El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, valoró los cambios que el gobierno propuso para cambiar la reforma previsional.

¿Cuál es su primera lectura de los cambios que el gobierno le hará al sistema previsional?

Creo que el nuevo proyecto que se ha anunciado representa un cambio significativo en el sistema de pensiones. Corresponde a un cambio estructural que continúa el ya realizado en 2008 a través del establecimiento del pilar solidario. Hemos discutido por mucho tiempo los cambios que requiere el sistema de pensiones. Pienso que el Gobierno ha dado un paso importante al variar su propuesta original y acercarla a la propuesta de la Presidenta Bachelet, sumado al mejoramiento que ya se hizo al Pilar Solidario.

Dentro de la propuesta se establece un 3% para capitalización individual y 3% para ahorro colectivo, ¿va en la dirección de avanzar a un sistema mixto?

Con estos cambios el sistema de pensiones incrementa su carácter mixto, el rol del Estado y un mayor rol para la solidaridad, lo que permitirá incrementar las pensiones en el corto plazo para los actuales pensionados y también, preservar que la mitad del incremento en las cotizaciones vaya a cuentas individuales.

Para el 10% que actualmente administran las AFP, se abrirá espacio a nuevos actores como sociedades sin fines de lucro, cooperativas de afiliados, ¿es un buen mecanismo para inyectarle mayor competencia?

Creo positivo que se pueda abrir a actores sin fines de lucro la administración del 10% de cotización. Me parece que un mecanismo que sí podría mejorar la competencia es incluir la licitación de afiliados históricos, sin embargo, la que no aparece dentro de las medidas.

¿Cómo debería tomar esta propuesta el Congreso?

Es fundamental que el Congreso pueda tomar de manera constructiva su labor. Se requiere allanarse a un acuerdo por el bien del país. Y hago votos porque esto se traduzca en un acuerdo en el Congreso que se traduzca en ley a la brevedad. Sería un gran gesto al país que los parlamentarios y el gobierno puedan trabajar sin descanso hasta llegar a un acuerdo incluido el descanso anual o vacaciones si fuera necesario.