El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó la situación de Mina Invierno, cuyo directorio decidió paralizar la faena ubicada en Magallanes tras el revés que recibió hace dos semanas por parte del Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, que rechazó una solicitud para revertir una medida cautelar -vigente desde marzo- que le impedía tronaduras por impacto a los fósiles vegetales.
Al respecto Hernández sostuvo que la iniciativa, perteneciente a Empresas Copec y Ultramar (de los grupos Angelini y Von Appen, respectivamente), "habiendo cumplido con los requisitos legales y obtenidos los permisos correspondientes, ha sido objeto del inexplicable actuar del Tribunal Ambiental de Valdivia, que hoy mantiene en riesgo la viabilidad operacional y financiera del proyecto".
Asimismo indicó que "la decisión del tribunal de mantener la medida cautelar que le impide realizar tronaduras bajo 100 metros sobre el nivel del mar, está terminando por asfixiar a esta operación minera".
Hernández agregó que la resolución del Tribunal Ambiental levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera, en este caso en la Región de Magallanes, poniendo en peligro más de 1.000 empleos y la concreción de futuras inversiones.
"Se trata de un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios", sostuvo el presidente de Sonami.
De la misma forma, dijo que esta situación no solo genera un manto de dudas respecto de la imparcialidad de los miembros del tribunal sino que afecta a toda la nueva institucionalidad. "Aquí se está dañando el marco normativo medioambiental al afectar los actos administrativos emanados de otros organismos pertinentes y echar por la borda recursos tanto privados como públicos y años de tramitaciones para la obtención de los permisos", afirmó.
El presidente de Sonami hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso a actuar con coherencia en la búsqueda de un camino que permita fortalecer la certeza jurídica y generar las condiciones para el desarrollo de proyectos de calidad y contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.
