En los últimos años varios empresarios y ejecutivos han debido enfrentar en los tribunales acusaciones de diversa índole: uso de información privilegiada, emisión de facturas ideológicamente falsas, estafas y manipulación del mercado, entre otros delitos.
Uno de los últimos casos es el que ha protagonizado Gabriel Urenda, fundador del desaparecido grupo Intervalores, quien hace un par de semanas quedó con prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía por los delitos de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida.
En ese contexto, datos consignados en el Boletín Estadístico del tercer trimestre que publicó recientemente el Ministerio Público, dan cuenta de un incremento importante de los delitos económicos y tributarios.
El documento constata que entre enero y septiembre de 2018, las causas ingresadas al sistema por este tipo de ilícitos ascendieron a 86.936, lo que equivale a un incremento de 18,6% en relación a lo registrado en igual período del año pasado.
"Hemos podido advertir que las causas son multifactoriales y derivan de un aumento en las denuncias por parte de las víctimas, cambios en la percepción ciudadana respecto de lo que debemos considerar como un ilícito económico, un mayor conocimiento de los actores del sistema (Policías/Fiscalía/Poder Judicial) para desarrollar este tipo de investigaciones, mayor cantidad de recursos asignados, entre otros múltiples factores", explicó a PULSO el director de la Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), Mauricio Fernández.
Una visión similar entregó el abogado Gonzalo de la Cerda, ex fiscal coordinador de delitos económicos de la Fiscalía de Las Condes.
Entre otras razones, argumentó que "hoy en día hay menos tolerancia a prácticas que antes eran usuales, toleradas e incluso aceptadas por distintos organismos del Estado y que hoy derechamente son motivo de acciones penales.
Además, estos ilícitos 'están de moda' desde las estafas piramidales en adelante, por lo que ha habido más entusiasmo de la gente por recurrir a la justicia penal".
De este modo, se confirma la tendencia que venía dándose en los años previos, pues entre 2014 y 2017 este tipo de ilícitos se elevó 44%.
Casos terminados
El informe también consigna que los casos terminados por esta clase de delitos llegó a 92.506 a fines de septiembre, subiendo 13% frente a igual lapso de 2017. En ese contexto, 3.211 de ellos recibieron condenas, lo que implica tan sólo el 3,5% del total, aunque es un poco más alto que el 3,1% de los casos que finalizaron con condenas al tercer trimestre del año anterior (ver tabla).
Y la forma más utilizada para dar término a las causas fue archivarlas provisionalmente, totalizando 57.714 casos, es decir, un 62,4% del total. Lo anterior va en línea con lo observado en el mismo período del año previo, donde se archivó provisionalmente el 63% de las causas.
Según Gonzalo de la Cerda, esta última tendencia se daría por tres razones: Muchos casos no tienen buen destino porque son temas civiles o falta prueba que no es posible obtener y la Fiscalía prefiere cerrarlo a arriesgarse a una absolución.
Hay querellantes y/o víctimas que no aportan pruebas o son derechamente negligentes. Y se dan investigaciones mal llevadas por Fiscales poco comprometidos o derechamente negligentes.
