Destino del 6% genera los primeros desencuentros políticos y las AFP califican reforma de “un retroceso”

El gobierno entregó los lineamientos generales de la reforma previsional. En lo central, se propone una nueva cotización de 6% con cargo a los empleadores, subiendo un punto porcentual por año en un plazo de 6 años para ayudar a que las empresas se vayan adaptando.

Asimismo, se propone el fin del modelo de las AFP, a través de una reorganización de la industria previsional en el pilar contributivo, para mejorar su eficiencia. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir los fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. El actual 10% que se cotiza, más un 0,5%, se mantendrá, tanto en el stock como en el flujo, como capitalización individual.

Entre los parlamentarios hubo distintas visiones. Si bien en general la oposición criticó gran parte del proyecto, destacaron algunos puntos.

La iniciativa se comenzará a discutir en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y su presidente, Alberto Undurraga (DC), anticipó que espera empezar la tramitación de la reforma de pensiones la próxima semana. Para el legislador, “como primera impresión del proyecto, en lo conceptual recoge lo que planteamos, que era que la propuesta tuviera solidaridad, financiamiento tripartito gradual, libre elección en componente individual, separación de roles de inversión y administración”.

Mientras que su par del Senado, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), si bien dijo que es “una buena noticia la creación de una suerte de AFP estatal o ente público como alternativa a los privados, porque importa que la gente pueda elegir”, añadió que “no está de acuerdo con el Fondo Común, ya que la ciudadanía ha reforzado su preferencia respecto a que la plata es de los trabajadores y que el 6% debe ir a cuentas individuales, no nocionales, ni registro numérico”. Ahora bien, en cuanto a los cambios en la industria, el legislador sostuvo que espera ver “la propuesta en mayor detalle, ya que aún me parece muy general. Espero ver qué llega al Senado de la discusión en la Cámara”.

En tanto, el senador José García Ruminot (RN) afirmó que “es muy lamentable que la reforma anunciada haga oído sordos de lo que quieren muy mayoritariamente los trabajadores, llevando la mayor cotización a un fondo común y no a las cuentas de capitalización individual. Con todo, tenemos la responsabilidad de analizarla detalladamente y resolver las distintas materias , conforme a su mérito”.

Otro que criticó el proyecto fue el diputado RN Miguel Mellado. “Las personas podrán ver sus fondos, pero no serán suyos. Me parece que le están vendiendo una película a las personas. Para lo que presentaron hoy no estarán los votos para aprobarlo. Hay que ver los detalles”.

Por su parte, en el oficialismo, Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social, calificó como “robusto” el proyecto de reforma de pensiones. “Llevamos más de una década discutiendo un cambio estructural a las AFP y esta propuesta busca tener seguridad social”, indicó. La diputada agregó que “como Frente Amplio hacemos un llamado a tener un debate abierto en el Congreso. Que se escuchen los argumentos técnicos y políticos, y que no se condicione el apoyo de antemano en base a prejuicios ideológicos defendiendo el actual modelo”.

Desde la industria, Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, afirmó que “la reforma previsional propuesta por el gobierno es un retroceso respecto a lo que espera la ciudadanía. Las personas han sido claras en señalar que desean mantener la libertad de elección y la capitalización individual para la nueva cotización, porque entienden que ese 6% les pertenece, que es producto de su trabajo y que, como tal, les permitirá aumentar su ahorro futuro”.

Entre los técnicos tampoco hay una sola mirada. Algunos afirman que faltaron medidas como el aumento de la edad de jubilar y contra la informalidad laboral, mientras que otros apoyaron los ejes centrales de la propuesta, como el hecho de que el 6% se vaya a un fondo común y que se eliminen las AFP, pero no las gestoras de fondos.

Para la experta en pensiones, Paula Benavides, “los anuncios, en líneas generales, me parecen una base positiva para iniciar esa discusión con apertura al diálogo y flexibilidad. En este tema, el país requiere un diálogo colaborativo de parte todos los sectores, de forma de mejorar aquellos temas donde exista espacio para hacerlo y de dar cabida a la construcción de amplios acuerdos. Falta también conocer los detalles de la reforma que, en un tema complejo como las pensiones, son esenciales”.

En cambio, el economista y asesor de empresas, Bernardo Fontaine, entregó una mirada crítica: “Dando la espalda a la ciudadanía, el gobierno anuncia una reforma de pensiones que no respeta la propiedad de las cotizaciones y obliga a los trabajadores a atenderse con el mal servicio de un monopolio estatal. ¿Y todo para mejorar las pensiones? No, para decir fin a las AFP”.

A su vez, Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, señaló que “las dos causas más importantes que explican las bajas pensiones no han sido consideradas en esta propuesta: la informalidad laboral y la edad de jubilación, que tampoco se cambia”.

En la otra vereda Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile, indicó que “la reforma va en la dirección correcta”. El economista resaltó lo hecho en la administración de fondos, ya que “lo que se acaban son las AFP, no la gestión privada de fondos, que eso es lo realmente relevante, que esté diversificada a través del sistema financiero con muchos actores de distinto tipo”.

MIentras que Salvador Valdés, senior fellow de la Escuela de Negocios UAI, argumentó que “con el empleo de calidad en disminución, es prioritario postergar el aumento de 6 puntos porcentuales en el tributo sobre los empleos con seguridad social”.

Finalmente para Bettina Horst, directora ejecutiva de LyD, “el gobierno ha propuesto una reforma de pensiones que busca la redistribución de los recursos entre los propios trabajadores, sin hacerse cargo de los problemas más estructurales de nuestro sistema de pensiones, como es la edad de jubilación que ha permanecido constante desde 1980, a pesar de haber aumentado la expectativa de vida de hombres y mujeres, y sin medidas que fomenten la formalidad laboral y con ello un mayor ahorro para la pensión”.