Hace unos días el Ministerio Público dio a conocer cifras que dan cuenta del creciente aumento que muestran los delitos económicos y tributarios en Chile.

Según datos de su boletín estadístico, recogidos por Pulso, entre enero y septiembre de este año, ocurrieron 89.936 ilícitos de este tipo, es decir, 18,6% más que en el mismo período del año anterior.

Si bien el Ministerio Público explica parte de esas cifras en los cambios de percepción de la ciudadanía sobre lo que se considera un ilícito de este tipo, sin duda, en el último tiempo hemos sido testigos de una mayor notoriedad que están teniendo los grandes fraudes y estafas en Chile.

Llaman la atención los montos involucrados, la cantidad de afectados y también que el tipo víctimas es bastante transversal. Entre los perjudicados encontramos desde mineros estafados con sus indemnizaciones, dueñas de casa a las que le se les priva de sus ahorros, y jubilados o pequeños comerciantes, hasta bancos, grandes empresarios e incluso algunas empresas extranjeras.

Asimismo, hemos visto en la prensa casos bastante emblemáticos, como el de Rafael Garay, Alberto Chang, Gabriel Urenda, AC Inversions y IMF Forex, entre otros.

A éstos se suman fraudes realizados por funcionarios de instituciones que, tradicionalmente, estaban al margen de este tipo de situaciones y que son muy valoradas, como es el caso de Carabineros de Chile y el Ejército.

En estos temas, las empresas, los empresarios y las instituciones públicas tienen una labor crucial, porque deben servir de ejemplo y estar a tono de los tiempos.

Además, como sociedad debemos estar más atentos. En el caso de quienes tienen patrimonio para invertir o ahorros, sin duda deben estar más alertas respecto a las personas o entidades a quienes les entregan sus recursos, de tal forma de no terminar vinculándose con negocios que no son tales.

En caso de ser afectados, es recomendable recurrir a las instancias judiciales pertinentes.

A su vez, las autoridades en estos ámbitos deben asumir un rol activo y considerar que aparecen señales que muestran que es necesaria una mejora en la regulación a actores que administran dineros de terceros y que hoy presentan algunos déficit en su fiscalización, cuando son entes privados.

Por último, en materia de sanciones, hay que tener en cuenta la reforma que viene al Código Penal. Esta puede ser una buena oportunidad para promover cambios que vayan en favor de las víctimas. Por ejemplo, que los castigos por delitos económicos tiendan hacia penas más rigurosas y efectivas, cuando los culpables no reparen o, al menos lo intenten en forma real, el daño causado a las víctimas.

En tal sentido, más allá de las discusiones técnicas que deben librarse todavía, es interesante que se haya expresado la intención de incorporar en el nuevo código punitivo delitos tipificados en legislaciones de otros países.

Por ejemplo, debieran considerarse perfeccionamientos en los llamados delitos societarios o en la administración desleal de un patrimonio, que no es lo mismo que la apropiación indebida, la cual en Chile está restringida y exige una serie de requisitos para que se configure.