Este domingo se instaló la Convención Constitucional que elaborará una nueva Constitución en un plazo máximo de un año. En medio de este contexto, y en consideración que son varios los temas que se pondrán sobre la mesa, las grandes mineras que operan en Chile, elaboraron sus propuestas para la nueva Carta Fundamental, que incluye el desarrollo sostenible y que parte de los impuestos queden en las regiones donde operan las empresas.

“El concepto de desarrollo sostenible, definido por la ONU tiene tres pilares fundamentales: crecimiento económico, desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Cuando falla alguno de estos tres, la verdad es que el desarrollo en el mediano y largo plazo no es sustentable. El justo equilibrio entre estos tres elementos es el que permite que Chile pueda seguir desarrollándose y ser un país próspero para las próximas generaciones, por lo tanto nos parece relevante que se consagre como principio fundamental y como una de las características de esta nueva Constitución”, dijo el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

En cuánto a los impuestos señalaron que resultaría deseable que se explicitara en la nueva Constitución la posibilidad de que una parte de los tributos pagados por las empresas puedan destinarse a las regiones donde éstas operan. “Chile tiene una deuda con las regiones mineras que debe solucionarse. Los recursos que capta el Fisco, provenientes del sector, deberían quedar en las regiones donde se generan”, señaló Villarino.

Otros de los aspectos que abordaron en un documento de varias páginas, sostiene que la nueva Carta Magna debería considerar el derecho a desarrollar actividades económicas, las que estarán sometidas a la misma legislación, sea que las lleven a cabo los particulares o el Estado, la no discriminación arbitraria en materia económica, el derecho de propiedad sobre bienes, sean corporales o incorporales; con reglas de expropiación que contemplen una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, así como que los proyectos de ley que tengan relación con tributos y exenciones sean de exclusividad del Presidente de la República, entre otros puntos.

En cuánto al proyecto de Royalty que actualmente se discute en el Congreso, y cuyo debate está instalado en el Senado, desde el Consejo Minero indicaron que ya existe una regalía minera desde 2005 en el país, y sostuvieron que “una carga tributaria sectorial que excede un cierto nivel hoy, puede tener impacto en su actividad futura y consiguientemente en su monto de transferencias al Estado. Sin duda la carga tributaria es un factor de competitividad significativo en una industria en que las grandes compañías multinacionales pueden elegir en qué países desarrollar sus proyectos, con la limitante geológica obvia”.

Asimismo añadieron que “al menos para la actividad minera, en la práctica ya existe en Chile una regalía, aunque ésta se llame impuesto. La fuerza de este hecho parece demostrar que no es necesario incluir en la Constitución una facultad expresa para que el Estado pueda imponer gravámenes de este tipo. También como conclusión, ya sea que la regalía esté en la Constitución o en la ley, estimamos que su diseño debe considerar los costos de las etapas productivas que permiten dar valor a los minerales”.