El octavo Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), trabajo conjunto de Fix Partners Advisors, Castañeda Abogados y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), arrojó que durante el primer trimestre el monto de deuda reestructurada por empresas en insolvencia fue 434% mayor que en igual período de 2022.

Según el documento, en los primeros tres meses de 2023 los pasivos de las empresas que se acogieron a un Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) bajo la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento sumaron $171 mil millones, mientras que en el mismo lapso del año pasado dicho monto llegó a $32 mil millones.

Según Ernesto Solís, CEO de Fix Partners Advisors, “la deuda reestructurada creció (en tal magnitud) por un aumento en el número de casos ARJ, los que durante el primer trimestre de este año llegaron a 13, mientras en igual periodo del año pasado fueron sólo tres”. Además, sostuvo que “siguen condiciones muy complejas en la economía afectada por la inflación, las tasas de interés, los costos de materias primas y los costos logísticos, etc.”.

Por otro lado, según el estudio uno de los factores que también influyó en el alza fue la reorganización de la cadena de pizzas Papa John’s, operada por PJ Chile SpA. En efecto, sus $62 mil millones representaron un 37% de la deuda reestructurada de este primer trimestre. Luego le siguen Patio Riesco SpA y Tamm Services, con pasivos por $32.800 millones y $20.200 millones, respectivamente.

La deuda promedio reestructurada en enero-marzo fue de $13.200 millones, versus los $24.400 millones del trimestre anterior.

Las principales industrias que entraron en Acuerdo de Reorganización Judicial en el primer trimestre de 2023 fueron construcción y actividades inmobiliarias, agrícola y comercial al por mayor y por menor.

“Los casos de ARJ se siguen concentrando en tres sectores de la economía: retail, construcción y agrícola. Son sectores muy sensibles tanto por su estructura de costos (intensivos en mano de obra, impacto del tipo de cambio, costos logísticos, costos de materias primas, etc), como por su nivel de ingresos, directamente asociado a la capacidad de consumo de las personas. En efecto, con una inflación que sigue en doble dígito, con tasas de interés altas y con expectativas mediocres de empleo e inversión, es evidente que hay un grupo de empresas muy expuestas a estas condiciones, lo que genera situaciones de iliquidez y posible casos de insolvencia”, añadió Solís.

“Este aumento de casos de ARJ era algo que veníamos prediciendo. Las condiciones económicas han empeorado el 2023 vs. el 2022. Respecto de la serie de datos, si uno revisa la información se observa un comportamiento cíclico de los casos de ARJ. De los últimos ocho años, en seis años se produce un peak de casos en el segundo semestre y solo en dos años en el primer semestre”, señaló Solís.

Indicó que esto último es una mala noticia, porque “si proyectamos la serie, podríamos tener un mayor número de casos para el segundo semestre. Tal vez una hipótesis de este comportamiento es que las empresas intentan reestructurar intensivamente sus pasivos desde el segundo trimestre de cada año, ya que enero y febrero son meses difíciles de coordinar reuniones con acreedores, proveedores, etc. Después de un periodo de negociación que varía entre tres y seis meses, la firma o se ha reestructurado, o tiene que entrar en un proceso de ARJ para intentar rescatar la empresa”.

Por otro lado, Solís enfatizó que “es muy importante que los empresarios evalúen la real situación financiera de la empresa”.

Por ejemplo, “uno de los efectos colaterales que se generaron con los créditos Fogape, es que se entregó financiamiento a empresas que no eran viables. Es muy difícil para un banco poder tener simetría de información de un deudor para evaluar la real capacidad de pago de la empresa. Estas empresas, que se llaman ‘empresas zombies’, en rigor no son empresas que se puedan reestructurar. En ese caso, es mejor que se tome la decisión de liquidación de la firma. Es una decisión extraordinariamente difícil para los dueños, quienes siguen invirtiendo tiempo y recursos al intentar salvarla”.

“Después de una muy buena gestión del superintendente de Insolvencia, se está por promulgar una modificación a la ley 20.720. Es un buen trabajo en intentar incentivar a que las empresas de menor tamaño se pueden acoger a una ARJ. Tal vez lo que le sigue faltando a la norma chilena son los incentivos a que nuevos inversionistas financien empresas en una ARJ. Esto en la ley de quiebras de EE.UU. se llama post-petition financing”, añadió.

A su juicio, “en general en Chile lo que se da es que el fresh money que se entrega lo hacen los pre-pretition claimers, con la intención de dejar in the money a la empresa, y así aumentar su tasa de recuperación de los créditos”, concluyó.