Un duro enfrentamiento es el que mantiene hoy la principal organización astronómica intergubernamental de Europa con el Servicio de Impuestos Internos (SII). El pasado 24 de enero, European Southern Observatory (ESO) -que en Chile opera en los Centros de Observación La Silla, Paranal, Chajnantour, además de ser el desarrollador de ALMA- interpuso un recurso de casación contra una serie de resoluciones adversas por el cobro de en torno a $ 700 millones en impuestos.

Según se lee en la acción judicial, ESO -al igual que otros observatorios internacionales- se constituyen como entidades sin fines de lucro que operan bajo un estatus especial, que incluye un tratamiento diferenciado en materia tributaria, bajo el cual están exentos al pago de IVA y del impuesto a la Renta. Pese a ello -reclaman- el SII se ha negado a devolverles $ 668 millones asociados a IVA. Explican que para desarrollar el proyecto ALMA, ESO contrató a un consorcio de empresas europeas, asociadas en una misma entidad, la alemana MT Mechatronics GBMH. En virtud de este acuerdo, dicha firma -por cuenta y riesgo de ESO- podía contratar a terceros para hacer el desarrollo en Chile. A partir de ello, MT Mechatronics facturó en Alemania a ESO por el total de servicios prestados, en el que se incluía el IVA pagado en Chile que se había generado al pagarles a las empresas subcontratadas para el desarrollo de ALMA. ESO -señala- soportó económicamente ese IVA, ascendente a $ 668.017.236.

El 15 de septiembre de 2011, la compañía presentó la solicitud de devolución por esa suma, lo que el SII rechazó.

En 2012 se interpuso una reclamación tributaria ante el director regional Santiago Oriente del Servicio, quien concluyó que ESO no había aportado todos los antecedentes que acreditaran el hecho de que tales facturas decían relación con el desarrollo del proyecto.

Finalmente, el 2014, ESO llegó ante Tribunales Aduaneros. La compañía alega que esta instancia decidió fallar sin recibir la causa a prueba como pedía ESO. Tras un nuevo revés, fueron a la Corte de Apelaciones, que reafirmó la sentencia a comienzos de 2018. Tal escenario llevó a que la pugna escalara a la Corte Suprema.