El conflicto por el repentino cierre de la planta de la multinacional Maersk en San Antonio, que dejó a 1.200 trabajadores sin fuente laboral, está lejos de terminar.
Hoy el sindicato N°1 (existen dos en la empresa) junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentará una queja ante el Comité Asesor Sindical (TUAC en su sigla en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por graves incumplimiento de parte de Maersk a las directrices que el organismo establece para la reestructuración y/o cierre de empresas multinacionales.
Para la presentación de esta queja las partes recurrirán hoy a Cancillería, específicamente a la Dirección General de Relaciones Económicas e Internacionales (Direcon), donde se encuentra el Punto Nacional de Contacto (PNC), estructura establecidas por los gobierno pertenecientes a la OCDE para mejorar la efectividad de las directrices y la recepción de quejas.
Según explica Carlos García, presidente del sindicato N°1 de Maersk, esta queja internacional "se presentará en Cancillería por la violación del protocolo de directrices de la OCDE. El daño causado es de enormes proporciones, porque además solapadamente se deslizó la participación de trabajadores de este tipo de decisiones". Además García apunta a la inestabilidad laboral que deberá enfrentar la comuna de San Antonio, pues asegura que tras el cierre de Maersk las empresas se demorarán en volver a invertir en la zona.
Entre las directrices que establece la OCDE, y a la que apunta el sindicato, se encuentra en el capítulo empleos y relaciones laborales de "Las líneas directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales", que señala que "las empresas deberán respetar el derecho de constituir sindicatos y de llevar adelante negociaciones colectivas (...) notificar cambios o cierres con una antelación razonable a los trabajadores y de abstenerse de cualquier amenaza de trasladar las operaciones, en respuesta a negociaciones sobre las condiciones de trabajo o para obstaculizar la formación de un sindicato o la participación en él".
El asesor jurídico y de asuntos internacionales de la CUT, Josue Vega, asegura que "lo que quieren los dirigentes es lograr mejores condiciones de salida de los trabajadores. Es muy insuficiente el monto que está ofreciendo la empresa. Además hay un incumplimiento evidente a lo que establece la OCDE y tanto Chile y Dinamarca (donde se encuentra la matriz central de Maersk) han firmado acuerdos para que sus empresas multinacionales resguarden ciertas prácticas para cierres; acá no se cumplió".
En este contexto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que "en el caso de empresas transnacionales hay estándares OCDE que son por los cuales se tienen que regir. Son estándares que deben ser respetados por las empresas".
Este es sólo el primer paso que dará el sindicato N°1, ya que la próxima semana presentarán una nueva queja pero esta vez ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Procedimientos
El Comité Asesor Sindical de la OCDE ha recibido más de 140 quejas de sindicatos, y en un 96% las causas son por vulneración al capítulo de empleo y relaciones laborales.
En el caso de Chile, desde el 2014 ya se han presentado 5 quejas ante dicha instancia, todas ya concluidas.
Tras la queja del sindicato, el PNC en Chile tiene tres meses para declarar admisible o no el recurso presentado, el que de ser aceptado se comunicará al PNC de Dinamarca y se iniciaría un proceso de conciliación, que no debe extenderse más de seis meses. Posteriormente, hay un periodo de tres meses para que la instancia de la OCDE en Dinamarca notifique a la empresa de las conclusiones del caso.
Piden comisión por despidos masivos
Durante el Congreso de Empresas Públicas, organizado por la CUT, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, emplazó al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg a crear una comisión tripartita (trabajadores, empresarios y Estado) para tratar y mejorar las prácticas que hoy han llevado a 3 empresas del país a realizar despidos masivos. El objetivo de esta comisión, dijo Figueroa, es poder generar mesas de diálogo en las empresas y cambios legislativos al respecto.