Desarrolladores inmobiliarios en picada contra Jorge Bermúdez por invalidación de permisos de edificación en Estación Central

En medio del seminario "Industria Inmobiliaria: conflicto y nuevas tendencias", organizado por la consultora Imaginaccion, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, criticó a la Contraloría en el marco del litigio que enfrenta a las inmobiliarias con el órgano que dirige Jorge Bermúdez por la edificación de nuevas torres de viviendas en Estación Central.

"El problema es una revisión del contralor de normas bastante básicas del derecho que son la buena fe y lo excepcional que es la aplicación retroactiva de cualquier decisión. La buena fe es un principio jurídico y por lo tanto si las personas han obtenido de buena fe un permiso de edificación, han construido conforme a ese permiso y piden una recepción", dijo Domínguez a PULSO.

El expresidente de EFE afirmó que la Contraloría no puede por un acto administrativo decir 'me equivoque en otorgar el permiso'.

"No puede dañarlo y eso no lo está comprendiendo el Contralor, no está entendiendo el impacto que tiene para la persona común. Él podrá tener todas las razones de aspecto legal, lo que él quiera, pero aquí hay algo fundamental que es el principio de buena fe", sostuvo.

Cabe recordar varias inmobiliarias presentaron acciones judiciales en contra de un dictamen de la Contraloría que invalidó los permisos de edificación de proyectos aprobados con edificación continua.

Sin embargo, el contralor desestimó una a una las acusaciones de las empresas, argumentando que un acto administrativo "ilegal" no puede generar derechos adquiridos. Pero Domínguez no está para nada de acuerdo. El titular de ADI dijo que incluso si la administración se equivocó en entregar el permiso ("porque aplicó una interpretación que no correspondía"), no se puede culpar al que obtuvo el permiso.

"Tiene que decir 'de ahora en adelante, usted aplique la norma como yo le estoy diciendo porque usted está equivocado', (…) pero no puede estar dañando a las personas que obtuvieron la decisión anterior", afirmó.

Domínguez sostuvo que la Contraloría históricamente aplicó el principio de buena fe y la no retroactividad. "Siempre fue así. Sin embargo, ahora lo cambian con todo el daño que se está produciendo y es un daño que no tiene ningún valor agregado para nadie, no gana nadie".

La Controlaría salió al paso de la críticas de Domínguez y afirmó a PULSO que se ha limitado a ejercer el rol que la Constitución y la ley le asignan, "es decir, definir el sentido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias".

Además agregan que "la norma en materia urbanística ha generado diversas interpretaciones entre los organismos involucrados: Ministerio de Vivienda, Dirección de Obras, municipios, Poder Judicial y la Contraloría, entre otros. Por lo tanto, la solución a la supuesta controversia es adecuar la normativa urbanística, en particular la ordenanza general de urbanismo y construcción, además de dictar los planes reguladores pendientes".

La entidad fiscalizadora también afirma que de parte de ellos siempre ha existido una voluntad al dialogo para llegar a un acuerdo entre las partes y utilizaron el caso del Costanera Center como ejemplo de que por medio de los acuerdos se estableció el tipo de obras de mitigación necesarias para su apertura.

Desde la institución liderada por Bermúdez agregaron que han "tomado razón de diversas contrataciones que favorecen la inversión pública y al mismo tiempo ha capacitado a los seremis de vivienda en materia urbanística a fin de evitar errores en la aplicación de la normativa".