Un complejo escenario se está configurando para el despacho del proyecto de reajuste del sector público luego que los trabajadores de esta área acusaran al gobierno de no cumplir parte del acuerdo suscrito, al despedir a más de 2 mil funcionarios de la administración pública.

Por esta razón, la asamblea de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), reunida ayer, convocó a un paro del sector público para mañana jueves. Y ya están en conversación con los parlamentarios de oposición con quienes se juntaron el lunes para coordinar los pasos a seguir con el proyecto que se vería con discusión inmediata la próxima semana.

"Vamos a ponernos a disposición de lo que los trabajadores pidan. No logro entender que el gobierno desaproveche una oportunidad como ésta de llegar a acuerdo, que muy pocas veces ocurre.

La empañan con esta medida que se siente como un engaño", indicó el diputado Tucapel Jiménez (PPD).

Dentro del acuerdo de un reajuste de 3,5% se concordó que las desvinculaciones de fin de año se realizarían en base a criterios objetivos de desempeño, plasmados en la circular 21.

"Atendiendo los 2 mil despidos creemos que se están vulnerando los acuerdos alcanzados la semana recién pasada con los ministros de Hacienda y Trabajo que dieron cuenta del compromiso explícito de contar con normas objetivas para la renovación de contratos.

La Anef ha definido la convocatoria a paro nacional para el jueves para terminar con la razzia que desde marzo se ha venido desarrollando con 2.700 despidos a octubre, y los 2 mil de estas dos últimas semanas", indicó el presidente de la Anef, Carlos Insunza.

hasta Reforma Tributaria. El diputado Daniel Núñez (PC) explicó que el lunes probablemente se analizará el proyecto de reajuste en la Comisión de Hacienda y el martes se votaría en sala después de las 20:00 horas, tras la interpelación al ministro del Interior Andrés Chadwick.

"Estamos barajando distintas opciones, como rechazar alguna norma o articulo específico del proyecto para presionar al gobierno y que termine y reintegre los despidos arbitrarios que tienen visos de persecución política", acotó.

Mientras que desde la DC, el diputado Raúl Soto recalcó que tienen claro su camino: "La posición de la DC es que no vamos a aprobar el proyecto de reajuste como una señal clara de nuestro malestar por la desidia del gobierno al despedir tanta gente en el sector público".

En tanto en el Frente Amplio, están evaluando. "Queremos tener una respuesta de los mismos funcionarios y tomar una decisión en conjunto. Acá las confianzas se han visto muy dañadas porque el mismo gobierno nos aseguró que no habrían despidos masivos cuando se lo preguntamos en la tramitación del proyecto de presupuesto", indicó la diputada Gael Yeomans.

A las confianzas también se refirió el jefe de la bancada socialista, Manuel Monsalve: "El gobierno no es capaz de cumplir su propia palabra. Nuestra bancada no va a concurrir a validar un acuerdo que fue roto por el gobierno, no por los trabajadores. Si el gobierno insiste, va a tensionar las relaciones con la oposición, está poniendo en riesgo no sólo el reajuste sino que también su reforma tributaria".