-Varias interrogantes abrió entre los parlamentarios opositores la decisión del gobierno de utilizar un decreto anterior para establecer la política de subsidios a la contratación. Por ello, la Comisión de Trabajo decidió invitar hoy al contralor Jorge Bermúdez para que explique el procedimiento.

Las dudas se expresaron ayer en la Comisión de Trabajo en palabras del diputado Gabriel Silber (DC): “Me causa una profunda extrañeza, pues este tipo de subsidios históricamente han tenido tramitación en el Congreso, y no vía decreto. He revisado todos los mecanismos de cómo se ha implementado este tipo de políticas y jamás había visto que fuera por decreto”. Se solicitó oficiar a la Dirección de Presupuestos, al Ministerio de Trabajo y a la Contraloría.

Inmediatamente, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) recordó que esta medida se realiza con cargo al Fondo Covid destinado a otorgarle flexibilidad al gobierno para actuar, lo cual fue refrendado por la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, presente en la instancia.

La secretaria de Estado manifestó su disposición a asistir hoy a la Comisión a exponer tanto el fondo como la forma en que operará este subsidio. “El decreto supremo número 28 es de 2011 y establecía una línea de subsidios enmarcado en una situación de catástrofe tras el terremoto 2010. Si el ordenamiento jurídico da la posibilidad de hacer algunas cosas por ley y otras por vía administrativa hay que usar las herramientas para hacerlo de la manera más eficiente”.

Asimismo, explicó que antes de formular el subsidio se reunieron con organizaciones de trabajadores y centros de estudio para diseñarlo, y recalcó que la Contraloría lo visó: “Tanto el decreto supremo que regula este subsidio, como la resolución que fue tomada razón por Contraloría y publicada en el Diario Oficial, está todo operativo. La Contraloría ya emitió su opinión”.

Más tarde la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) se reunió con Jorge Bermúdez quien expresó su disposición a acudir hoy a exponer a la Comisión, “el contralor se comprometió a revisar lo enviado por el gobierno, por eso me extraña que se haya tomado razón. Al parecer están pidiendo una ampliación de facultad a partir de un decreto del terremoto. Tenemos dudas respecto de la legalidad del procedimiento, porque son US$2 mil millones. Tengo la impresión de que la ministra se equivocó y no hay toma de razón, porque es una resolución exenta, por eso es bueno que el contralor diga lo que corresponde”.

Además, el diputado Gastón Saavedra (PS) sostuvo “el gobierno está buscando saltarse toda la institucionalidad y el control de la ley. Esa es una forma de proceder anómala”. Estas dudas no solo se limitaron a la Cámara, ya que el senador Ricardo Lagos (PPD) subrayó: “Vamos a estudiar si esta política pública de apoyo al empleo se tiene que llevar a cabo exclusivamente por vía administrativa, o si va a requerir del compromiso del Parlamento a través de un proyecto de ley”.