Chile es el país que más extrae jurel en el mundo. Cuenta con el 66% de la cuota global, pero llega a extraer incluso hasta el 85%, ya que algunos países ubicados en zonas poco atractivas para la extracción transan -o venden- las licencias de pesca que se les han asignado a pesqueros industriales en Chile.

Administrada por la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), la pesquería del jurel en Chile tiene un peso relevante. La extracción de este recurso representó exportaciones por US$429 millones en 2023, año en que la cuota directamente asignada al país superó las 716 mil toneladas. Ese año, la cuota subió un 23,4%, Al año siguiente lo hizo en 15%, cifra que marca el tope establecido por la ORP-PS cuando el estado del recurso está sobreexplotado.

Sin embargo, y pese al consenso entre actores industriales y la subsecretaría de Pesca en que el jurel actualmente es una pesquería considerada sana, entre ambas partes no hay acuerdo sobre cuánto debería aumentar la cuota chilena de jurel en 2025, que es una decisión clave que la ORP-PS debe definir en su próxima sesión, que se desarrollará en nuestro país entre el 17 y 21 de febrero del próximo año, en Viña del Mar.

Por regla general, las pesquerías administradas por la entidad se rigen por un principio precautorio, basado en una captura estimada al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Dicha regla busca asegurar la sostenibilidad del recurso y el mejor potencial económico de la actividad pesquera en el largo plazo. Hasta ahora, la regla para el crecimiento anual de la pesquería del jurel es de 15%, pero ya que hubo aumentos extraordinario en años recientes, la autoridad en Chile ve espacio para ir por más.

“Efectivamente hay un espacio de crecimiento muy alto. Chile no aspira, digo explícitamente, no aspira que de una sola vez llevemos la pesquería al rendimiento máximo sostenible, por diferentes razones, porque efectivamente siempre vale la pena actuar de manera aún más precautoria, pero claramente la brecha no puede ser una brecha sideral como la que tenemos en este momento”, dijo a Pulso el subsecretario Julio Salas.

“Como autoridad sectorial, nosotros no proponemos generar un cambio de una magnitud sideral, que sería incrementar en ene veces la cantidad de la pesquería. Pero lo que hoy día sí ocurre es que podríamos aumentar sustantivamente la cantidad, sin acercarse siquiera al 40 o 50% de RMS”, agregó.

La autoridad sectorial ya había explicitado ante la comisión de la Cámara la intención del gobierno, que busca ir más allá del incremento usual. “Crecemos al 15% en torno al jurel y creemos que podemos seguir creciendo mucho más sin amenazar al recurso”, sostuvo Salas ante la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en octubre.

En esa oportunidad, la autoridad informó en la comisión que estudios del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) demuestran que el estado de esta pesquería es tan óptimo, que “se mantendría en perfectas condiciones con una cuota estable en el tiempo, incluso -en el escenario hipotético- de duplicar la actual cuota”.

Sin embargo, en la industria no están convencidos de avanzar más allá de lo que dictan los criterios científicos. “No es que no queramos más recursos. Como sector pesquero, por supuesto que queremos más recursos, porque eso además da cuenta de que los recursos se están recuperando y que, por lo tanto, permiten que se pueda extraer un mayor volumen. Pero es muy importante que, tal como lo establece la actual legislación, se respeten los criterios de conservación, los criterios de sostenibilidad,y que no se extraiga más cuota de la que permita que los recursos se sigan reproduciendo en el agua”, señala Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío.

La representante gremial apunta a que, de parte de la autoridad, existe una presión política.

“Por supuesto que como sector pesquero industrial nosotros quisiéramos tener incrementos mayores todos los años, porque eso nos permitiría potenciar el consumo humano con más fuerza y proyectarnos como potencia alimentaria dentro de los países pesqueros. Pero también es importante cuidar el recurso, porque bien sabemos que en los años 90 se sobrexplotó el jurel, porque no había criterio científico que definiera las cuotas de pesca y nos dolería mucho, en definitiva, que la definición de cuotas obedeciera a presiones políticas y no a criterios científicos”, remarca.

Esa presión, dice Cepeda, proviene de la discusión regulatoria concentrada actualmente en el proyecto de fraccionamiento, considerado como el corazón de la reforma a la Ley de Pesca, que fue separada del proyecto original y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Cuando hoy día estamos frente a una discusión de distribución (de la cuota), y pareciera ser que la bala de plata es el incremento de la cuota del jurel para que la pesca industrial no se vea afectada de manera negativa con estos cambios de fraccionamiento, es claro que hay un aspecto político que está presente en la discusión de aumento de cuota”, señala.

Cepeda afirma además que el crucero de monitoreo al estado actual del jurel en la zona centro sur, una tarea a cargo del IFOP, no se pudo realizar este año por falta de recursos.

“Hoy día hay un nivel de riesgo, por esta información científica, que a nosotros como pescadores industriales del Biobío nos hace a lo menos tener una mirada un poco más cauta respecto al incremento de la cuota”, manifiesta.

Este miércoles el proyecto de fraccionamiento retomó su tramitación, ahora en la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.

“Nos gustaría mucho que la tramitación de este proyecto pudiera tener una tramitación expedita, porque estas inequidades son urgentes de resolver. Tenemos que dar una señal en orden a que nos estamos haciendo cargo de las graves fallas de distribución que tenía la normativa vigente, sobre todo con el respaldo transversal que ha tenido la discusión en la Cámara. Creo que sería muy buena muestra del compromiso que tiene el Senado por corregir la normativa pesquera que todavía nos rige”, indicó el subsecretario Salas, quien expuso el proyecto en la instancia legislativa. Según se comentó, la comisión ha recibido 45 solicitudes para participar en la discusión del proyecto.