Un golpe prácticamente definitivo le asestó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la empresa Latin American Wings (LAW), luego que este organismo decidiera rechazar la solicitud que había presentado la aerolínea nacional para recuperar su permiso de operación en Chile.

Esto, pues ya en marzo pasado la DGAC le había suspendido el certificado de operación aéreo (AOC), luego de la seria crisis de continuidad de servicio que enfrentó la compañía. La DGAC explicó, a través de un comunicado, que la acción es resultado de la auditoría integral efectuada a la aerolínea que "arrojó numerosos incumplimientos a la normativa aeronáutica".

Además la institución destacó que la compañía dejó de cumplir con los requisitos exigidos por dicha autoridad aeronáutica.

"Se detectó que esta empresa ha dejado de cumplir con los requisitos exigidos por esta autoridad aeronáutica, afectando la seguridad de las operaciones aéreas. Lamentamos los efectos que esta medida pueda tener en los usuarios y el público en general, pero es función de esta Dirección de Aeronáutica fiscalizar las actividades de la aviación civil, en resguardo de las personas y de los vuelos", señaló la entidad.

Esta decisión encendió de inmediato las alarmas en el directorio de la compañía, que desde hace un mes encabeza el economista Bernardo Javalquinto, quien se dedica a conectar a empresas con inversionistas de EE.UU. No obstante, la decisión dada a conocer ayer complicó todos los planes, pues no tiene sentido seguir funcionando como empresa sin contar con los permisos para volar, al menos desde o hacia Chile. Por ello, una de las opciones en evaluación es cerrar.

Vía judicial

Pero, previo a la decisión de la DGAC, la compañía había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra del organismo, acusando que la decisión de marzo, cuando se suspendió el permiso, fue ilegal y arbitraria.

En un documento presentado por LAW, se acusa que la DGAC nunca se habría referido a los requisitos que se habrían dejado de cumplir. Por otra parte, dice que "el general de Aviación Víctor Villalobos en su carácter de director general de la DGAC no tiene la facultad simplemente de suspender una AOC de esta forma, sin causa justificada, por una análisis superficial de antecedentes tales como una reestructuración de la empresa, estudios de rutas, o cese de la propia empresa en sus operaciones".

En otro documento ingresado el 5 de mayo, la compañía relata el "daño gravísimo" que ha significado para la empresa la suspensión de la licencia, como la pérdida de tres aeronaves recuperadas por los arrendadores, la no venta de sobre $5 mil millones cada mes, el no poder pagar a los 600 trabajadores de la firma".