La Dirección del Trabajo ha emitido tres dictámenes para regular o rayar la cancha entre los empleadores y trabajadores. Sin embargo, el de este jueves ha sido el que más controversia causó.

¿La razón? el organismo regulador estableció que el toque de queda o cuarentena son hechos fortuitos o de fuerza mayor, decretados por la autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria.

Por ello, se añade que resulta necesario concluir que exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. Esto es otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración por parte del empleador, y asistir a prestar los servicios convenidos por parte del trabajador.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que se concrete esta situación, debe necesariamente ser analizada por los tribunales ordinarios de justicia, quienes, en definitiva, son los encargados de dirimir cualquier controversia a este respecto.

No obstante, la DT deja claro que la suspensión de la relación laboral con motivo de la cuarentena, cordón sanitario o toque de queda, por ser considerados hechos de fuerza mayor o fortuitos, no significa necesariamente que se aplique como razón de despido.

Camila Jordan, directora del Trabajo (I) salió a defender el dictamen y dijo que la doctrina vigente es la histórica del servicio desde hace 25 años. “Se ha aplicado el mismo criterio en otras contingencia como el tsunami u otro tipo de catástrofes. La idea es promover la estabilidad del empleo y se promueve que las partes acuerden las formas de mantener el vínculo”.

Pese a que este dictamen busca interpretar la ley vigente generó bastante polémica. Para apaciguar las críticas, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se apuró al señalar que la ley de protección al empleo, que este jueves pasó su primera valla legislativa en el Senado, buscará solucionar este problema. Esto porque en caso que la relación laboral se suspenda, el trabajador si bien no recibirá ingresos de parte del empleador, sí los recibirá acogiéndose al beneficio del seguro de cesantía y mantendrá la relación laboral, es decir, la empresa deberá seguir pagando las cotizaciones de seguridad social. La ministra precisó que la ley será retroactiva. Con esto el Ejecutivo espera contener la ola de críticas que hubo durante el día.

Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo, señaló que “esto aplica en caso que la autoridad sanitaria determine la emergencia, en este caso cuarentena, porque si es la empresa la que decide cerrar por decisión propia, esto dictamen no corre, y la empresa debe seguir cumpliendo con sus obligaciones”.

Debate

El dictamen de la DT no pasó inadvertido y, al contrario, generó bastante controversia a nivel sindical y político. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalaron que “esta decisión administrativa del gobierno, deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea. Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, donde el riesgo de éxito o pérdida de un negocio es asumido por el empleador y no por los trabajadores, pretendiendo hacer pagar a ellos los efectos de la crisis”. Asimismo, subrayaron que “desde el punto estrictamente legal, rechazamos el hecho que se utilicen normas del Derecho Civil para intentar solucionar situaciones vinculadas al Derecho del Trabajo”.

En el mundo político el dictamen generó dudas y desde diversos sectores aparecieron voces rechazando sus disposiciones.

El presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC) vía twitter señaló que “en ninguna circunstancia, menos en ad portas de una crisis sanitaria y económica, se puede poner en duda la obligación de pagar remuneraciones. Que el director del Trabajo diga algo”.

Mientras que el vicepresidente del Senado, senador Rabindranath Quinteros (PS), acotó que “me parece increíble el dictamen de la DT, que no se condice con lo expresado por altas autoridades de gobierno respecto a las remuneraciones por cuarentena. Llamo al ministro del Interior a clarificar y rectificar este tema”. En tanto, la presidenta de RD, diputada Catalina Pérez cuestionó el dictamen, porque “deja en la completa indefensión a las familias chilenas. Desde el oficialismo, el senador José Manuel Ossandón se sumó a los reparos.