Durante el primer semestre de 2024, los pasivos de empresas en reorganización concursal sumaron US$926 millones, reflejando un alza del 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron US$672 millones. Este es el nivel más alto desde la implementación de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento hace nueve años.

El decimotercer Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), elaborado por Fix Partners Advisors, revela que la economía chilena sigue en un proceso de ajuste macroeconómico con condiciones desafiantes para las empresas locales. “Con un consumo débil, condiciones de crédito restrictivas, tasas de mediano plazo persistentemente altas y un riesgo geopolítico que genera mucha incertidumbre”, detalló el informe.

Ernesto Solís, socio de Fix Partners Advisors, destacó que durante el primer semestre de 2024, el caso de Enjoy es significativo, ya que entró por segunda vez en un proceso de reorganización concursal con una deuda de $321 mil millones. Este caso demuestra que la ley permite a los deudores utilizar nuevamente un mecanismo concursal para reestructurar sus pasivos.

El informe señala que algunos sectores han sido estructuralmente afectados desde 2020. Los sectores de construcción, agrícola, consumo y ciertos servicios han experimentado la mayor cantidad de procesos concursales desde entonces. Un sector especialmente complicado es el de la salud, tanto a nivel de aseguradoras como de prestadores, aunque casi no se han iniciado procesos concursales en esta industria. La pregunta relevante es si este sector tiene condiciones de viabilidad a largo plazo, ya que podrían iniciarse procesos concursales en el futuro.

Las principales industrias sometidas a Acuerdos de Reorganización Judicial (ARJ) son: entretenimiento (Enjoy), agrícola (Chisa y Agrícola Arroyo) y minería (Sierra Atacama).

Solís comentó que la última modificación a la Ley 20.720 buscaba facilitar el acceso a los procesos de reorganización judicial para empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, nueve meses después de la entrada en vigor de la ley, los registros indican que este segmento de empresas no ha podido acceder a dichos procesos. Al primer semestre de 2024, el número de casos de ARJ alcanzó 17 procesos, frente a 20 del año anterior. Es fundamental entender por qué las empresas pequeñas no utilizan este mecanismo de reestructuración de pasivos.

Consultado sobre recomendaciones para empresarios que enfrentan momentos complicados en materia económica, Solís respondió:

“Hay dos tipos de recomendaciones: una a nivel del sistema concursal chileno y otra a nivel de empresas. Respecto al sistema concursal chileno, se ha avanzado mucho desde la promulgación de la Ley 20.720 en 2014. Sin embargo, siguen existiendo elementos por mejorar. En Chile tenemos un alto nivel de profesionales de insolvencia (abogados, contadores, consultores), pero no tenemos un mercado de financiamiento para empresas en insolvencia. Por ejemplo, en USA existe el financiamiento tipo DIP financing, que permite a inversionistas financiar empresas una vez que entran en un proceso concursal. Existen fondos especializados que entienden los riesgos y ajustan por riesgo los créditos que entregan. En Chile se hizo un perfeccionamiento del proceso DIP en la última modificación, generando algún interés de inversionistas y resistencia de la banca. Hay que seguir desarrollando ese mercado”.

Algunas sugerencias útiles para los empresarios, indican, son: entender bien la viabilidad del negocio; muchos empresarios tienen un vínculo emocional con el negocio que les hace perder de vista si realmente tiene oportunidad de crear valor; buscar ayuda anticipada, ya que muchas veces las empresas llegan muy deterioradas en busca de consejo profesional, y mientras más tarde, menos probabilidad hay de rescatar el negocio en distress; gestionar el crecimiento del negocio, ya que el principal factor que explica el estado de insolvencia de las empresas es un crecimiento mal ejecutado, exceso de deuda, falta de capital y sobreexpectativas en las ventas.