Desigualdad de Chile se reduce casi a la mitad si se incorpora gasto público en salud y educación

La desigualdad se ha establecido como uno de los principales factores que detonaron el estallido ciudadano del 18 de octubre, instalando con esto el debate sobre esta variable. En este contexto, un informe de Libertad y Desarrollo muestra que las distintas mediciones de brecha económica entre las personas de mayores y menores ingresos han disminuido, pero si se incorporan otros componentes de gasto social del Estado, la situación mejora considerablemente. Por lo tanto, concluye que el Estado es efectivo en disminuir la desigualdad y, en lugar de subir impuestos, proponen mejorar la prestación del servicio entregado por el Estado.

Las mediciones más comunes son el coeficiente de Gini y la razón entre la suma de ingresos del 10% (o 20%) más rico sobre el 10% (o 20%) más pobre, conocido como índice 10/10 o 20/20. Mientras que los ingresos considerados en la medición son los contemplados en la Encuesta Casen, que implica información autorreportada por los hogares sobre los ingresos del trabajo de sus miembros, rentas, pensiones, así como también subsidios otorgados por el Estado.

El documento destaca que las distintas mediciones de desigualdad han disminuido desde 1990 a la fecha, aunque en las últimas dos mediciones se percibió un estancamiento. Así, el coeficiente de Gini (donde cero es perfecta igualdad y 1 es perfecta desigualdad) ascendía a 0,57 puntos en 1990, mientras que en 2017 disminuyó a 0,466 puntos cuando se mide la desigualdad de ingresos monetarios. Esto ubica a Chile entre los más desiguales frente a países desarrollados, sin embargo en América Latina es el mejor ubicado.

No obstante, LYD explica que dado que las medidas de desigualdad "sólo se calculan a partir de los ingresos monetarios, tienen la limitación de excluir gran parte de la redistribución que el Estado efectúa a través de otro tipo de gastos, como subvenciones escolares, becas y gratuidad en educación, programas de alimentación y atenciones de salud púbica, entre otros". Así, al "corregir" los datos por el gasto público en salud y educación, "encontramos que, en términos cuantitativos, el Estado en Chile sí está contribuyendo a reducir la desigualdad en forma significativa". Así, frente al Gini que incluye sólo ingresos autónomos cae 11 puntos (22%) y el índice 20/20 se reduce casi a la mitad. Y también anota una fuerte caída al compararlos con las mediciones que incluyen los ingresos monetarios (ver gráficos).

Calidad de los servicios

Pese a estos números, la sensación es que aún existe una amplia brecha entre los ciudadanos que reciben el beneficio de educación y salud pública, y quienes pueden acceder a los servicios privados. El documento califica esto como una menor satisfacción del primer grupo de personas con el servicio prestado. "Prueba de ello es la cada vez menor preferencia de las familias por la educación pública y la percepción de malos tratos en los servicios de salud, transporte público y oficinas de servicios públicos, los que se atribuyen en gran medida a los propios funcionarios del Estado (PNUD 2017)", sostiene el documento. Así, concluye que para disminuir la sensación de desigualdad en la población se requiere mejorar la calidad y la atención en los servicios públicos y financiados por el Estado: "Mientras ello no se haga, la redistribución que ya se está realizando no será suficientemente valorada. Asimismo, el aumento de la recaudación y del gasto no generará una percepción de mayor igualdad (...) La reducción de la desigualdad no pasa meramente por el cobro de mayores tributos que puedan dañar el crecimiento económico, y por consiguiente los ingresos autónomos, que son la principal fuente de progreso de las familias".