dijo el ministro de Energía, Diego Pardow, en un comunicado.
Actores del sector eléctrico sostienen que si los precios se ajustan en julio, los tiempos para que el subsidio esté listo para ser aplicado son ajustados, por lo que advierten que “probablemente habrá un mes” en el cual el beneficio no sea aplicado en forma conjunta al alza tarifaria, y que “el descuento del subsidio ocurrirá después”.
El desafío del reglamento
El subsidio eléctrico y el reglamento que hará operativo el beneficio a los hogares de menores ingresos, asoman como los principales desafíos para el Ejecutivo en este ámbito. Si bien aún no ha sido dictado, el Ministerio de Energía viene trabajando en él, incluso desde antes de la aprobación del proyecto de ley. Aunque ya hay camino avanzado, se espera que el documento esté listo recién a finales de mayo, para luego ser enviado a Contraloría. Dicho órgano tomará razón, en el marco de control obligatorio que todo acto administrativo debe sortear para velar por su correcta aplicación legal. Sin embargo, la Contraloría no cuenta con un plazo legal para ello, agregando una mayor cuota de incertidumbre respecto de cuándo se podrá aplicar el subsidio.
La labor fina en la que se encuentran trabajando en el Ejecutivo, pasa por definir el orden de prelación para aplicar el beneficio, cumpliendo con los criterios de selección habituales para este tipo de políticas, como contar con personas bajo cuidados o una persona cuidadora, así como la presencia de adultos mayores en cada hogar.
En dicho trabajo está involucrado también el Ministerio de Desarrollo Social, cartera encargada de mantener actualizado el Registro Social de Hogares. Y es que, al igual como ocurre con muchos de los beneficios estatales, los hogares deberán postular para recibir el subsidio. Al tratarse de uno nuevo, un aspecto clave en su operatividad es el cruce de información entre quienes opten al beneficio, y aquellos clientes que cuenten con deuda vigente, ya que estos últimos no podrán recibir el subsidio si es que no han regularizado su situación.
Ambas etapas, la postulación y el cruce de información, tendrán sus respectivos tiempos. Si bien estos aún son desconocidos, se estima que para el primero se requiere de al menos un mes, lapso que deberá comprender además la campaña de información para que se comunique el beneficio a los potenciales receptores del subsidio.
Consultados, desde el Ministerio de Energía enfatizaron en que “la implementación de la ley de estabilización tarifaria se hará en los plazos que quedaron estipulados en los artículos transitorios” y aseguraron que el proceso de dictación del decreto tarifario por parte de la CNE “está en marcha”.
En tanto, el ministro Pardow comentó que el trabajo en la redacción del reglamento “definirá los alcances y plazos para el proceso de postulación y asignación del beneficio a más de 1 millón de hogares vulnerables, de manera tal que la entrega del subsidio se haga efectiva durante el segundo semestre de este año, cubriendo las variaciones en las cuentas que se registren en dicho periodo”.
Con todo, si el subsidio no está listo en julio, ello no implicará la pérdida del beneficio, por lo que no se descarta que en ese mes los pagos sean retroactivos ante tal eventualidad.
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