Diputados de la Comisión de Economía aprueban proyecto que extiende la prohibición de corte de servicios básicos

La Comisión de Economía de la Cámara de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala los proyectos refundidos que buscan extender por tercera vez la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, la que fijó medidas excepcionales para los usuarios de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, debido a la crisis generada por la pandemia.

La iniciativa, que entró en vigencia en agosto de 2020 y que vence el 7 de mayo, establece que las empresas no podrán realizar cortes por no pago de cuentas y permite a los clientes repactar las deudas, sin intereses ni multas, entre otras medidas.

El proyecto aprobado este jueves, y que fue iniciado en diversas mociones parlamentarias, extiende la vigencia hasta el 30 de noviembre.

La Ley de Servicios Básicos, que fue objeto de un intenso debate e incluso derivó en un veto presidencial, prohíbe el corte a: Usuarios residenciales o domiciliarios, Hospitales y centros de salud,Cárceles y recintos penitenciarios,Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores, Bomberos, Organizaciones sin fines de lucro, Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.

La comisión analizó las distintas fechas que se proponían y optó por la presentada por el diputado Miguel Mellado (RN) para extender este beneficio hasta el 30 de noviembre de 2021.

Asimismo, respaldaron una indicación presentada por el diputado Boris Barrera (PC) que amplía los beneficiarios del Registro Social de Hogares del 60% al 80%.

Una tercera medida del proyecto aprobado es, ampliar el plazo de 36 a 48 meses para el pago de las deudas.

Además se respaldó que, si cumplido el plazo indicado y aun encontrándose vigente la declaración de Estado de Excepción de Catástrofe por pandemia del Covid-19 declarado en decreto, dichos plazos se extenderán hasta 60 días después de terminado dicho Estado de Excepción.

En la jornada estuvo presente el subsecretario de Economía, Francisco López, quien se refirió al origen de este beneficio el año 2020 y cómo ha sido su desarrollo durante los últimos meses.

Aseguró que ninguna familia se quedará sin servicios por no pagar su cuenta.

En tanto el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, dio a conocer la evolución de las cifras de los convenios de clientes y la fiscalización para que operen de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley de Servicios Básicos.

Al respecto, señaló que la totalidad de convenios suscritos en la industria eléctrica son 178 mil. Un 60% de ellos se aprobaron en virtud del acuerdo voluntario suscrito por las empresas, previo a la vigencia de la ley. El 40% restante, 71 mil casos, fueron a partir de esta norma.

Añadió que al vincular estas cifras con los datos de morosidad que monitorea el organismo, en la situación previa a la pandemia, los morosos del sector eléctrico de clientes residenciales ascendían a 514.418, y 53.016 en el sector del gas de por red.

Lo anterior, enfatizó, demuestra que existía una base de morosidad no asociada a los efectos de la pandemia y que ya estaba en los saldos por cobrar.

En tanto, durante el periodo de pandemia, desde abril del año 2020 a la actualidad, el sector eléctrico ha incrementado la morosidad residencial en 168.912 clientes; lo que es relevante en consideración al número de convenios suscritos, que suman para estos efectos 173.071, indicó.

Es decir, son más convenios que la cantidad de morosos residenciales que agregó la pandemia.

Según las cifras, dijo, estos convenios han servido, incluso, para quienes venían con saldos anteriores al inicio de la pandemia. Por tanto a juicio de Ávila esta propuesta no es la medida que los ayudará a resolver su problema.

Un análisis, que según afirmó, se da en forma similar en el sector del gas.