En años recientes la política fiscal chilena ha estado expuesta a una serie de desbalances que han llevado al país a empeorar su indicador de Balance Estructural (BE), pasando de -0,5% del PIB el año 2013, a -2,0% el 2017. Por esto, son excelentes noticias que en 2018 la política fiscal implementada por el gobierno haya logrado reducir sustantivamente este déficit, llevándolo a -1,5% del PIB.
El BE es solo uno de varios indicadores que deben ser considerados al momento de evaluar la situación fiscal. Otros indicadores relevantes son el déficit efectivo y la deuda bruta. En particular, la deuda bruta como porcentaje del PIB, como recomienda el FMI, puede ser usada como un stock ancla para evaluar la sustentabilidad fiscal de mediano plazo del país.
Esta visión es consistente con la adoptada por las clasificadoras de riesgo. El trabajo "Do Fiscal Imbalances Deteriorate Sovereign Debt Ratings?" (Afonso y Gomes, 2011), que utiliza estimaciones de deuda soberana para países de la Ocde por parte de Fitch, Moody's y Standard & Poor's, estima que la importancia de la deuda pública y el déficit fiscal para explicar el deterioro de las calificaciones soberanas va entre el 50% y el 120% de la reducción de la solvencia crediticia durante el período 2010-2012.
Sólo en 2017 el déficit efectivo del gobierno alcanzó a -2,8% del PIB, lo que significa que Chile gastó aproximadamente US$7.600 millones más de lo que recibió vía ingresos ese mismo año. La buena noticia es que para 2018 el déficit fiscal mejoró considerablemente, al llegar a -1,7% del PIB, lo que implicó un déficit de US$4.900 millones, es decir una reducción de 35%.
Aunque la disminución del déficit efectivo logró -en parte- frenar la tasa de crecimiento que ha mostrado la deuda bruta en los últimos años (que pasó de 23,4% del PIB en 2017 a 25,6% del PIB en 2018) una mayor reducción es todavía un desafío pendiente para el país, sobre todo con miras a recuperar la calificación crediticia soberana de Chile tras los recortes de Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's.
Es en este contexto que las medidas de contención de gastos y la modernización tributaria impulsadas por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera son clave para recuperar la calificación crediticia soberana de Chile. Esto implica que como país debemos hacer un esfuerzo mancomunado por ponernos de acuerdo en cómo modernizar el sistema impositivo y trabajar para lograr un Estado más eficiente, que cumpla con sus importantes funciones, sin incurrir en gastos que van más allá de sus posibilidades financieras.